Las agendas marcan Púnica

A las 9.40 del 27 de octubre de 2014, cuando la Guardia Civil se adentra en la casa familiar de Francisco Granados, en Valdemoro (Madrid), los agentes ya conocen muchos detalles de los sospechosos negocios urdidos por el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de Esperanza Aguirre. Los investigadores de la Operación Púnica llevaban cuatro meses escuchando sus conversaciones telefónicas, que apuntalaban la existencia de una “red de tratos de favor, fraudes en las contrataciones públicas y una compleja red societaria con múltiples empresas interpuestas”. Pero lo que no esperaban los guardias civiles era hallar en la buhardilla una agenda que revolucionaría la instrucción al apuntar directamente al partido conservador de Madrid por financiación irregular. Una causa que afronta ahora, casi siete años después de aquel episodio, su recta final: esta semana se cumple el plazo fijado por la Audiencia Nacional para finiquitar las pesquisas.

De hecho, a las 15.00 de ese 27 de octubre, cuando los guardias civiles se marcharon de la vivienda del dirigente popular tras más de cinco horas de registro, aún no se imaginaban la dimensión que alcanzaría esa libreta de color negro con el anagrama de “Moleskine”. Tenían sus sospechas, por supuesto. La prueba contenía múltiples apuntes de Granados sobre actos electorales y, además, incluía diversas anotaciones ordenadas en dos columnas y encabezadas, cada una de ellas, por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”. Tras analizarla, los agentes concluyeron que era un registro detallado del ex secretario general del PP, jefe de campaña para los comicios de 2011, donde apuntaba las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo. A los donantes los identificaba por sus iniciales. Y al presunto receptor de una parte de ellas, también: “BG”, Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación madrileña.

Ese “hallazgo casual”, como lo definió la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del pasado 20 de mayo, permitió abrir dentro del caso Púnica una línea de investigación específica sobre la presunta financiación irregular del PP, bautizada como Pieza Separada número 9, rodeada de una enorme repercusión mediática. Esta ha llevado a imputar a tres de los expresidentes autonómicos: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes —aunque la causa contra esta última se archivó el pasado abril—. Pero el juez Manuel García-Castellón, a la cabeza de las pesquisas, considera desde hace meses que esta parte de la instrucción está “agotada” y que debe cerrarse para acordar si se envía a juicio a los implicados o si, por el contrario, se da carpetazo a las acusaciones.

En verano de 2020, García-Castellón decidió ampliar un año más la investigación del caso Púnica pese a las quejas de Esperanza Aguirre. El juez de la Audiencia Nacional fijó entonces el 29 de julio de 2021 como nueva fecha de vencimiento. Ese plazo se cumple el próximo jueves, pero la acusación popular y la Fiscalía consideran que todavía quedan pesquisas por hacer dentro de la Pieza Separada 9. Sobre todo, después de que Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y actualmente en prisión por el caso Gürtel, presentase este abril una serie de facturas que, según dijo, evidencian que existió otra vía de entrada de fondos irregulares en la formación por más de un millón de euros.

Sin embargo, el magistrado no comparte la idea del ministerio público. Después de que la Sala de lo Penal ya instase el pasado febrero a “no demorar por más tiempo la conclusión” de esta “larguísima instrucción”, García-Castellón decidió el 12 de mayo abrir otra Pieza Separada —la 13— centrada en las revelaciones del exalcalde de Majadahonda, e instruir estas de forma independiente a la número 9. Una opción que ha recurrido Anticorrupción, que defiende que el testimonio de Ortega evidencia la presunta existencia de otra pata más de financiación irregular y, por tanto, no puede desgajarse.

Pieza “terminada”

“Parece desprenderse del texto del auto de formación de la pieza, en relación a los plazos de instrucción, que la cuestión no está tanto en si los hechos son conexos, o no, como en que el instructor ha manifestado su íntima convicción de que la pieza 9 está terminada”, reprochó el ministerio público al juez en su recurso, pendiente de resolver, donde se hace hincapié en que esta línea de investigación no lleva abierta desde hace siete años, sino desde 2016.

Para ello, en su escrito, el ministerio público repasa a lo largo de 17 páginas los hitos de Púnica, cuyo origen sitúa en la querella que se presentó en junio de 2014 donde “no se hacía mención alguna a una posible investigación cuyo objeto fuesen las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas autonómicas de 2007 y 2011, como tampoco las derivadas de las elecciones generales de 2008, en relación al PP de Madrid”. Entonces, tenían la diana puesta exclusivamente en Granados, quien había “utilizado sus influencias políticas y públicas desde los puestos que ocupó, primero [como alcalde] de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid, para favorecer” a constructores como David Marjaliza y Ramiro Cid, “recibiendo diversas contraprestaciones por ello”.

No sería, continúa la Fiscalía, hasta que se estudió a fondo la Moleskine hallada de forma “casual” en casa de Granados, cuando se dio el salto en las pesquisas y se pasó a apuntar al PP de Aguirre. “Fue por un auto de 10 de febrero de 2016 por el que se autorizó la apertura de esta nueva línea de investigación, por lo que puede decirse que fue a partir de tal fecha cuando judicialmente se inicia la investigación sobre los hechos que darían lugar a la pieza 9”, resalta Anticorrupción, que considera “verosímiles” las anotaciones de la Moleskine que implican a Granados y Gutiérrez.

Estos apuntes reflejarían “una sobrefinanciación no declarada en las campañas electorales, así como una vía de obtención de fondos prohibida”, concluye el ministerio público.