El juez sienta en el banquillo a Francisco Granados por la caja b del PP de Madrid

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica en la Audiencia Nacional, ha enviado al banquillo a siete personas por su presunta implicación en la caja b del PP de Madrid y el desvío de fondos públicos durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre. El magistrado ha abierto juicio oral, entre otros, contra Francisco Granados, ex secretario general de la formación conservadora y antigua mano derecha de la presidenta autonómica; y a Beltrán Gutiérrez, su exgerente. La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 10 meses de cárcel para Granados, que ya fue condenado en 2017 a dos años de prisión por el chivatazo que le dio un guardia civil sobre la investigación abierta contra él. El ministerio público también solicita tres años y medio de reclusión para Gutiérrez.

Los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, contra los que llegó a dirigirse la acusación en el momento culmen de la instrucción, ya fueron desimputados de esta parte de las pesquisas por falta de pruebas en 2022. Y su sucesora, Cristina Cifuentes, en 2021.

Con la decisión de este miércoles, que deja el sumario pendiente de que lo enjuicie la Sala de lo Penal, el magistrado pone el punto final a una larga causa sobre la financiación irregular del PP de Madrid, que tiene su origen en el hallazgo “casual” de una agenda Moleskine en casa de Granados, durante los registros ejecutados por la Guardia Civil en octubre de 2014. Los investigadores cercaban entonces al dirigente del PP por los oscuros negocios que había tejido con el empresario David Marjaliza, que le permitió amasar supuestamente una fortuna en Suiza. Pero, durante la entrada en su domicilio, encontraron esa libreta, que contiene múltiples apuntes del secretario general sobre actos de la campaña de las autonómicas de 2011 y supuestas referencias sobre la caja b.

La agenda Moleskine incluía diversas anotaciones ordenadas en dos columnas y encabezadas, cada una de ellas, por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”. Según los agentes, esos escritos reflejaban las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo. A los donantes los identificaba por sus iniciales. Y al presunto receptor de una parte de ellas, también: “BG”, Beltrán Gutiérrez, el gerente de la formación.

Ese hallazgo, unido a otras pruebas y a la colaboración del arrepentido David Marjaliza, permitió abrir esta nueva línea de investigación. Las pesquisas llegaron a señalar a la cúspide del PP de Madrid y se imputó a tres expresidentes del Gobierno regional: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Pero los tres fueron sacados posteriormente de la causa. El juez García-Castellón concluyó que no existían indicios suficientes contra ellos, en línea con la Fiscalía y el posterior respaldo de la Sala de lo Penal. Así, se circunscribió toda la responsabilidad de la caja b a Granados y Gutiérrez.

De esta forma, de toda la cúpula de los populares madrileños, solo el ex secretario general y el exgerente afrontarán el juicio por la caja b. La Fiscalía atribuye a ambos un delito electoral. A Granados, también le imputa tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Eso sí, en esta futura vista oral, otros cinco acusados acompañaran a ambos en el banquillo por otras derivadas de la investigación: el desvío de fondos públicos para, por ejemplo, la ejecución de campañas de reputación online en favor de dirigentes del PP. Este grupo lo componen los acusados Borja Sarasola, exconsejeros de la Comunidad en la etapa de Ignacio González; Isabel Gallego, ex jefa de prensa de Aguirre; el empresario Alejandro De Pedro; José Martínez Nicolás; y Diego Mora.

El PP esquiva el banquillo

En el auto de apertura de juicio oral, fechado este miércoles, el juez García-Castellón ha rechazado la pretensión del PSOE de sentar en el banquillo como partícipes a título lucrativo al PP (como persona jurídica) y a los 72 diputados populares que resultaron elegidos en los comicios regionales de 2011 —incluido los expresidentes Aguirre, González y Cifuentes—. Los socialistas, personados como acusación popular junto a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), consideran que el partido conservador y sus parlamentarios fueron los grandes beneficiarios del exceso de gasto electoral y su ocultación perpetrado por las cúpulas del PP madrileño. Y, por ello, reclamaban que respondieran económicamente por ello.

Sin embargo, el magistrado instructor lo rechaza. García-Castellón expone que, a esta altura del procedimiento y tras una “prolongada instrucción”, no puede prosperar la solicitud “genérica” del PSOE y Adade, a los que reprocha que no hagan una exposición “concreta” de cuál sería la responsabilidad civil atribuible al PP y a cada uno de los 72 exdiputados. El juez también desestima la solicitud de la Fiscalía de citar como partícipes a título lucrativo a los expresidentes Aguirre y González, a los que reclama 26.000 y 28.293,22 euros respectivamente.

Aguirre fue la gran beneficiaria de la caja b del PP de Madrid y su figura siempre se situó en el epicentro. Ella encabezó los tres órganos donde anidó la corrupción —Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid)— y el dinero supuestamente desviado se usó para financiar sus actos electorales e, incluso, pagar una campaña online a su favor.

Esta investigación sobre la financiación irregular del PP de Madrid ha guardado un gran paralelismo con las pesquisas abiertas sobre la caja b del PP nacional, dentro del caso Gürtel. La contabilidad paralela que llevó durante lustros el extesorero popular Luis Bárcenas, que le ha supuesto tres condenas al PP por beneficiarse de la trama del empresario Francisco Correa para costear actos del partido, quedó reflejada en los bautizados como papeles de Bárcenas. Y Bárcenas contó que existía una dinámica similar en las organizaciones territoriales de la formación, que se encargaban de buscar sus propios donantes. El extesorero añadió que él conoció los detalles del sistema de financiación irregular del PP de Madrid porque le pidieron ayuda para la “captación de fondos” para las elecciones regionales; y remachó que el partido de Aguirre decidió crear Fundescam como un instrumento de recepción de dinero negro de empresarios.