El juez archiva la causa contra Cristina Cifuentes en el ‘caso Púnica’

El juez Manuel García-Castellón ha archivado la línea de investigación abierta en el caso Púnica contra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exlíder del PP autonómico. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado este martes un auto donde acuerda sobreseer el procedimiento abierto contra la exdirigente popular, a la que se atribuían presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación del contrato de servicios de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en las licitaciones de 2009 y 2011. Además, el instructor concluye que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Esta resolución supone una importante victoria para la expresidenta, que cierra así el segundo frente que tenía abierto en los tribunales. El pasado febrero, la Audiencia Provincial de Madrid también la absolvió tras celebrarse el juicio por el caso máster al considerar que no existían pruebas suficientes contra ella de un delito de falsificación de documento público, aunque sí se condenó a cárcel a una asesora del Gobierno autonómico y a una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos por fabricar el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) que Cifuentes esgrimió al estallar el escándalo para tratar de esquivarlo. En esa sentencia, además, los jueces concluyeron que las excusas de la expresidenta se encontraban cargadas de “incongruencias, incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado”.

En su auto de este martes sobre el caso Púnica, García-Castellón incide en que la investigación contra la exlíder del PP nace de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analizó los contratos entre la Asamblea y el Grupo Cantoblanco, encabezado por Arturo Fernández y señalada como una de las compañías que financió ilegalmente a los populares madrileños a través de donaciones a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid). Los agentes informaron de “presuntas irregularidades” en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedor; y añadieron que estas concesiones “pudieron ser decididas” de antemano.

Según apuntaba la UCO, se habían detectado aportaciones económicas de Arturo Fernández a Fundescam antes de las adjudicaciones de los contratos. Y estas cantidades, según el informe policial, se destinaron a sufragar gastos electorales del partido de Cifuentes, que pertenecía también al patronato de la fundación y que había formado parte de la mesa de adjudicación. Pero el magistrado, tras resumir las pesquisas desarrolladas hasta ahora, concluye que “no se ha podido acreditar” la implicación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en cualquier irregularidad.

Entre otros aspectos, el magistrado recalca que no se encontraron pruebas de que Cifuentes “tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam”. “No ha resultado acreditado que ostentara cargo alguno en la fundación, como presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora de la misma”, subraya el juez, que considera “irrelevante” el nivel de implicación de la expolítica en esta entidad. Simplemente, apostilla el auto, fue patrona de ella, cargó del que fue cesada en 2008. Por tanto, concluye García-Castellón, “la imputación a la investigada de un previo y certero conocimiento de la existencia de aportaciones económicas por parte de donantes a las cuentas de Fundescam es fruto de una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente”.

“De este modo, no se puede sostener que Cifuentes tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández en Fundescam. Por lo que, en consecuencia, no se puede inferir de manera racional que su actuación en el proceso de licitación estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que este había realizado en la Fundación señalada”, añade el magistrado en su resolución, que considera que la adjudicación a Cantoblanco “fue consecuencia de un proceso objetivo y reglado, sin que se aprecie actitud arbitraria ninguna por parte de los investigados”. Por ello, desimputa también a Arturo Fernández y a Tatiana Recoder, letrada de la Asamblea madrileña.

“Una mera sospecha”

El juez rechaza también la participación de Cifuentes en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid a través de la empresa Swat, administrada por Juan Miguel Madoz: “No se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno”, explica el magistrado. Según añade el instructor, esta imputación se sustentaba en la declaración de Isabel Gallego, exdirectora general de Medios de la Comunidad, que situó a Cifuentes en algunos encuentros con responsables de dicha compañía. Tanto Madoz como la expresidenta negaron que se reunieran. Y fuentes del entorno de Gallego insisten en que a esas citas acudían muchas más personas y nunca se abordaron temas de financiación.

Esta resolución de García-Castellón adelgaza la instrucción de Púnica, que mantiene imputados a importantes exdirigentes del PP, como Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Este último, de hecho, ya fue condenado en una de las líneas de investigación abierta por estas pesquisas: la Audiencia Nacional le impuso dos años de cárcel, confirmados después por el Tribunal Supremo, por el chivatazo que recibió en 2014 de que estaba siendo investigado por la UCO y que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero.