Las fiscales del ‘caso Púnica’ piden más tiempo para cerrar la investigación

Las fiscales que investigan el caso Púnica de corrupción han solicitado al juez instructor, Manuel García-Castellón que amplíe el plazo de instrucción por un periodo “que no baje de los cinco años”, a contar desde el inicio de las pesquisas, que arrancaron a mediados de 2014. Las representantes del ministerio público, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, exponen al magistrado una serie de problemas burocráticos y jurídicos que están retrasando la instrucción, por lo que piden que se aplique la excepción legal que permite prorrogar el tiempo de investigación.

Las fiscales, Teresa Gálvez y Carmen García-Cerdá, recuerdan que “están pendientes un gran número de declaraciones de testigos e investigados” que aparecen mencionados en los últimos informes policiales incorporados a la causa, que tiene 16 piezas separadas y cuyo cabecilla es el exconsejero madrileño Francisco Granados.

También falta por llegar a manos del juez una serie de informes periciales sobre mordidas a cambio de favores urbanísticos en Valdemoro, localidad madrileña de la que Granados fue alcalde. Estos informes también deberán incluir una evaluación de los daños al patrimonio municipal causados por esa gestión supuestamente corrupta. Según las fiscales, el perito de la Agencia Tributaria solicitado por el juez para auxiliarle en la investigación “no se ha incorporado a la causa hasta después de estas últimas vacaciones estivales”.

Otro frente que se ha complicado es el exterior. “La cooperación internacional con distintos estados miembros y terceros estados encuentra sus dificultades en el propio entramado que construyeron los investigados para ocultar sus ganancias ilícitas”, señalan las fiscales. “Todavía deben ser remitidas peticiones complementarias y nuevas rogatorias, algunas a países no cooperantes según los informes internacionales”. Es el caso de Singapur. En este país asiático está el supuesto trust de sociedades del empresario David Marjaliza, que colabora con la investigación desde junio de 2015. Desmontar ese entramado permitiría, afirman las fiscales, “reclamar a Suiza las obras embargadas” al constructor.

En dos de las 16 piezas, entre ellas la referida a Arpegio, la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid, los investigadores están encontrando dificultades para esclarecer los hechos debido a la propia complejidad del entramado y la utilización de testaferros.

Las fiscales afirman que tanto las acusaciones como las defensas tienen problemas para acceder a la plataforma digital Lexnet en la que se depositan todos los elementos del sumario y se realizan las notificaciones a las partes. Esta plataforma “no se encuentra en estos momentos plenamente operativa”, y se está gestionando con el ministerio de Justicia un motor de búsqueda para explorar más rápidamente la documentación incautada en formato digital y los correos electrónicos.