La Audiencia Nacional condena a siete años de prisión a Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre, por el Campus de la Justicia

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por su implicación en las irregularidades detectadas en los contratos para la concesión y construcción del Campus de la Justicia, un complejo que quedó a medio hacer tras gastar más de 100 millones de euros en el proyecto. La Audiencia condena a Prada por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos firmados entre 2005 y 2011 que sumaron 40 millones de euros. La Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). El sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha resultado absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.

En su sentencia, notificada este martes, la Audiencia explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una “intensa actividad de contratación” en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea. “Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal” de Consejería de Justicia, indica la resolución. Según los jueces, este proyecto se convirtió en “un pretexto o excusa” para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en “publicitar” el proyecto del Campus, y en especial el proyecto encargado a Foster & Partners, que en su propia ejecución.

Durante el juicio celebrado la pasada primavera en la Audiencia Nacional, el exconsejero popular, que fue defenestrado en 2008 por Aguirre tras apoyar públicamente a Mariano Rajoy en la lucha interna por el liderazgo del partido, negó cualquier ilegalidad y el supuesto desfalco de las arcas públicas. Según Prada, la acusación, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, se basó en la tesis de que falta parte de la documentación del proyecto, que fue “destruida” por la propia Comunidad de Madrid, por lo que él se veía obligado a demostrar su inocencia. La sentencia, son embargo, considera probado que Prada tuvo una “participación decisiva” en unos contratos que en nada beneficiaron al objeto para el que supuestamente se firmaron. Los jueces aprecian múltiples irregularidades, entre otros una “absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto (como las exposiciones organizadas por la Fundación Arte Viva y el caos de contratación de publicidad aparejada)”; un “excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de la sociedad; e incluso advierten de que hay contratos que eran “unútiles” de cara al objeto social o “inadecuados” para la fase de desarrollo del proyecto para el que se suscribieron.

Prada, según considera acreditado la Sala, firmó los 24 contratos bajo sospecha en representación de la Consejería de Justicia, y tuvo también un papel “decisivo” en la elección de los adjudicatarios, que se hizo prescindiendo del procedimiento administrativo. La sentencia explica que fue el entonces consejero quien acudió a Londres para entrevistarse con el arquitecto Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió ficharlo “sin justificación alguna”, no tanto referida “al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas”.