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Todos contra todos por la Púnica en el PP de Madrid

Aguirre, González y dos exconsejeros declaran esta semana por la presunta financiación ilegal del partido

Francisco Granados y Esperanza Aguirre, en una imagen de 2011. Ampliar foto
Francisco Granados y Esperanza Aguirre, en una imagen de 2011.

Con la campaña de las elecciones generales en el horizonte, el PP contiene la respiración mientras espera a escuchar las declaraciones como imputados en el caso Púnica de dos exconsejeros y de dos expresidentes de la Comunidad de Madrid. Juan José Güemes y Manuel Lamela acuden hoy a los juzgados. El jueves llegará el turno de Ignacio González, que estuvo al frente de la Comunidad entre 2012 y 2015. Y el viernes declarará Esperanza Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, culminando la procesión de cargos de su máxima confianza convocados para aclarar la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Antes de la semana clave, ya otros colaboradores de la exlíder popular se han reprochado ilegalidades entre ellos, convirtiendo el juzgado en un ring de acusaciones cruzadas sin apuntar a quien fuera su jefa.

Los investigadores intentan responder dos preguntas.

La primera. ¿Quién ideó y ejecutó la cláusula que obligaba a emplear en publicidad el 1% de las licitaciones públicas, privilegiando en la concesión de las campañas consecuentes a un grupo de empresas de comunicación para que estas recuperaran, presuntamente, el dinero que no les había pagado el PP de Madrid por trabajos para las elecciones?

Y la segunda. ¿Quién articuló el supuesto sistema para pagar campañas de reputación en internet a favor de Aguirre, González y otros dirigentes con dinero de empresas públicas de la Comunidad, o de privadas que eran adjudicatarias de contratos públicos?

Los hechos contenidos en el sumario revelan un duro cruce de acusaciones entre los investigados de la Púnica a la hora de responder a esas dos cuestiones.

Isabel Gallego, exdirectora general de medios y persona de la máxima confianza de González y Aguirre, señaló, respectivamente, a los exconsejeros Lamela y Borja Sarasola.

Lamela, en su declaración como testigo de 2017 ante la Guardia Civil, detalló que recibió "instrucciones precisas" sobre cómo actuar en las contrataciones de publicidad durante una reunión a la que acudieron todos los consejeros, "la presidenta [Aguirre], el Gabinete de la Presidenta, la dirección general de Medios de Comunicación de la CAM [encabezada por Gallego]".

Germán Rasilla, exasesor de Lamela, apuntó que toda decisión debía ser aprobada por la dirección general de medios, a cuyo frente estaba Gallego.

Sarasola, por su parte, eludió cualquier responsabilidad cuando declaró el 9 de octubre y aseguró que todo se organizaba desde la Comunidad.

Y Francisco Granados, exconsejero regional encargado de las campañas del PP, empleó el mismo argumento: todo, vino a decir, se cocía en la Real Casa de Correos.

Isabel Gallego, exdirectora general de medios. "Respecto al 1 por ciento de las obras destinado a promocionarlas, es un mecanismo que dependía de las propias consejerías y no de la Dirección General de Medios", aseguró Gallego en una confesión escrita de 2018. "Es un sistema que impulsó Manuel Lamela, consejero de Sanidad de 2004 a 2007 y de Transportes de 2007 a 2008", acusó. "La iniciativa fue copiada por otras consejerías, pero no había una norma que lo regulara. De hecho, otros consejeros como Beteta o Güemes se negaron a aplicarla".

En ese mismo texto, la directora general de medios también dio su versión de los servicios prestados por la empresa de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos cabecillas de la trama Púnica, para mejorar la imagen de los políticos del PP en internet. El empresario tejió una red de medios y cuentas en Twitter para sepultar con noticias escritas a la carta las que eran negativas para los intereses de sus clientes.

"Alejandro de Pedro pactó con Borja Sarasola la oferta económica de los trabajos reputacionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González, así como los métodos de pago, que pasaban por adjudicatarias del Canal de Isabel II", acusó Gallego al exconsejero y exviceconsejero. "Salvador Victoria copia el mismo modelo para pagarle, pero tropieza con problemas de tramitación en el concurso de publicidad del Canal de Isabel II y descarta esa vía", siguió. Y añadió:" El 2 de abril de 2012, Sarasola recibe por mail la "valoración económica" para comenzar con los trabajos para Esperanza Aguirre e Ignacio González fijada en 3.000 y 3.500 euros al mes respectivamente. Se reúnen dos días más tarde,- el 4 de abril de 2012 y en un correo de esas fechas ambos hacen alusión a Isabel Gallego como interlocutora para los trabajos de Esperanza Aguirre y a Isabel Díaz Ayuso para los de Ignacio González. (En realidad esto es un error de la UCO, pues era justo al revés). Es curioso que sea Borja Sarasola quien reparte y da instrucciones sobre aspectos de organización del trabajo que corresponderían a la DGM (dirección general de medios). Además, hace una distinción entre Ayuso (PP) y Gallego (Gobierno)".

Manuel Lamela, exconsejero. En su declaración ante la Guardia Civil, el político popular detalló lo siguiente, según la transcripción de los agentes. "Que a principio de legislatura se realiza una reunión interna de trabajo donde se nos presenta el logo Madrid la suma de todos. Que a esta reunión acuden los consejeros de la Comunidad, la presidenta [Aguirre], el Gabinete de la Presidenta, la dirección general de Medios de Comunicación de la CAM [encabezada por Gallego] y Daniel Horacio Mercado [presidente de Over Marketing] (...) En esa reunión se dan instrucciones precisas para que se incluya a Over Marketing y Daniel Horacio Mercado en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación".

Cuando los investigadores le pidieron qué mensaje le transmitió a su equipo de la consejería para actuar en consecuencia, Lamela manifestó: "Que incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas a contratar en materia de publicidad y comunicación en base a las instrucciones recibidas desde Presidencia de la Comunidad de Madrid".

German Rasilla, exasesor técnico de la consejería de Sanidad. Rasilla declaró el 16 de septiembre, y con sus palabras estrechó el cerco sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, también imputada en la pieza del caso Púnica que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

"Me cita el consejero (Lamela) en su despacho y me informa de que viene de una reunión en Presidencia del Gobierno donde se le han dado instrucciones de contar y contratar con un grupo de empresas concretos, que las competencias en publicidad y comunicación están residenciadas en Presidencia del Gobierno, y que por lo tanto tenemos que acceder a intentar trabajar con esas empresas", declaró el exasesor de Lamela en la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid. "(...) Lo que sí sabíamos toda la Comunidad de Madrid es que toda la política de comunicación, toda la política de publicidad, y todo lo que fuera ese tipo de trabajos o de gestiones, las órdenes se daban desde allí, desde Presidencia del Gobierno (...)", añadió. "En el año 2006 cambió la norma. Anteriormente lo que había era una comunicación permanente con presidencia del Gobierno a través de la dirección general de medios (...) y ellos tenían que autorizarte", siguió, señalando al departamento que dirigía Gallego, a quien no llegó a mencionar en ningún momento. "Yo tenía que despachar en la consejería con el consejero de Sanidad, que era mi jefe directo, y en la dirección general de medios, yo tenía una relación habitual, que no estaba reglada (...)", abundó. Y remató: "Había un control férreo sobre toda la acción de comunicación del Gobierno. Férreo".

La misma línea argumental ha sido seguida por otros altos cargos de la época que han declarado en septiembre como imputados. 

Borja Sarasola, exconsejero . El exconsejero de la Comunidad de Madrid rechazó la pasada semana cualquier vínculo con la financiación irregular del PP regional entre 2003 y 2011, durante las etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la formación. Fuentes jurídicas discrepan sobre el contenido de su declaración, a puerta cerrada. Según unas, Sarasola manifestó que era Isabel Gallego, la exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid, la que se encargaba de todo lo relacionado con la publicidad. Según otras, ese nombre no se mencionó en ningún momento.

Sarasola también habría señalado que conoció a De Pedro a través de Isabel Díaz Ayuso, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces especialista en comunicación del PP de Madrid.

Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid. El exconsejero de la Comunidad y exsecretario general del PP de Madrid declaró que durante su etapa al frente del partido se dio cuenta de que había empresas privadas que no facturaban al PP de Madrid, pero que trabajaban en las campañas electorales. Y que luego vio que esas empresas eran contratistas de la Comunidad de Madrid, por lo que intuye que cobrarían de aquí.

"Lo que manifesté a las señoras fiscales es cuál era mi impresión", dijo Granados. "Había una serie de acciones que desde luego yo no oí en la sede y había unas empresas que hasta donde yo sé no estaban contratadas por el partido y estaban participando (...)", siguió. "Esas empresas, habría quedado demostrado, está en otro sumario, han cobrado o han sido contratadas por la Comunidad de Madrid. Entiendo que esa fue la forma de remunerarles. Pero yo, evidentemente, no les he contratado nunca ni tengo capacidad para demostrarlo".

Un informe de la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid dejó de pagar más de  300.000 euros de su campaña a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 gracias al trato de favor dispensado al empresario Daniel Horacio Mercado, presidente de Over Marketing. El documento especifica que este no facturó 150.000 de la precampaña popular de marzo de aquel año. Otra parte de sus servicios, valorados en 88.000 euros, se los abonaron constructoras beneficiadas con contratos de la Comunidad de Madrid, siempre según el documento. Y 87.000 euros los sufragó David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que colabora con la justicia de 2015. Este constructor aseguró al juez que pagó a las empresas de Mercado por indicación de Granados.

Así explica el juez la cláusula del 1%

“Se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la Comunidad, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada”, argumenta el juez Manuel García Castellón en el auto de septiembre en el que imputó a cuarenta personas (entre ellas Aguirre) por su presunta implicación en la financiación ilegal de la formación conservadora. “Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el SERMAS, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud, y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad para una pretendida campaña de “concienciación a los motoristas”, sigue. “En este segundo supuesto el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el Pliego”, añade. “Esto producía un perjuicio a las arcas públicas, al verse minorados sus fondos en ese 1%”, subraya. “Dichas empresas, que solían ser grandes constructoras y empresas gestoras de los hospitales, no contrataban la publicidad de su obra, se limitaban a atender las órdenes de pago de las facturas emitidas por las mercantiles del investigado Horacio Mercado (como Over Marketing), que les eran remitidas desde la Consejería implicada”, apunta. Y recalca: “Muchas de ellas con publicidad que no se realizó”.

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