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Doce organismos públicos amañaron contratos tras la reunión de Aguirre con Púnica

Seis consejerías y seis entes autonómicos adjudicaron contratos a la empresa de publicidad que hizo la campaña electoral del PP de Madrid en 2007

Esperanza Aguirre, durante su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, en 2016.
Esperanza Aguirre, durante su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, en 2016. EL PAÍS

El informe de la Guardia Civil en el que por primera vez se sitúa a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) en reuniones mantenidas por altos cargos de su Ejecutivo con la trama Púnica destapa supuestas irregularidades en las adjudicaciones de 12 organismos madrileños, entre ellas seis consejerías del Gobierno regional. En todas ellas, las empresas beneficiadas pertenecían al publicista que asistió a estas reuniones y que trabajaba para las campañas electorales del PP de Madrid. Sus sociedades recibieron 7,4 millones en contratos públicos.

El informe, incorporado el 25 de marzo al sumario del caso Púnica que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas” con Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América —todas ellas propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado— ante la sospecha de que sirvieron para financiar de manera irregular las campañas electorales del PP de Madrid de los años 2003 y 2007. De hecho, entre los siete delitos que los agentes aprecian se encuentran los de financiación ilegal de partido político y delito electoral.

El exhaustivo análisis de la Guardia Civil señala como una de las licitaciones supuestamente amañadas la convocada por la Consejería de Empleo y Mujer para diseñar su estrategia de comunicación para los años 2005 y 2006. La Guardia Civil recoge que, por ese contrato, Over —la sociedad matriz de la trama empresarial de Mercado— facturó en 2006 cerca de 200.000 euros, cuando en realidad el trabajo realizado tenía un coste de 18.466 euros. Los agentes concluyen que esa desproporción “no es posible con el solo concurso del empresario sino que debe contar con el conocimiento y autorización de autoridades y funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid”.

También está bajo sospecha el contrato que el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados —imputado como presunto cabecilla de la trama—, adjudicó también a Over para la promoción de la Casa de Madrid en Argentina, a cuya inauguración acudieron en marzo de 2007 el que entonces era número tres del Ejecutivo de Aguirre y la entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Ana Botella. La Guardia Civil asegura haber localizado sobrecostes y el fraccionamiento irregular del contrato para poder adjudicarlo sin concurso. Los investigadores también han hallado un convenio de la Fundación Arpegio, cuyo presidente también era Granados, por la que se financió a este centro con 142.000 euros. Estos fondos fueron supuestamente “desviados” a Over. El rastro de este dinero ha llevado a los investigadores hasta una cuenta a nombre de la sociedad panameña Manila Investment Inc, disuelta en 2011.

Hospitales públicos

Las empresas de Mercado también recibieron supuestamente trato de favor de la Consejería de Sanidad para hacerse con las campañas de promoción institucional de la construcción de 11 hospitales y otros tantos centros de salud de la Comunidad. El informe detalla que desde esta consejería —encabezada por Manuel Lamela, uno de los asistentes a las reuniones con miembros de la trama que declaró que Aguirre estuvo presente en las mismas— “se remitieron documentos escritos a las constructoras y concesionarias [de las obras] para imponerles el pago de las facturas a Over y sus empresas satélites”. 

Para justificar dichos pagos, el Ejecutivo de Aguirre incluía en los pliegos de licitación una cláusula por la que las empresas adjudicatarias estaban obligadas a invertir el 1% del contrato en publicidad, lo que encarecía el coste para la Administración. Estos trabajos de promoción recaían sistemáticamente en las empresas de Mercado. Un sistema similar fue utilizado desde la Consejería de Transportes tanto para licitar un contrato de publicidad sobre obras de conservación de las infraestructuras de la zona noroeste de la región como otro para una campaña de Seguridad Vial. La Guardia Civil también ha analizado la campaña que la Consejería de Economía lanzó en 2007 para incentivar el pago de impuestos, y por la que Over obtuvo más de 200.000 euros de beneficio.

Además de las adjudicaciones de estas seis consejerías, están bajo sospecha licitaciones de seis entes públicos madrileños. Arpegio —de la que dependía la Fundación que abonó 142.000 euros para el centro regional en Argentina— adjudicó a las empresas de Mercado contratos por más de 540.000 euros por la campaña institucional del Plan Prisma, un programa multimillonario de inversiones públicas bajo control de Granados en el que se investigan también otras irregularidades. El empresario argentino también recibió presuntamente trato de favor de Madrid Comunidad Digital, de la Agencia Madrileña para la Emigración (AME), del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), de la sociedad de Gestión y Desarrollo el Medio Ambiente (Gedesma) y de la sociedad Campus de la Justicia. Este frustrado proyecto terminó dejando un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros que ya investiga otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

328.090 euros para la campaña del PP de 2007

El informe de la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid dejó de pagar 328.090 euros de su campaña a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 gracias al trato de favor dispensado al empresario Daniel Horacio Mercado. El documento detalla que el propio Mercado no facturó 151.503 de la precampaña de marzo de aquel año. Otra parte de sus servicios, valorados en 88.708 euros, se los abonaron constructoras beneficiadas con contratos de la Comunidad de Madrid. Y 87.878 euros los sufragó David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que colabora con la justicia de 2005. Este constructor aseguró al juez que pagó a las empresas de Mercado por indicación de Granados.

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