El Gobierno exige a Arganda, Aranjuez y Valdemoro que implanten zonas de bajas emisiones

La Delegación del Gobierno en Madrid ha llamado al orden nuevamente a los tres municipios gobernados por el Partido Popular que se niegan a implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) exigida por la Ley de Cambio Climático española, Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro. Esta normativa obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes, como es el caso de estas tres localidades, a delimitar sus ZBE antes de 2023. Ya van con año y medio de retraso. En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno ha recordado que estos tres ayuntamientos se han negado públicamente a acatar la normativa a pesar de que, en caso de no hacerlo, podrían perder las ayudas estatales para el transporte público en 2025.

Estos tres municipios aún no se han planteado siquiera la elaboración de proyectos para presentar al Ministerio de Transportes. Ahora, el Gobierno vuelve a presionar a estos alcaldes con la alerta de que pueden perder los fondos destinados a desarrollar su red de transporte urbano, específicamente sus autobuses urbanos e interurbanos.

En un vídeo difundido a través de redes sociales, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha sentenciado: “En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley. Tampoco lo están los alcaldes de Aranjuez, Arganda y Valdemoro”. Martín ha pedido a estos ayuntamientos que “no penalicen doblemente a los vecinos”, por el empeoramiento de la calidad del aire y por la desaparición de las ayudas al transporte público.

En declaraciones de audio remitidas a este diario, el alcalde de Valdemoro, David Conde, ha respondido que el municipio está trabajando para implantar “la mejor zona de bajas emisiones posible”. El regidor se ha quejado de que en la anterior legislatura, con Sergio Parra, de Ciudadanos, al mando, “no se había hecho nada” para cumplir esa normativa. Conde, elegido alcalde en 2023, se ha referido a la ZBE como “una responsabilidad municipal” que acatarán y, de paso, también ha cargado contra el Gobierno central por no tomar medidas para mitigar los efectos de la A-4, según ha señalado, “el mayor generador de contaminación del municipio”.

Arganda de Rey no ha dado señales de querer, o al menos plantearse la idea, de establecer la zona restringida. En julio, en una entrevista con este diario, el alcalde Alberto Escribano, se negó rotundamente a la ZBE, con el argumento de que la ley es “imposible de cumplir” en este municipio porque no cuenta con vías alternativas para desviar el tráfico del centro urbano. Sin embargo, el anterior Gobierno municipal, del PSOE, demostró a través de un estudio que sí era viable.

Arganda, Aranjuez y Valdemoro no son los únicos rebeldes de España: al menos 13 de las 151 ciudades que están obligadas por ley a restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes aún no han presentado ningún trámite al respecto, según el registro del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue el último en Madrid poner en marcha su zona de bajas emisiones, y lo hizo a regañadientes, por “obligación”. El jueves 19 de septiembre, el alcalde, Javier Ubeda, también del PP, anunció a través de sus redes sociales que ese día entraba en vigor la ZBE de Boadilla, no sin antes recordar que la habían ejecutado porque “no tenían opción”. Aseguró que el Gobierno les había “amenazado” con dejarles fuera de las ayudas al transporte público si no cumplían, como ha ocurrido con los tres consistorios madrileños que faltan por acatar la ley.

Mientras estos tres únicos municipios madrileños aún no cuentan o no han empezado el proceso para crear las ZBE, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la ordenanza implantada en Madrid capital a petición de Vox. El Ayuntamiento, dirigido por el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que recurrirá la sentencia antes de que se cumplan los 30 días reglamentarios para hacerlo. Mientras, la zona de bajas emisiones se mantiene activa y se sigue sancionando a los que circulen con vehículos no habilitados por las áreas restringidas.