El Ejecutivo de Ayuso admite “las anomalías” de los contratos del ‘caso FP’ y usa los casos ‘Gürtel’ y ‘Púnica’ para personarse como acusación

La Comunidad de Madrid reconoce “anomalías” en los contratos del caso FP, reclama a la jueza que las investiga que reconsidere su rechazo a que la Administración se persone como acusación particular en la causa y emplea los precedentes de las tramas de corrupción del caso Gürtel y del caso Púnica para argumentar que tiene derecho a ello. Así consta en un recurso de reconsideración al que ha accedido EL PAÍS, tras decidir la titular del juzgado número 39 de la plaza de Castilla que el Gobierno regional no puede ser parte de un proceso en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa a través del supuesto fraccionamiento ilegal de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos.

Además, la Administración respalda en su escrito “una línea de investigación judicial frente a personas que han ostentado cargos públicos”. Un exalto cargo ya está siendo investigado en la causa. También, dos funcionarios. En la época afectada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era titular de Educación, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, era viceconsejera de Educación.

Así, la representación legal de la Comunidad reclama a la jueza que motive el rechazo a su personación (que dirimió con un simple “no ha lugar”, como adelantó este diario), al considerar que así lo amerita que los hechos fueran denunciados por la propia administración, y que la afectan “como consecuencia de las anomalías de los procedimientos administrativos objeto de investigación”.

Para cimentar su derecho a ser parte del proceso, el Ejecutivo regional se remite a otros procesos en los que también se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. “Procedimientos como los denominados caso Gürtel, caso Púnica, o caso Campus de la Justicia, seguidos todos por delito de prevaricación administrativa, y otros, tienen a la Comunidad de Madrid personada como acusación particular de modo indiscutible”, se lee en su recurso, que se firmó el 12 de marzo.

Ese mismo día, el exsubdirector general regional de centros educativos de Formación Profesional (FP), Alfonso Mateos, declaró como investigado junto a otros dos funcionarios, y apuntó como responsables de un sistema que, dijo, venía de antiguo, a los altos cargos de la Consejería de Educación, que entonces dirigía Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid. Antes de que esas palabras fueran pronunciadas, el recurso de la Comunidad ya recogía algo parecido a un aviso para navegantes.

“Es fundamental diferenciar entre el órgano administrativo y la persona física que lo ocupa en un momento preciso, y no equiparar a la Administración Pública con el titular de un órgano administrativo”, explicita su recurso. “En su caso, la Administración, como perjudicada por su actuación, revestida esta de un abuso de confianza y un prevalimiento del puesto, ejercita la acción penal y civil contra tales personas físicas”, añade. “Una línea de investigación judicial frente a personas que han ostentado cargos públicos es, primero, respaldada de forma plena por la Administración Regional, al ser necesaria para averiguar el alcance real del perjuicio causado y concretar responsabilidades”, sigue.

Y añade: “De la realización de tales diligencias no se deriva per se la falta de perjuicio de la Administración, sino que de sus conclusiones puede incluso derivarse un incremento del daño causado, al poder concurrir una pluralidad de delitos adicionales al ya existente y de los que también sería directamente perjudicada la Comunidad de Madrid”. Lo previsible es que el sindicato CC OO, Podemos, PSOE y Más Madrid, que están ya personados en el caso, se posicionen en contra de que se admita la personación de la Comunidad. ¿La razón? Que la Comunidad como institución, y algunos de sus funcionarios, son parte nuclear de lo que se investiga.

Actuación irregular

La magistrada encargada de dilucidar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” y la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023.

En lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec).

Todo ocurrió así: el 18 de septiembre de 2023, dos centros educativos de la Comunidad de Madrid en el complejo ciudad escolar de San Fernando reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones enviadas por orden de Navarro, al que la jueza no ha llamado a declarar, y por lo tanto no forma parte en estos momentos de la causa. Con esas comunicaciones acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, los mismos que declararon el pasado miércoles en la plaza de Castilla.

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.