Trece ciudades “rebeldes” no arrancan sus zonas de bajas emisiones

La implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España está siendo un camino tortuoso. Un año y medio después de la obligación legal de que las 151 ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con una de estas áreas, el Ministerio para la Transición Ecológica tan solo tiene constancia de que hay 24 en funcionamiento, más de un centenar están en trámites, mientras que 13 ni siquiera han iniciado el proceso según el recuento oficial. “Son ciudades rebeldes que están retrasando todo lo posible la aplicación de la ley”, resumen Carmen Duce, coordinadora de la campaña Clean Cities. El departamento de Teresa Ribera ha enviado requerimientos de información a las 127 urbes y 11 islas que no cumplen todavía la Ley de Cambio Climático. Mientras, Transportes exigirá a los ayuntamientos tener ZBE en vigor en 2025 si quieren mantener las ayudas estatales al transporte público.

Las zonas de bajas emisiones son áreas, situadas normalmente en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe la circulación o el aparcamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. EL PAÍS ha preguntado a las 18 ciudades que en el anterior recuento —en septiembre de 2023— no habían empezado el proceso y ha constatado que cinco ya están en camino. Se trata de Tres Cantos y Coslada (Madrid), San Cristóbal de La Laguna y Granadilla de Abona (Tenerife) y Cerdanyola (Barcelona). Las otras 13 urbes siguen sin comunicar novedades al ministerio: Valdemoro, Arganda y Aranjuez (Madrid), Motril (Granada), Barakaldo (Bizkaia), Ferrol (A Coruña), San Lúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María (Cádiz), Calvià (Mallorca), Orihuela (Alicante), Telde (Gran Canaria), Mijas (Málaga) y Arona (Tenerife).

Estos son los casos más retrasados, pues los trámites pueden tardar meses e incluso años. Los responsables municipales de Calvià, Mijas, Arona, San Cristóbal de La Laguna, Barakaldo y Motril sí han comenzado con la elaboración de los planes para su futura ZBE, pero se encuentran todavía al inicio del proceso. “Esperamos que a finales del año que viene tengamos todo implantado”, dice Marco Cortés, concejal motrileño. Domingo Galván, concejal de La Laguna, comenta que “se está trabajando para establecer zonas de bajas emisiones en tres zonas en la localidad para tenerlas operativas antes de fin de año”. Un portavoz de Barakaldo apunta que están elaborando tanto el Plan de Movilidad Sostenible como la futura implantación de la ZBE, aunque sigue sin fecha. En Valdemoro aseguran que pondrán en marcha la ZBE, aunque aún no tienen una fecha. Las otras seis localidades no han respondido a EL PAÍS.

Varias entidades ecologistas y sanitarias —Ecologistas en Acción, Ecodes, ConBici, ISGlobal y Salud por derecho— se han agrupado en la campaña Clean Cities para exigir el cumplimiento de la norma. “Los alcaldes saben desde 2021 que tenían que poner en marcha una ZBE en su municipio. Un año y medio después, tan solo unas pocas lo cumplen. Creo que podemos llamar a las demás ciudades rebeldes, porque da la sensación de que están retrasando todo lo posible la aplicación de la ley”, apunta Carmen Duce, portavoz de Clean Cities. “Por si fuera poco, las ordenanzas de movilidad que estamos viendo en trámite son mínimas e incapaces de cumplir el objetivo de reducir emisiones”, añade.

Duce señala que este tema “debería quedar fuera de la batalla política”, porque las ZBE sirven “para mejorar la calidad del aire y la salud de las ciudades”. En este sentido, asume que poner en marcha una de estas áreas es complejo, sobre todo para los ayuntamientos más pequeños, pero destaca que hay tres consistorios “perezosos” de más de 100.000 habitantes: los de Barakaldo, Telde y San Cristóbal de La Laguna. “Esas tres ciudades tienen que tener capacidad técnica para elaborar este plan, si no es que les falta voluntad política y estarían haciendo dejación de sus funciones de protección a la salud de su población”.

En este panorama sombrío ha habido una buena noticia: cinco localidades catalanas han estrenado este mes de julio sus nuevas zonas de bajas emisiones: Cerdanyola, Viladecans, Gavá, Sant Boi o El Prat, informa Luis Velasco desde Barcelona. Los municipios han comenzado con la campaña informativa de las restricciones y han enviado a los vecinos la nueva normativa: los vehículos sin etiqueta no podrán circular de lunes a viernes de 7.00 a 20.00 horas, igual que ocurre en el área metropolitana de Barcelona. Los ayuntamientos no impondrán sanciones económicas hasta el próximo 1 de septiembre.

Islas incumplidoras

El Ministerio para la Transición Ecológica constata además que ninguna de las 11 islas principales españolas han iniciado su zona de bajas emisiones insular, como están obligadas por ley. No ha ocurrido ni en las Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) ni tampoco en las Canarias (El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote). Por eso, el departamento de Teresa Ribera ha enviado un requerimiento de información tanto a las urbes como a las islas que no tienen en vigor su ZBE para que actualicen la información oficial.

Mientras, los ministerios de Transportes y Transición Ecológica han iniciado una serie de reuniones para definir de forma coordinada qué es una zona de bajas emisiones “fake”, es decir, aquella que se pone en marcha como medida cosmética y que no reduce el tráfico ni la contaminación en el municipio. Una vez que se establezcan esos criterios comunes, será posible sancionar a aquellas localidades que pidieron fondos europeos para montar una de estas áreas de tráfico restringido y no lo han hecho correctamente, o incluso plantearse otras medidas.

Además, el Defensor del Pueblo arrancó una investigación de oficio para requerir información a las urbes que van más retrasadas, aunque por ahora no hay conclusiones. “Las actuaciones continúan abiertas y los técnicos siguen estudiando la documentación aportada”, señala un portavoz del organismo que preside Ángel Gabilondo. Por su parte, las organizaciones ecologistas se plantean denunciar a las localidades incumplidoras, bien con demandas por inacción o bien por fraude de ley.

Por su parte, el Ministerio de Transportes exigirá a partir de 2025 que los ayuntamientos tengan en marcha una zona de bajas emisiones si quieren acceder a las subvenciones estatales previstas para el transporte público, tal y como ha avanzado este miércoles la Cadena SER. Para poder acceder a esas subvenciones, los municipios tienen que tener activado un Plan de Movilidad Sostenible, así que lo que el Ejecutivo socialista plantea es incluir dentro de los requisitos de ese plan, la obligatoriedad de una ZBE operativa. La medida afectaría tanto a los municipios que piden la ayuda mediante convocatoria competitiva, como a las Autoridades de Transporte que lo hacen vía subvención nominativa.

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