La Audiencia Nacional confirma siete años de cárcel para Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre, por el Campus de la Justicia

La Audiencia Nacional ha confirmado la pena de siete años de cárcel impuesta a Alfredo Prada, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero autonómico durante los gobiernos de Esperanza Aguirre (PP). La Sala de Apelación ha rechazado el recurso presentado por el exdirigente popular para tratar de tirar abajo la sentencia que lo declaró culpable de delitos de prevaricación y malversación por las irregularidades detectadas entre 2005 y 2011 en la tramitación y construcción del Campus de la Justicia, un complejo mastodóntico que quedó a medio hacer y nunca llegó a abrir sus puertas tras gastar millones de euros en el proyecto.

El tribunal incide en que 25 contratos se “adjudicaron de forma arbitraria” y “sin cumplir con los requisitos legales”. Pero, pese a ello, rebaja el importe que el expolítico debe pagar en concepto de responsabilidad civil junto a otros dos acusados —se queda en 10 millones de euros, frente a los 40 millones fijados en primera instancia—, al considerar que algunos de esos contratos “han reportado algún grado de utilidad y podrían servir ahora o en el futuro a la continuidad del proyecto del Campus”. En 2019, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya anunció que quería recuperar el plan para poner en marcha la Ciudad de la Justicia.

La Sala de Apelación mantiene también la condena de tres años y medio de cárcel que se impuso a Alicio de las Heras, ex director financiero del Campus; y ratifica la absolución de Mariano José Sanz Piñar, quien fuera subdirector general técnico.

Sin embargo, el tribunal modifica el castigo decretado por la Sala de lo Penal a los otros tres acusados en la vista oral, que se ven beneficiados. La pena dictada para Félix José García de Castro, asesor jurídico, se reduce a un año y medio de reclusión —frente a los tres años y medio de cárcel iniciales—. Y, a su vez, se suprimen los tres años y medio de prisión dictados para Isabelino Baños, ex director general técnico; y para el comisario Andrés Gómez Gordo, exdirector de seguridad y posterior asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha —que se encuentra también acusado en el caso Kitchen, pendiente de juicio—. A estos dos últimos se les absuelve del delito de malversación y solo se les mantiene una condena de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

La Sala de Apelación concluye que los 25 contratos sospechosos se “adjudicaron de forma arbitraria sin cumplir con los requisitos legales” y, además, la mitad “se alejaron del fin social del proyecto y se dedicaron al autobombo”. “Esto es, a publicidad y comunicación, en vez de a proyección y edificación pública”, apunta el fallo, que añade: “Los contratos presentan irregularidades esenciales porque se ideó y puso en marcha un sistema de elección y adjudicación de contratos —públicos y con dinero público— elusivo de la transparencia y la concurrencia contractual”.

“Concurrió el inequívoco propósito, la clara conciencia de conculcar la legalidad y se generó concurrentemente un perjuicio evidente a la Administración pública gobernada”, apostilla la resolución, que enumera múltiples irregularidades. Entre ellas, menciona el fraccionamiento de pagos, la aportación de presupuestos de un mismo grupo empresarial para evitar la competencia y la duplicidad de contratar dos veces servicios ya desarrollados por otro adjudicatario. En esta línea, el tribunal reprocha a Prada que “no podía adjudicar caprichosa y arbitrariamente” los contratos, ni “podía administrar deslealmente” los fondos públicos, “como si fuesen particulares”.