La Fiscalía pide que se amplíe el plazo para investigar a la número tres de Ayuso por un presunto delito de prevaricación administrativa

La Fiscalía ha solicitado al juzgado de primera instancia e instrucción número seis de Navalcarnero que prorrogue en seis meses el plazo para investigar a la número tres de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid, Ana Millán, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en su etapa como edil del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Al tiempo, según documentación a la que accedió EL PAÍS, el Ministerio Público ha interpuesto un recurso contra la decisión del instructor de no remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid —hasta donde ha llegado el caso por ser la investigada aforada— una exposición razonada que resuma “el criterio para considerar que existen indicios de criminalidad contra los investigados”. Entre las razones para ampliar la investigación que esgrime la Fiscalía está la necesidad de tomar declaración a la pareja de Millán y a otra testigo.

El caso que afecta a Millán busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y el pago de la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Ana Millán, por entonces edil al frente de esa cartera, y ahora vicepresidenta de la Asamblea y número tres del PP de Ayuso. En junio, el juzgado de instrucción número seis de Navalcarnero (Madrid) se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pues Millán está aforada. En esa ocasión, se dejó por escrito que la dirigente conservadora y el empresario “pueden ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública” dentro de esta causa abierta en 2020. Ahora la fiscal pide que se siga investigando, y que se prorrogue la instrucción.

“La fiscal (...), teniéndose en cuenta que no ha podido finalizarse aún la instrucción, y habida cuenta de que el plazo fijado está próximo a expirar (...) interesa para la realización de las diligencias pendientes que se fije nuevo plazo, que deberá ser por seis meses, a contar desde la finalización del actual plazo”, se razona en el escrito, que hace referencia, entre otras, a dos declaraciones pendientes, lo que incluye la de la pareja de Millán, y posibles actuaciones “derivadas del último informe solicitado a la UCO”.

Además, el Ministerio Público recuerda que la instrucción de la investigación corresponde al juzgado “hasta que se comunique por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que sí se declara competente para conocer el caso”. Algo que aún no ha ocurrido.

Pagos a su hermana y su pareja

La llegada en junio del caso al TSJM ha provocado una tormenta política que no amaina, ya que el Más Madrid y el PSOE piden desde entonces la dimisión de la también vicesecretaria del PP regional. No obstante, el PP, de Díaz Ayuso para abajo, se mantiene firme en su apoyo a la investigada y sus explicaciones.

La hoy diputada defiende que los 51.104,67 euros que recibió de la empresa y el empresario, según documentación judicial, eran simplemente el pago por el alquiler de su vivienda a favor de Roselló, que además habría realquilado el inmueble. Tanto la hermana como la pareja de Millán recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), y en concepto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado.

Además, en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo [por valor de 42.650,00 euros] de origen desconocido con inicio también en 2008″, mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell y sus empresas por el alquiler y los servicios de la pareja y hermana de la política.

“Todo lo relacionado con Grupo Educativo [una de las empresas de Roselló] lo llevaba personalmente Ana Millán”, declaró como testigo una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que trabajaba estrechamente con la edil. “Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, describió según transcribe la Guardia Civil, a la que la testigo recalca que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones, cuando sí participaba en las que se producían con otras empresas; y que Millán “la apartó, no dejándola intervenir”. E insistió: “Cuando iba gente de Grupo Educativo a su concejalía, se encerraban en el despacho de Ana Millán”.

Para los investigadores, que recuerdan que todas y cada una de sus conclusiones deben ser entendidas en términos de presunción, quedó demostrada la participación “activa” de la hoy diputada en las contrataciones, según documentación judicial. Millán, sin embargo, defiende su inocencia, y el PP la apoya sin fisuras.