El juez busca (sin éxito) peritos para el ‘caso Púnica’

El pasado 18 de febrero, a los profesores de la Escuela Politécnica Superior del campus en Leganés de la Universidad Carlos III les llegó un mensaje nada habitual: "Os informamos de que se ha recibido una petición del Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitando expertos para ejercer de peritos. Por favor, difundidlo entre vuestros grupos de investigación y, si hubiera algún interesado, que nos lo comunique a secretaría lo antes posible". Era el penúltimo intento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, para encontrar dos expertos en redes sociales dispuestos a elaborar los informes periciales con los que concluir la investigación judicial sobre los trabajos de reputación online que la trama de corrupción hizo para políticos como Esperanza Aguirre o Ana Botella, y que supuestamente fueron pagados con fondos públicos. Hasta el momento, el magistrado solo ha encontrado un perito. La cercana finalización del sumario -la Audiencia Nacional acaba de fijar el 6 de junio de 2020 como fecha tope para terminar la instrucción- ha convertido la búsqueda del segundo en una urgencia judicial.

Las supuestas irregularidades en el pago de estos trabajos de reputación -investigadas en 4 de las 16 piezas separadas con las que cuenta la macrocausa- ha provocado la imputación de media docena de políticos y puesto bajo sospecha a otros tantos de Madrid, Castilla y León y Valencia, además de a funcionarios y cargos de confianza. Entre los imputados están el que fuera vicepresidente madrileño Salvador Victoria y la exconsejera de Educación Lucía Figar, ambos del PP. Otros dos investigados, la senadora Pilar Barreiro y el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del mismo partido, han tenido más suerte al haber archivado el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente, las investigaciones abiertas contra ellos por estas prácticas.

Las pesquisas sobre este fraude están prácticamente ya concluidas, según destacan fuentes de la investigación, que explican que el objeto de la pericia de los expertos no serán las supuestas irregularidades financieras -ya detallados en los informes de la Guardia Civil-, sino aclarar qué mecanismos utilizaba el empresario Alejandro de Pedro, señalado como el gurú informático de la trama, para mejorar la reputación de los políticos. Los informes incorporados al sumario ya detallan que De Pedro, con la colaboración de los informáticos y periodistas que trabajaban para él en sus empresas EICO Online y Madiva Editorial, neutralizaban las noticias negativas sobre los cargos públicos difundiendo en las decenas de periódicos zombis que controlaban noticias favorables para sus clientes para, de este modo, posicionar estas últimas en los primeros puestos de los buscadores de Internet. "Estos trabajos no son ilegales, ni mucho menos. El delito es desviar fondos públicos para pagarlos", aclaran estas fuentes.

La búsqueda de los dos peritos se inició hace más de 14 meses. El 1 de febrero de 2018, Anticorrupción presentó en la Audiencia Nacional un escrito para solicitar que agentes del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil elaboraran este informe. En concreto, la fiscalía quería que detallasen ocho aspectos de esos trabajos. Desde los sistemas utilizados para desplazar las noticias negativas en la Red hasta el uso de identidades digitales o la construcción de diarios digitales. El juez aceptó la petición fiscal.

La respuesta de la Guardia Civil llegó el 10 de octubre, en forma de informe de seis páginas en el que se hacía un somero repaso de los ochos puntos que reclamaban el magistrado y Anticorrupción. El documento incluía referencias a las manipulaciones de las últimas elecciones presidenciales de EE UU, explicaciones sobre qué era un trending topic y alusiones a los mensajes lanzados desde el perfil de Twitter de Julian Assange durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. La Guardia Civil admitía al final del informe que no contaban con expertos en redes sociales y que el texto se había elaborado con "la información pública existente en Internet y en la experiencia acumulada en la persecución e investigación del cibercrimen".

También a la Complutense

Ante el contenido del informe, Anticorrupción presentó en enero un escrito en el que, tras asumir la "incapacidad" de los agentes para realizar esta pericia, solicitaba al juez buscar dos profesores de la Universidad Carlos III "para que presten su colaboración en esta causa" y, de este modo, "contribuir al esclarecimiento de los hechos objetos de la investigación". El juez acordaba la medida poco después y tramitaba la petición al centro académico. Sin embargo, la respuesta de la Universidad -que difundió la petición de la Audiencia Nacional con el mensaje del 18 de febrero- no fue suficiente. El magistrado revelaba en una providencia del pasado 19 de marzo que solo se había presentado el profesor del Departamento de Informática José Luis Morato. Poco después, este docente ya alertaba de que lo que se le pedía era "un trabajo arduo para ser realizado por una sola persona".

Poco después, el juez ordenaba pedir expertos a una segunda universidad, la Complutense. Sin embargo, la primera respuesta del centro ha sido un jarro de agua fría. El 1 de abril, el magistrado informaba a la fiscalía que la universidad reclamaba mayor concreción sobre el objeto de la pericia al considerar que la petición que había recibido "adolece de una excesiva generalidad que impide delimitar de forma inequívoca" cuál va a ser trabajo. Catorce meses después, la búsqueda del juez del caso Púnica aún no ha terminado