El Gobierno eleva la presión sobre las 17 ciudades que no han iniciado aún sus zonas de bajas emisiones

El Gobierno eleva la presión sobre las ciudades que todavía no están diseñando sus zonas de bajas emisiones (ZBE), a las que están obligadas las 151 urbes españolas de más de 50.000 habitantes desde el pasado 1 de enero. Nueve meses después, solo 14 cuentan con una de estas áreas, si bien el Ministerio para la Transición Ecológica explica a EL PAÍS que 120 están trabajando ya en sus proyectos. Eso deja a 17 sin iniciar los trámites ni comunicárselos al ministerio. El Ejecutivo lanzará este lunes un mapa para mostrar cuáles son y, aunque se niega a revelar sus nombres hasta entonces, un recuento de EL PAÍS desvela que entre ellas están Tres Cantos y Valdemoro (Madrid), Motril (Granada), Barakaldo (Bizkaia) y Ferrol (A Coruña). Esa información abre la puerta a futuras denuncias de los ecologistas. Transportes amenaza a las díscolas —y a las que empeoren sus proyectos— con la retirada de fondos europeos, mientras el Defensor del Pueblo vasco ya ha pedido información a las seis urbes vascas implicadas.

Aunque la obligación legal —incluida en la Ley de Cambio Climático— opera desde el inicio de año, el Gobierno no ha querido hasta ahora remover el tema para no interferir en las elecciones municipales de mayo. En general, las nuevas restricciones de tráfico suelen ser impopulares al inicio de su aplicación, aunque con el paso de los meses los ciudadanos valoran sus ventajas. Tras los comicios, y una vez constituidos los nuevos ayuntamientos, varios municipios gobernados por PP y Vox han amagado con reducir o retrasar sus ZBE pese a la obligación europea, lo que ha preocupado a Transición Ecológica. Por eso, el Ejecutivo se ha propuesto poner el foco en este asunto.

Como primera medida, el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera lanzará este lunes una completa herramienta para mostrar los 151 municipios de más de 50.000 habitantes obligados a establecer sus zonas de bajas emisiones, áreas en las que se prohíbe la circulación o el aparcamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. En cada uno de ellos se muestra el estado de tramitación de la ZBE (en funcionamiento, en trámites o sin comenzar), así como las características de cada una de ellas (tamaño, ubicación y restricciones). Esa información llegará además a los GPS de los conductores a través de los mapas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según un recuento de EL PAÍS, entre los municipios que todavía no han informado de ningún trámite al ministerio están Tres Cantos (PP) y Valdemoro (PP y Vox), ambos en Madrid; Ferrol (PP), en A Coruña; Motril (PP y Más Motril), en Granada; y Barakaldo (PNV y PSOE), en Bizkaia. Los otros 12 se conocerán este lunes, cuando se publique la herramienta.

Mientras, el Ministerio de Transportes va a fiscalizar todas las actuaciones municipales subvencionadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, entre las que se incluyen decenas de zonas de bajas emisiones. El objetivo es controlar que se ejecutan tal y como se anunciaron —aunque haya cambiado el partido al frente del Ayuntamiento—, sin ninguna reducción respecto al proyecto presentado, y en el plazo indicado en la convocatoria (en muchos casos, antes de final de año). Gijón y Valladolid, por ejemplo, ya han anunciado que quieren reducir su futura área restringida a su mínima expresión, en el segundo caso modificando un proyecto de ZBE ya iniciado.

“Las subvenciones se dan con unas bases regulatorias que establecen unos compromisos: tienes que acabar la actuación en plazo y mantenerla durante al menos cinco años. Si no cumples, tendrás que devolver el dinero”, explicó este jueves María José Rallo, secretaria general de Transportes.

Eliminar carriles bici

De hecho, este ministerio ya ha iniciado el procedimiento por la reciente eliminación de un carril bici en Logroño (el de la avenida de Portugal), subvencionado con más de dos millones de euros por el mismo programa de fondos europeos. El departamento de Raquel Sánchez señala que ha enviado una carta al Ayuntamiento riojano para advertirle de que no ha autorizado esta modificación, que tampoco ha sido solicitada por el cauce indicado, y que además puede suponer un “perjuicio significativo” para los ciudadanos, por lo que amenaza con exigir la devolución de los fondos concedidos. Logroño responde que “la reordenación del eje ciclista se basa en informes de seguridad” y que “la modificación se hizo llegar al ministerio por el cauce administrativo establecido”. La devolución de una partida así puede suponer un grave problema económico para un consistorio mediano o pequeño.

Lo que no se podría hacer es multar directamente desde el Estado a los ayuntamientos incumplidores, ya que ni la ley ni el decreto incluyen un régimen sancionador. Mientras, otra opción podría ser un descuento de las transferencias de Presupuestos Generales del Estado hacia los consistorios díscolos, aunque el Gobierno asume que sería muy complicado de aplicar.

En cualquier caso, la información que este lunes hace pública Transición Ecológica será fundamental para que los ciudadanos comprueben si su ayuntamiento está comprometido con la reducción de la contaminación en su municipio, lo que abre la puerta a que envíen quejas o reclamaciones a los incumplidores. Las principales organizaciones ecologistas incluso están sopesando acudir a los tribunales por este motivo. “Lo tenemos ya en mente, pero todavía no hemos tomado la decisión, porque habría que ir ayuntamiento por ayuntamiento, y eso dificulta el acceso a la justicia ambiental”, destaca Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción.

Carlos Bravo, de la ONG Transport & Environment, apunta: “Está sobre la mesa acudir a los tribunales, y yo soy partidario. Pero tenemos que ponernos de acuerdo y coordinarnos también con Greenpeace, Ecodes, Fundación Renovables y otras entidades con las que estamos trabajando en este tema”. Otra posibilidad es que se organicen protestas ambientales, como ocurrió en Madrid en 2019 cuando miles de personas salieron a la calle para defender Madrid Central frente a los ataques del recién elegido alcalde Almeida, que pretendía eliminarlo. Al final, la primera zona de bajas emisiones de España cambió de nombre, pero se mantuvo, e incluso se ha ampliado este año.

Otra vía para ciudadanos y entidades es acudir tanto al Defensor del Pueblo como a sus homólogos autonómicos para que sean estas instituciones quienes reclamen información a los consistorios. El Ararteko —Defensor del Pueblo vasco— puso en marcha una actuación de oficio en marzo. “La normativa tenía que haber entrado en funcionamiento el 1 de enero y todavía no se ha aplicado. Por eso iniciamos una actuación para ver si los seis ayuntamientos vascos están actuando o no”, señala una portavoz. Se trata de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián, Getxo, Barakaldo e Irún. El expediente todavía no está finalizado. Mientras, la oficina de Ángel Gabilondo apunta que, hasta el momento, no ha recibido quejas ni ha iniciado ninguna actuación sobre este asunto.

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