Anticorrupción pide que Esperanza Aguirre declare en el juicio sobre la caja b del PP de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico, declare como testigo en el juicio sobre la caja b del partido regional. El ministerio público, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso EL PAÍS, considera indispensable escuchar la versión de la exdirigente popular, que permaneció imputada durante tres años por la supuesta contabilidad paralela urdida en el seno de la formación que dirigió, aunque la acusación se archivó finalmente contra ella por falta de pruebas. En la futura vista oral, para la que aún no hay fecha fijada, siete personas se sentarán en el banquillo: entre ellas, Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, quienes ocuparon respectivamente los puestos de secretario general y gerente del PP de Madrid en la era de Aguirre.

Esperanza Aguirre, que llegó a aglutinar un enorme poder en el PP de Madrid y que amagó incluso en 2008 con disputarle a Mariano Rajoy el liderazgo del partido nacional, permaneció imputada tres años en las pesquisas sobre la financiación irregular del partido regional, una línea de investigación abierta dentro del llamado caso Púnica. Su figura se situó en el epicentro de la trama, ya que ella fue una de las grandes beneficiarias de la caja b: los fondos obtenidos se destinaban presuntamente a sus campañas electorales y se desvió dinero para pagar una campaña de reputación online a su favor. Además, la política encabezó los tres órganos donde anidó la corrupción: Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).

Sin embargo, con el respaldo de la Fiscalía, el juez Manuel García-Castellón decidió en 2022 archivar la causa contra Aguirre por falta de pruebas. Los investigadores consideraron que no contaban con indicios suficientes para ir más allá de la imputación y proponer sentarla en el banquillo. De esta forma, limitaron la responsabilidad de la financiación irregular a Francisco Granados, quien fuera mano derecha de la presidenta y para quien el ministerio público pide casi ocho años de prisión; y a Beltrán Gutiérrez, para el que solicita tres años y medio de reclusión.

El escrito de acusación de la Fiscalía constituye un verdadero viaje a las entrañas del PP de Madrid. La pasada semana, después de que el juez abriera juicio oral contra Granados y Gutiérrez, el portavoz popular en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, despejó balones y aseguró que, con la desimputación de Aguirre por falta de pruebas, ya había “quedado claro que no había financiación irregular” de la formación y limitó el juicio a supuestas ilegalidades cometidas por “personas concretas”. Pero el documento de Anticorrupción echa por tierra esa tesis.

“Fuente irregular de recursos”. El escrito de la Fiscalía describe una trama para que el PP de Madrid obtuviera recursos irregulares para financiar sus campañas electorales y acudir dopado a las urnas. El ministerio público habla de entregas de dinero en efectivo, del uso de empresarios “afines”, de contabilidad paralela... Toda una red que partía del corazón del partido: “Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, aprovechando sus cargos orgánicos dentro de la formación política, se concertaron [en 2011] para —de forma similar a campañas anteriores—, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad afines a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados [...] y ocultados, posteriormente, a la Cámara de Cuentas de la Comunidad”.

“La principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario general”, prosigue el ministerio público: “Una vez entregadas, él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra. Tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar al gerente, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas”. Una forma de actuar que venía de lejos dentro de la formación y que no se limitaba a ambos, según Anticorrupción: “La relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza, pues [Gutiérrez] venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación y con los diferentes directores de las campañas, como nexo entre las personas que “recibían” el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional”.

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia que, además de Aguirre, declaren como testigos una decena de cargos vinculados al PP: entre ellos, el también expresidente autonómico Ignacio González; Carlos Izquierdo, tesorero del PP de Madrid desde 2009 a 2016; y los exconsejeros regionales Javier Fernández-Lasquetty, Lucía Figar y Salvador Victoria. El ministerio público también solicitó que Aguirre y González se sentaran en el banquillo como partícipes a título lucrativo por beneficiarse de la trama —les reclama 26.000 euros y 28.293 euros respectivamente—, pero el magistrado García-Castellón lo desestimó.

“Gastos no declarados”. Anticorrupción apunta que Gutiérrez, “aún a sabiendas de que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes”, envió a la Cámara de Cuentas unos importes “muy inferiores” a los “reales”: “Pues, por parte de los acusados, se autorizaron gastos electorales que no fueron declaradas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”.

“Empresarios afines”. “Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”, explica el ministerio público, que detalla cómo se completaba la “compleja” estrategia irregular: “Desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado; y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas”.

Uso de instituciones públicas. El fiscal Alejandro Cabaleiro sostiene que el PP de Madrid usó la Fundación Fundescam como otra “fuente de financiación”. “Desde la fundación fueron abonados trabajos encargados a la empresa Demométrica Investigación y Opinión Pública, [que] incluían sondeos de intención de voto para el PP regional”.

Reputación online. La acusación insiste en que otro empresario, Alejandro de Pedro, tejió “una dinámica de confianza” con miembros del PP de Madrid y del “gabinete gobernante”, que le permitió obtener contratos a dedo —“con omisión de cualquier trámite de contratación administrativa”— gracias a Isabel Gallego, jefa de prensa de Aguirre, también acusada. Entre estos se encuentran la ejecución de trabajos de reputación en redes sociales en beneficio de ciertos altos cargos políticos de la formación.

“De Pedro conoció y trató a destacados dirigentes del PP de Madrid que, posteriormente, tuvieron cargos dentro del Ejecutivo autonómico, tales como Lucía Figar, Ignacio González, Salvador Victoria, Isabel Díaz Ayuso [actual presidenta de la Comunidad] e Isabel Gallego, a los que consiguió vender estrategias para el posicionamiento en internet de sus personas, tanto en medios ajenos como a través de la creación de medios digitales propios cuya única finalidad era responder a tal objetivo, alterando con ello la opinión pública”.