La factura de Gürtel y Púnica

Los Gobiernos de la Comunidad de Madrid contrataron entre 2008 y 2015 casi 200 millones de euros con empresas investigadas en los casos Gürtel y Púnica, según un informe de la Cámara de Cuentas de marzo de este año que denuncia fraccionamientos irregulares de contratos y adjudicaciones que considera contrarias a la ley. Nadie, sin embargo, se atreve aún a ponerle cifra al coste total de la corrupción en una región donde las mordidas y las adjudicaciones con sobreprecio crecieron hasta cristalizar en las tramas de los casos Lezo, Ciudad de la Justicia, Gürtel o Púnica. El precio, por ahora, se paga en carreras políticas truncadas. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas expresidentas regionales, fueron imputadas este lunes en ese último caso, provocando un terremoto político del que se intentó aislar Isabel Díaz Ayuso, la nueva líder regional, colaboradora de ambas durante años en el PP de Madrid.

“Son temas que son de hace más de dos legislaturas y lo que tengo que hacer es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado”, dijo la actual presidenta en Onda Cero frente a la gran cantidad de consejeros y altos cargos imputados que acumula el PP.

La formación conservadora ha dirigido los destinos de la Comunidad ininterrumpidamente durante los últimos 24 años. De los cinco presidentes populares que han llevado el timón de la región, cuatro han tenido problemas con la justicia.

Por el caso Lezo fue imputado Alberto Ruiz-Gallardón, que luego dejó de estar investigado, y pasó por prisión preventiva Ignacio González. Por Púnica han sido imputadas ahora Aguirre y Cifuentes. Solo Ángel Garrido, que durante años fue el lugarteniente de confianza de Cifuentes, ha dejado el cargo sin tener luego problemas con la justicia.

Hoy es consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de Díaz Ayuso, por lo que forma parte del primer Gobierno de coalición de la historia de la región. Una combinación que puso ayer en la diana a Ciudadanos, el socio gubernamental del PP, que optó por prolongar la permanencia en el poder de la formación conservadora en lugar de negociar con el PSOE, que ganó las elecciones de mayo con Ángel Gabilondo como candidato.

No es un dato menor. Desde 1991 a 2015, los populares ganaron todas las convocatorias electorales en Madrid. Mientras gobernaban Aguirre (2003-2012) y González (2012-2015), las consejerías de la Comunidad de Madrid y las entidades del sector público dependientes del Gobierno firmaron miles de contratos valorados en 172 millones de euros con empresas relacionadas con las tramas de Gürtel (133,7 millones) y de Púnica (59,4). La mayoría fueron para obras. Los hubo también para eventos deportivos, en los que las contratadas lo suministraban todo: desde la moqueta para los escenarios, hasta la cartelería, la iluminación, el sonido y la imagen, la decoración floral... Y, finalmente, algunos fueron verbales, para fiestas.

“Se han producido fraccionamientos del objeto de los contratos que permitieron eludir los principios de publicidad y concurrencia”, lamentaba el informe de la Cámara de Cuentas sobre varios acuerdos con empresas investigadas en Gürtel. “El expediente de contratación del contrato de suministro de una bomba de calor para el centro de salud Goya”, ejemplificaba sobre otro contrato con una empresa del sumario de Púnica; “adolece de diversas irregularidades que supusieron un considerable detrimento de los principios de igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia que informan la contratación pública. Tampoco se produjo, como exige la Ley, el contraste del presupuesto de licitación con el mercado como garantía razonable de la obtención de la oferta económicamente más ventajosa”.

Derrota electoral

El progresivo desgaste electoral con el que se fueron castigando los casos de corrupción vinculados al PP culminó en su derrota en los comicios de mayo de 2019, primera desde 1991, que pareció marcar un final de ciclo que Cs impidió al pactar con el PP y con Vox para impedir que gobernara la izquierda.

“Desgraciada y tristemente, no estoy sorprendido, porque esto no es coyuntural, es algo estructural en el PP de Madrid”, dijo este lunes José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas de Madrid. “En estos años de gobierno ha creado un auténtico régimen que está trufado de corrupción, secuestrado por la corrupción”, siguió. “Concurrieron a las elecciones dopados”, siguió el también diputado nacional. “Es gravísimo que sigan gobernando, con el apoyo inestimable de Ciudadanos, cuando no ganaron las elecciones”, subrayó. Y remató: “Ellos tienen una buena parte de responsabilidad de lo que está pasando y de lo que pueda pasar en el futuro: pudiendo optar por un Gobierno de cambio, optaron por mantener a Gobiernos que al menos algo tienen que ver con la corrupción”.

Ignacio Aguado, el líder regional de Cs, firmó un pacto de investidura con Cifuentes. Con ella pactó y aprobó tres Presupuestos. Se negó a apoyar la moción de censura que impulsó el PSOE contra ella cuando estalló el escándalo del caso máster. Y usó la palanca de esa iniciativa para forzarla a dimitir, bajo amenaza de dejarla caer. Ahora es el vicepresidente de Díaz Ayuso.

“Lo que puedo garantizar como vicepresidente es que en el Gobierno de la Comunidad no va a haber corrupción, al menos no se va a tolerar que haya corrupción y no solo vamos a exigir dimisiones en el caso de imputaciones sino que vamos a poner en marcha mecanismos para que no se pueda volver a vivir nunca casos como el de Púnica, Lezo o Gürtel”, dijo Aguado, que se ha comprometido a proteger a los denunciantes de corrupción.

“La primera condición que se puso encima de la mesa para conformar el Ejecutivo de coalición es que supusiera un punto final a la corrupción en la Comunidad de Madrid”, sostuvo sobre los Gobiernos del PP. “En todo caso tendrán que preguntarles ustedes al PP acerca de las posibles imputaciones tanto de Cristina Cifuentes como de Esperanza Aguirre”, añadió. “Queremos pasar página de una vez por todas y, desde luego, la mejor garantía de que se puede pasar página en materia de corrupción en la Comunidad de Madrid es la entrada de Ciudadanos en el Gobierno”.

Marzo de 2018. Comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Congreso de los diputados. Cifuentes protesta: “Creo que no debería haber venido. La única razón por la que estoy aquí son unas declaraciones de un señor cuya tarjeta de presentación es que es un presunto delincuente [Francisco Granados]. ¿Pero aquí con quién estamos, con las víctimas o con los verdugos?”. Poco después, en abril, Aguirre pasa por la misma comisión. “Yo era una candidata, no tenía nada que ver con la organización del partido ni de la campaña”, asegura. Las dos, dicen, son ajenas a la gestión del PP. Un año y medio después, este lunes, Aguirre y Cifuentes fueron imputadas en el caso Púnica.

Una decisión cargada de simbolismo. La justicia decidirá ahora si el viejo PP —representado por el aguirrismo— y el nuevo PP —personalizado en el cifuentismo— estaban unidos por la presunta corrupción.