Cómo Ayuso incluyó a las asociaciones de residencias en su lista negra

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trata a familias en duelo como a un rival político más. Lo ha demostrado este domingo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, al atacar con falsedades y desprecio a cinco hijos de fallecidos en residencias durante la pandemia que aparecieron en el programa Lo de Évole. Dos días antes, durante un acto en Galicia, Ayuso dijo que las asociaciones de familiares tienen entre sus integrantes a “resentidos” provenientes de la política que “están mintiendo”. La hostilidad de ambas intervenciones ha indignado a las personas que perdieron a sus seres queridos. Sus organizaciones llevan tiempo denunciando ser víctimas de declaraciones carentes de sensibilidad por parte del Gobierno de Ayuso, pero no habían sido objeto de este nivel de beligerancia. Expertos en comunicación política enmarcan esta demonización de las víctimas en el mensaje polarizador de Ayuso. “En el manual de MÁR ―acrónimo por el que se conoce al jefe de gabinete―solo hay blancos y negros”, dice el consultor Luis Arroyo. “Quien no está con ellos es un enemigo de la patria”.

El Gobierno de Ayuso ha puesto en su diana a las dos asociaciones de familiares que más impacto han tenido en la defensa de los fallecidos: la estatal Marea de Residencias y la madrileña Verdad y Justicia. Estas agrupaciones han dado orientación legal a cientos de familiares que se han querellado contra Ayuso por homicidio imprudente y omisión de socorro por las muertes de los mayores que no fueron hospitalizados durante la vigencia de los protocolos autonómicos que buscaban evitar un colapso sanitario. 7.291 mayores murieron en sus residencias entre el 9 de marzo y el 5 de abril.

No todos los familiares se han situado bajo el paraguas de asociaciones. Algunos han presentado acciones judiciales por su cuenta y otros han preferido pasar página. Incluso hay, según una carta leída por Ayuso, un hijo indignado con quienes critican a la Presidencia, a los que llamó “partida de mercenarios” y “secta carente de moral”.

Sin embargo, son esos dos grupos las que han dado visibilidad al colectivo. A pesar de su nulo éxito judicial, han conseguido cierta presencia mediática. Ambas impulsaron en 2023 la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid, formada por un grupo de expertos que en marzo del año pasado concluyó que 4.000 mayores madrileños podían haberse salvado. Su causa ha sido amplificada por un cineasta independiente, Juanjo Castro, que el año pasado estrenó el documental 7.291.

Los ataques directos a las asociaciones de familias son recientes. Ayuso nunca ha recibido a estos grupos, pero inicialmente, su Ejecutivo aceptó que había que investigar lo sucedido y centró el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición madrileña, sin escatimar en bulos. Sin embargo, pronto llegaron declaraciones que hirieron a los familiares, según ellos mismos se encargaron de denunciar en los medios.

Señalan, por ejemplo, las palabras del número dos de Ayuso, Enrique Ossorio, que en 2022 dijo en rueda de prensa que la izquierda se interesaba por la tragedia solo por fines electorales y que, si se reabría la investigación política de las muertes, se iba a causar un daño innecesario a los hijos. “Eso las familias ya lo han superado”, afirmó, sin añadir a quién había consultado sobre su estado anímico.

El caso más sonado ocurrió en febrero del año pasado, cuando Ayuso dijo en la Asamblea que un mayor enfermo de covid “no se salvaba en ningún sitio”. Esas palabras llevaron a las dos asociaciones a iniciar acciones para una querella por injurias contra la presidenta. El juez está ahora analizando un recurso de la Comunidad contra su admisión a trámite, según el abogado de las asociaciones, Eduardo Ranz.

Ayuso también especuló sobre el origen de los fondos para las querellas. “No sé de dónde sacan tanto dinero”, dijo en noviembre en la Asamblea. Las plataformas responden que su presupuesto es muy limitado, financiado por las propias familias. Los tres abogados de Marea de Residencias trabajan pro bono, y los querellantes no han podido pagar forenses propios. De hecho, sospechan que esa prueba pericial les hubiera ayudado en los procesos que han perdido porque, creen, habrían podido probar que hubo una relación causal entre las muertes de sus padres y el rechazo del hospital.

Otro ataque lo sufrió en marzo del año pasado Carmen López, hija de una fallecida y portavoz de Marea. En la Asamblea, una diputada del PP, Esther Platero, la acusó de “retorcer el dolor”. López, que había sido invitada por el PSOE a la comisión de Asuntos Sociales, cuenta que, al salir de la sala, rompió a llorar.

El año pasado también se conoció que los hijos de fallecidos estaban recibiendo cartas en las que la Comunidad de Madrid les reclamaba las deudas de sus padres por la atención recibida en sus últimos días de estancia en las residencias. Hasta 187 personas estaban pendientes de pago, según averiguó EL PAÍS. La Comunidad alegó que una ley estatal le obligaba a exigir esos abonos, pero cuatro juristas consultados le dijeron a este periódico que el Gobierno de Ayuso tiene plena competencia para condonar esas cuantías.

La agresividad contra las familias ha llegado a su punto más elevado este domingo. Miguel Ángel Rodríguez reaccionó en X (antes Twitter) a las declaraciones de cinco familiares de fallecidos en residencias que aparecieron en un episodio del programa de La Sexta Lo de Évole dedicado al aniversario por la pandemia. Primero, insinuó que no querían realmente a sus padres, al poner en cuestión que los visitaran cuando estaban vivos. Y luego dijo falsamente que una de ellos no tenía a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. Estas declaraciones han escandalizado a los partidos de la oposición, incluido Vox, y a las asociaciones que agrupan a estas familias. MÁR se arrepintió este lunes solo de este segundo tuit, dijo que cometió un “error” y pidió “disculpas”, restando importancia a “lo sucedido”. A pesar de esta admisión, no ha borrado el tuit erróneo.

Marea de Residencias y Verdad y Justicia no han aceptado el perdón de MÁR y han exigido su dimisión. En un comunicado este lunes dijeron que son reiteradas las actuaciones de altos cargos del Gobierno madrileño que hieren a las víctimas y sus familiares: “Rodríguez se suma ahora a este catálogo de la infamia”.

Que las víctimas sean enemigos no es una estrategia nueva, señala el consultor Arroyo. “La madre política de Ayuso, Esperanza Aguirre, ya recurrió a esta táctica cuando atacaron a la asociación mayoritaria de víctimas del 11-M porque sus mensajes no encajaban con el relato falso de que el autor fue ETA”, recuerda. “Esta es una estrategia hiperagresiva de comunicación que vemos también en otros países, en líderes como Trump, Bolsonaro o Milei”. Está de acuerdo Ana Salazar, directora de la consultora Idus 3. “Cualquier ataque es parte de una conspiración contra ella”.

Sí es cierto que no todos los críticos de Ayuso han recibido el mismo trato. Los madrileños que se han quedado sin casa por culpa de los defectos en la línea 7B de Metro son un ejemplo.

Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea, cree que la gestión de las residencias en pandemia saca a Ayuso de sus casillas. “Ella pensaba que en este mundo de tuits y de inmediatez el tema se iba a olvidar, pero al ver que los familiares son como un martillo pilón, pasó a atacarlos”, subraya Morales. “Creo que ella sabe que algún día acabará cayendo por esto”.

Sin embargo, los consultores recuerdan que por muchos reparos que provoquen sus declaraciones, a Ayuso le dan réditos electorales. “¿Se cree MÁR las cosas que dice? Eso para él es lo de menos”, dice Arroyo. “Lo que de verdad le importa es que le funciona”.

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