Facturas falsas en nombre de la democracia

El 2 de septiembre, Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, no solo decidió investigar a la expresidenta Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza del caso Púnica que intenta esclarecer la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. También hizo un detallado resumen de la estrategia supuestamente empleada por el partido para lograr ese fin, a la que los investigadores atribuyeron tintes groseros. La trama habría empleado subvenciones públicas a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), dependiente del partido y dedicada a difundir entre los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático, para pagar desde sus cuentas gastos electorales del PP valorados en más de medio millón de euros.

"Concedida la subvención, los pagos a proveedores se desviaron groseramente de los fines fundacionales establecidos en sus estatutos: difundir a los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático, la realidad sociocultural y política de nuestra región", recoge el auto sobre la presunta financiación de gastos particulares del partido y electorales de tres campañas electorales —las autonómicas de 2007 y 2011; y las generales de 2008—. "En la petición de la subvención simularon que los fondos iban a ir dirigidos a sufragar supuestas actividades de conocimiento democrático, a sabiendas de que no iba a ser así".

No fue, sin embargo, la única vía de financiación del partido a través de la fundación, según los investigadores. Así, habría habido "aportaciones de empresarios a la Fundación por un importe cercano a los 350.000 euros, a sabiendas de que el dinero iba a costear gastos electorales de los comicios del año 2007", según el sumario. "Su ingreso en las cuentas bancarias de la Fundación permitió eludir la normativa que prohíbe a los empresarios que sean contratistas con la Comunidad realizar entregas de dinero para pago de gastos electorales y superar los límites establecido para las subvenciones en la LOREG y en la Ley de Financiación de Partidos".

El juez, además, investiga la cláusula que obligaba a emplear en publicidad el 1% de las licitaciones públicas, privilegiando en la concesión de las campañas consecuentes a un grupo de empresas de comunicación para que estas recuperaran, presuntamente, el dinero que no les había pagado el PP de Madrid por trabajos para las elecciones. Y también el supuesto sistema para pagar campañas de reputación en internet a favor de Aguirre, González y otros dirigentes con dinero de empresas públicas de la Comunidad, o de privadas que eran adjudicatarias de contratos públicos.

Según el auto de imputación, "la investigación arroja indicios racionales" de que Aguirre "sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". Y añade: "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM".

Aguirre dará su versión el viernes, cuando tiene cita para declara en el juzgado. Antes, el jueves, lo podrá hacer el también expresidente Ignacio González, como ya lo hizo la pasada semana Cristina Cifuentes.