La alcaldesa de Arroyomolinos, investigada por contratos irregulares
La Guardia Civil registra el despacho de Ana Millán y de una empresa de servicios
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este martes en el Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) en busca de contratos supuestamente irregulares de anteriores legislaturas, cuando la actual alcaldesa, Ana Millán, del PP, era concejala. Millán, vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Madrid desde noviembre de 2020, es muy afín a Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes próximas al caso han indicado que los agentes de esta unidad han acudido por la mañana al consistorio para pedir, con una orden judicial, una serie de contratos y documentos de legislaturas anteriores y relacionados supuestamente con Millán antes de que en 2019 asumiera la Alcaldía del municipio.
Millán, de 43 años, está siendo investigada y su despacho ha sido registrado por los agentes de la UCO, así como otras dependencias del Ayuntamiento. Además, la UCO ha pedido documentación de una empresa externa al Ayuntamiento pero que tuvo relación con él, aunque las fuentes no han precisado el nombre ni más detalles. Tampoco han precisado si se han llevado a cabo detenciones.
Los grupos de la oposición pidieron a la Justicia que abriera una investigación sobre los contratos del Ayuntamiento con Waiter Music, una de las implicadas en la operación Púnica en otras ciudades de la Comunidad de Madrid. Según esas denuncias, el Ayuntamiento habría cerrado contrataciones con dicha empresa desde el año 2004, salvo durante el periodo de 2009 a 2013, cuando los concursos se declararon desiertos. Waiter Music recibió de la localidad un total de 470.175,53 euros, una cantidad “considerable” al tratarse de una población de 26.000 habitantes, dijo en su día el entonces portavoz de IU, Jerónimo Hernández.
En 2016, el Ayuntamiento de Arroyomolinos pidió al juez Eloy Velasco que investigara los pagos de una contratista municipal, Neverland, a la entonces portavoz del PP. Ana Millán, en su etapa de concejal, cobró presuntamente un alquiler mensual de 900 euros a una empresa que facturó a las arcas municipales 700.000 euros en contratos para la celebración de eventos y fiestas.
Fuentes municipales consultadas por Europa Press han asegurado que desde el Ayuntamiento se está colaborando en todo momento y que la alcaldesa es la primera interesada en que se aclare todo. Al respecto, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha dicho: “Total respeto a la actuación policial y a la actividad de la justicia. Nosotros confiamos totalmente en ellos y que investiguen totalmente todo lo que sea oportuno”.
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