¿Consultó Miguel Ángel Rodríguez los registros de familiares de residencias? Si lo hizo, es ilegal

Los tuits de Miguel Ángel Rodríguez sobre cinco hijos que perdieron a sus padres en residencias durante la covid han sido tachados de “lamentables”, “inadmisibles” o faltos de “empatía”, y también han suscitado la pregunta de si el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso infringió la Ley de Protección de Datos. Rodríguez dio a entender el domingo por la noche que hizo averiguaciones sobre los familiares que aparecieron en un episodio sobre el aniversario de la pandemia del programa de televisión Lo de Évole. Estas palabras, escritas por el cargo de máxima confianza de la presidenta, evocan en la mente de las asociaciones de familiares a un Gran Hermano que espía a los ciudadanos. Las organizaciones Verdad y Justicia y Marea de Residencias se preguntaron el lunes en un comunicado si el jefe de gabinete accedió a datos personales y advirtieron de que “esa actuación de Rodríguez sería propia de un Estado dictatorial”. En efecto, siete juristas consultados coinciden en que, de haberse producido un acceso a registros públicos, Rodríguez y sus hipotéticos cooperantes habrían violado la ley.

Rodríguez ha publicado tres tuits sobre este asunto. Los dos primeros son del domingo por la noche, cuando se emitió el programa. Primero dijo que iba a verificar si decían la verdad y si visitaban a sus padres cuando estaban vivos. Luego añadió que había “comprobado que la primera señora” no tenía a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. El lunes por la mañana añadió un tercer tuit en el que reconocía que esa mujer sí era hija de una fallecida y pedía disculpas. Según las asociaciones de familiares, la mujer era hija de una residente fallecida en Getafe.

No queda claro por los tuits qué tipo de comprobación hizo Rodríguez, ni tampoco si recurrió a terceras personas. Preguntado sobre si había accedido a datos personales, Rodríguez ha respondido este martes, antes de un acto en la Puerta del Sol, repitiendo un monosílabo: “No. No”.

La Consejería de Asuntos Sociales, responsable de la supervisión del sector de residencias, no ha contestado a una pregunta de EL PAÍS sobre si existen bases de datos específicas en las que se pueda comprobar las visitas a un residente o la identidad de sus familiares. Sobre esta duda, una asociación de familias en Madrid, Pladigmare, apunta que no todas las residencias tienen libros de visitas. Además, lo usual es que las residencias solo dispongan del contacto de uno o dos “familiares de referencia”.

De haberse producido alguna consulta a una base de datos pública, se habría vulnerado la Ley de Protección de Datos, advierten siete juristas especializados en protección de la privacidad y consultados por este periódico. La razón, señalan, es que en cualquier organización, ya sea pública o privada, los datos personales deben estar compartimentados, de modo que solo tengan acceso a ellos las personas que trabajan con ellos.

“El CEO de una compañía no puede acceder a todo”, dice Jeimy Poveda, directora de la consultoría Dataseg. “Se recogen solo los datos estrictamente necesarios, solo se usan para el fin que justificó la recogida y solo se da acceso informático a un mínimo de personas”.

Los expertos advierten de que el acceso a los datos es tan restringido que un médico o una enfermera tienen prohibido consultar el historial de un paciente al que no están tratando. Tampoco un policía debe acceder a los antecedentes de una persona a la que no esté investigando. “Cada año hay cuatro o cinco condenas a sanitarios por consultar datos que no deben. Y alguno incluso acaba en la cárcel”, dice el abogado Jorge García Herrero.

Sin embargo, los expertos agregan que cuando un funcionario viola la ley, la sanción administrativa es “insignificante”. Se considera que la infractora es la administración, y no el funcionario, y se impone una “amonestación” que consiste en hacer pública la sanción. Esto ni siquiera conlleva el pago de una multa. “Uno de los fallos de nuestra ley es que no se puede multar a las administraciones”, dice Borja Adsuara, profesor de la Complutense.

En su lugar, cabe la opción de la vía judicial donde se puede denunciar la comisión de delitos relacionados con la protección de datos, como son la intimidad, el honor, la imagen o la revelación de secretos. Este último delito es irónicamente el mismo que Rodríguez percibe en el actuar del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, a quien culpa de haber revelado un supuesto secreto del novio de Ayuso.

Jorge Morell apunta que nadie niega el derecho de la Comunidad de Madrid a defenderse si estuviera demostrado que el programa emitió alguna falsedad. “Existen otras vías más proporcionales para defenderse”, indica. Y la abogada Poveda añade que si el Gobierno de Ayuso ejerciese una acción judicial, podría valorarse el acceso a los datos. “Eso se debe hacer siguiendo el procedimiento adecuado y no desde la cuenta de este señor, que de hecho ni siquiera fue mencionado por los familiares”.

La Agencia de Protección de Datos puede iniciar investigaciones de oficio o por denuncia de parte. Este martes por la tarde no había ningún expediente abierto, según fuentes de este órgano.

Los cinco hijos que aparecieron en Lo de Évole están vinculados a Marea de Residencias y a Verdad y Justicia. Una portavoz de estas dos asociaciones, Carmen López, dice que han estado hablando con las familias sobre la posibilidad de interponer alguna acción jurídica, pero no han tomado aún una decisión. El poco éxito de las querellas por las muertes de hace cinco años ha hecho dudar a los miembros sobre el valor de la vía judicial, dice López.

López tiene su propia hipótesis sobre lo sucedido. Dice que cuatro de los cinco hijos que aparecieron en el programa habían dado entrevistas antes a medios de comunicación. Solo una, la mujer a la que Rodríguez señaló con su falsedad, intervenía por primera vez: “Es probable que a todos los demás ya les hubieran hecho un estudio y que a ella no la reconocieran. Quizás por eso emitió esa duda y lanzaron ese bulo”.

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