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La fiscal manda las cuentas de Arroyomolinos a la Audiencia Nacional

El informe dice que de los 69 millones investigados, 40 eludieron las normas de la contratación pública

Vista del municipio de Arroyomolinos. Ampliar foto
Vista del municipio de Arroyomolinos.

La Fiscalía de Móstoles ha enviado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Eloy Velasco que investiga la trama Púnica, la auditoría encargada por el equipo de gobierno de Arroyomolinos que analiza las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (Emuvisa). El informe concluye que de los 69 millones investigados, 40 eludieron las normas de la contratación pública. El ejecutivo municipal (una coalición de Ciudadanos, PSOE e independientes) trasladó el documento a la Fiscalía al detectarse irregularidades. Tras llamar a declarar al concejal de Hacienda, el socialista José Vicente Gil, la Fiscalía decidió archivar las diligencias de investigación que había abierto y su traslado a la Audiencia.

Emuvisa desarrolló una importante actividad en Arroyomolinos debido al gran crecimiento que experimentó el pueblo durante el boom inmobiliario. En 10 años se construyó un parque de 10.000 viviendas y los 3.800 habitantes de 2000 se transformaron en los 25.000 actuales. El PP perdió el control del municipio en las últimas elecciones a pesar de ser la fuerza más votada y el nuevo equipo decidió investigar las obras gestionadas a través de Emuvisa entre los años 2000 y 2014.

Los investigadores no consiguieron localizar documentación de actuaciones como la ampliación de la depuradora de Navalcarnero (presupuestos estimado de 2,6 millones) o de las dos primeras fases de construcción de la Ciudad Deportiva La Dehesa (5,8 millones), entre otras. El edil de Hacienda destaca un contrato con la empresa Waite Music (investigada en la trama Púnica) por 119.745 euros de la fiesta de Nochevieja de 2006 y la de Reyes. El importe se carga a la cuenta de Sistemas Generales, lo que no tiene “ningún sentido”, en opinión de Vicente Gil, porque no tiene que ver con urbanismo.

La auditoría sostiene que el control era tan escaso que existe “una gran cantidad” de proyectos de los que no se ha encontrado ninguna documentación ni información. También se han detectado sobrecostes en los trabajos. En ocasiones se llegó a pagar cinco veces más de lo presupuestado inicialmente.

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