Estas son las 18 ciudades que no han iniciado sus zonas de bajas emisiones nueve meses después de ser obligatorias

Desde el pasado 1 de enero, las 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes están obligadas a tener una zona de bajas emisiones (ZBE), pero nueve meses después solo 14 cuentan con una de estas áreas. Tal y como adelantó este domingo EL PAÍS, el Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado este lunes una herramienta para mostrar en qué estado se encuentran las demás: en ese mapa se constata que alrededor de 120 urbes están ya en trámites, pero 18 no los han iniciado (o no se los han comunicado al ministerio). Se trata de Tres Cantos (Madrid), Valdemoro (Madrid), Motril (Granada), Barakaldo (Bizkaia), Ferrol (A Coruña), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Mijas (Málaga), Calvià (Mallorca), Orihuela (Alicante), Aranjuez (Madrid), Coslada (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Telde (Gran Canaria), San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Granadilla de Abona (Tenerife) y Arona (Tenerife).

Las zonas de bajas emisiones son áreas, situadas normalmente en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe la circulación o el aparcamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. La nueva herramienta permite a los ciudadanos conocer en qué situación está cada área (vigente, en trámite o pendiente, es decir, sin comenzar), así como las características de cada una de ellas (tamaño, ubicación, calendario de aplicación, restricciones y posibles excepciones). Dentro de las vigentes, el mapa interactivo representa la extensión y contorno de las distintas ZBE implantadas. Esa información llegará además a los GPS de los conductores a través de los mapas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con estos datos, los ciudadanos podrán comprobar si su ayuntamiento está comprometido con la reducción de la contaminación en su municipio, lo que abre la puerta a que envíen quejas o reclamaciones a los incumplidores. De hecho, las principales organizaciones ecologistas incluso están sopesando acudir a los tribunales por este motivo, aunque será una decisión que tomen en las próximas semanas.

“Hasta el día de hoy no teníamos una información clara de cómo estaba la situación, es decir, sabíamos que la mayoría de ciudades están incumpliendo, pero poco más. Ahora tenemos datos valiosos para que las asociaciones vecinales y ecologistas puedan fiscalizar mejor a los municipios”, explica Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. “Ahora podemos ver qué ayuntamientos están haciendo los deberes, cuáles no, y cuáles se resisten a cumplir la ley. A partir de ahí, podemos empezar a exigir que actúen a través del Defensor del Pueblo, de sus homólogos autonómicos, o incluso en los tribunales. No hemos tomado una decisión, tendremos que valorarlo en los próximos días. Queremos exigir que se cumpla la ley y se preserve la salud de las personas”, añade.

Mientras, el Ejecutivo está decidido a elevar la presión sobre aquellas urbes más reticentes a poner en marcha las restricciones de tráfico a las que obliga la ley. De hecho, el Ministerio de Transportes va a fiscalizar todas las actuaciones municipales subvencionadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, entre las que se incluyen decenas de zonas de bajas emisiones. El objetivo es controlar que se ejecutan tal y como se anunciaron —aunque haya cambiado el partido al frente del Ayuntamiento—, sin ninguna reducción respecto al proyecto presentado, y en el plazo indicado en la convocatoria (en muchos casos, antes del final de este año).

De hecho, este ministerio ya ha iniciado el procedimiento por la reciente eliminación de un carril bici en Logroño (el de la avenida de Portugal), subvencionado con más de dos millones de euros por el mismo programa de fondos europeos. El departamento de Raquel Sánchez señala que ha enviado una carta al Ayuntamiento riojano para advertirle de que no ha autorizado esta modificación, que tampoco ha sido solicitada por el cauce indicado, y que además puede suponer un “perjuicio significativo” para los ciudadanos, por lo que amenaza con exigir la devolución de los fondos concedidos.

La Ley de Cambio Climático incluye la obligación de contar con una ZBE para municipios de más de 50.000 habitantes, además de los territorios insulares. En este sentido, el ministerio destaca que ninguna isla española ha iniciado sus áreas de tráfico restringido: Formentera, Mallorca y Menorca en Baleares, y Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma en Canarias.

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