El Supremo confirma la condena a Granados por el chivatazo de la Púnica

El Tribunal Supremo ha hecho público este jueves la sentencia por la que confirma la condena a dos años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso en diciembre de 2017 al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por el chivatazo del caso Púnica que puso en grave riesgo la investigación judicial sobre la trama de corrupción que presuntamente encabezaba el político madrileño. Los magistrados le consideran autor de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público al entender que aquel soplo le permitió obtener "un beneficio económico" ya que le permitió a él y a su socio, el constructor David Marjaliza —que no fue juzgado por estos hechos— "la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos”. Se trata de la primera sentencia firme contra Granados en el caso de corrupción que se destapó en octubre de 2014 y en la que él es el principal implicado en buena parte de las 16 piezas separadas que acumula.

El fallo del alto tribunal también confirma las condenas de los otros dos encausados. Al guardia civil José Manuel Rodriguez Talamino, que participaba en la Operación Púnica instalando sistemas de videograbación, a dos años por violación de secreto agravado; y al agente en excedencia de este Cuerpo José Luis Caro Vinagre, a un año y seis meses por idéntico delito que a Granados. El Supremo destaca en la sentencia el daño que causó la filtración a la investigación y que obligó a precipitar las detenciones, además de impedir que la Guardia Civil pudiera obtener nuevas pruebas sobre los hechos investigados.

La filtración por la que han sido condenados ahora en firme el político y los dos agentes se produjo en septiembre de 2014, poco antes del arresto de Granados. Entonces, Rodríguez Talamino, que trabajaba en la sección de apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de la colocación de cámaras de vigilancia y balizas de seguimiento a delincuentes, recibió el encargo de instalar una cámara en un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a unas oficinas de la localidad de Pinto. El agente averiguó que en esa operación se investigaba a Marjaliza, de lo que el 5 de septiembre de aquel año alertó a su amigo Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del Granados.

A partir de aquel día, Talamino siguió aportando nueva información confidencial al político: le desveló que el grupo que investigaba al constructor era el de Delitos contra la Administración de la UCO, lo que daba a entender que se trataba de un delito de corrupción. Y el 13 de septiembre, de madrugada, ambos guardias se reunieron con Granados en el domicilio de este, momento en el que Talamino informó al político de los avances en la investigación. Estos hechos, considerados probados por la Audiencia Nacional, son ahora ratificados por el Supremo que considera evidente el daño que el chivatazo causó a las pesquisas. En este sentido, recalca que “no solo determinó la retirada de las cámaras, suprimiendo la posibilidad de grabación, sino la misma observación policial", además de permitir que tanto Granados como Marjaliza adoptaran nuevas cautelas, distintas de las que hasta entonces habían observado, dificultando aún más las pesquisas.

En la sentencia, el Supremo rechaza que, como alegaban los condenados, se haya violado su presunción de inocencia y destaca que la filtración permitió al político y su socio obtener un "beneficio económico" ya que pudieron ocultar parte del dinero que habían obtenido supuestamente de modo irregular, en referencia al cerca del millón de euros que trece meses más tarde de su detención la Guardia Civil encontró oculto en un altillo de la casa de los suegros de Granados. Por su parte, Marjaliza también ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria.