Cifuentes, fuera de Púnica; Aguirre y González siguen dentro

Manuel García-Castellón, juez del caso Púnica, archivó este martes las pesquisas contra Cristina Cifuentes, una de los tres expresidentes madrileños imputados por esta trama de corrupción urdida supuestamente para financiar ilegalmente al PP autonómico, entre otros extremos. El magistrado concluye que Cifuentes no ostentaba entonces ningún cargo de suficiente implicación, al contrario que Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes situó en la cúspide de la toma de decisiones para el desvío de dinero público desde el Gobierno regional.

El juez instructor adopta esta decisión en plena campaña electoral en la Comunidad y, aunque de forma aislada, algún parlamentario del PP no desaprovechó este martes la ocasión para cargar contra la izquierda, a la que exigieron “pedir perdón”. La propia Cifuentes también se manifestó a través de Twitter: “Después de tres años de linchamiento, de vivir un auténtico calvario, la Audiencia Nacional rechaza mi participación en Púnica. Siempre fui inocente. ¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿Y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?”.

El sumario del caso otorga a Cifuentes un papel menor, muy distinto al que perfila para sus dos predecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, que permanecen imputados.

Cifuentes. La Guardia Civil detectó presuntas “irregularidades” en la adjudicación de los servicios de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en 2009 y 2011. Esos contratos se concedieron al Grupo Cantoblanco, liderado por Arturo Fernández, señalado como uno de los empresarios que financió irregularmente a los populares madrileños a través de donaciones a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad).

Cifuentes había sido patrona de Fundescam y formó parte de la mesa para otorgar esa adjudicación, pero el juez afirmó este martes que no existen indicios suficientes que acrediten que actuase movida por “una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones [al PP] que había realizado”. Según García-Castellón, la expolítica había salido del patronato de la fundación, donde nunca ocupó un cargo relevante: “Ni presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora”. Por tanto, dice, su implicación en esta entidad era “irrelevante” y “no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Fernández en Fundescam”.

Así, tras tomar declaración a varios miembros de la mesa de adjudicación (incluido alguno de otro partido), el juez concluye que no se aprecia “arbitrariedad” en dicha concesión. Además, el magistrado recuerda que solo la declaración de otra investigada sitúa a Cifuentes en reuniones con uno de los empresarios implicados en la trama, algo que ella y su supuesto interlocutor negaron.

Aguirre. El poder de Esperanza Aguirre en aquella época era, en cambio, muy distinto. En su auto de imputación en 2019, el juez atribuyó a Aguirre la “supervisión” de los mecanismos irregulares detectados en la trama y de la supuesta caja b del partido regional. Ocupó la presidencia de Fundescam de 2004 a 2010 —una de las supuestas herramientas de financiación irregular—. Mantenía jerarquía directa y una estrecha relación con los principales implicados: como el entonces vicepresidente Ignacio González; Francisco Granados, consejero y secretario general del PP de Madrid; o Beltrán Gutiérrez, gerente del partido. Además, en base a la declaración de otro exconsejero y del empresario Horacio Mercado, se le sitúa en reuniones con este último donde se dieron presuntamente directrices para beneficiarlo.

Además, Aguirre fue la gran beneficiaria de la trama, con la supuesta financiación de sus campañas electorales o el desvío de dinero para pagar iniciativas de mejora de su imagen en internet.

González. Procesado también por el caso Lezo, se le sitúa en las reuniones con Mercado. Era también patrono de Fundescam —para la que aprobó subvenciones que supuestamente acabaron desviadas—. Además, otras dos de las empresas públicas usadas por la trama, la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II, estaban bajo sus órdenes directas.