El espionaje en el PP con dinero público llega a juicio 10 años después

El Gobierno de Esperanza Aguirre gastó dinero público para espiar a los supuestos adversarios de la que fuera presidenta dentro del Partido Popular, según indican las pruebas que recoge el sumario de la causa abierta por esos hechos y que ahora, diez años después, llega a juicio. Un grupo de asesores de seguridad —guardias civiles y policías— contratados a dedo por el Ejecutivo de Aguirre cometieron actos de espionaje durante al menos tres meses a Manuel Cobo y Alfredo Prada, entonces vicealcalde de Madrid el primero, y consejero de Justicia el segundo.

Tres guardias civiles siguieron a Prada y Cobo tanto en sus actividades públicas como en su vida privada sin que hubiera justificación ni cobertura legal para ello. Los seguimientos, llevados a cabo entre marzo y mayo de 2008, quedaron registrados en unos partes mecanografiados que daban cuenta de sus movimientos. Ambos políticos, que apoyaban a Mariano Rajoy frente a Aguirre en la batalla por el poder en el seno del PP, denunciaron estos hechos, revelados por EL PAÍS en enero de 2009.

"Se montó una gestapillo", declaró Manuel Cobo, "ojalá sepamos quién lo hizo". Por esta denuncia pública fue suspendido un año de militancia en el Partido Popular

La investigación permitió acreditar —sólo unos meses después de abierta la causa— que los seguimientos se habían producido. El posicionamiento de los teléfonos móviles de los asesores de Seguridad coincidía con los lugares donde se encontraban en cada momento Prada o Cobo. La juez encargada del caso, Carmen Valcarce, imputó a tres guardias civiles, dos policías nacionales (el director general de Seguridad y su mano derecha) y a un empleado autonómico, supuesto autor de las notas manuscritas halladas en los partes mecanografiados.

Tras el intento de la juez instructora de archivar la causa tres veces y la reapertura del caso por la Audiencia Provincial en otras tantas ocasiones, este supuesto espionaje político pagado con fondos públicos será juzgado desde el lunes, 4 de febrero, en la Audiencia Provincial por un jurado popular. La única acusación que se mantiene viva en el caso es la que ejercen el PSOE, que pide entre dos y cuatro años de cárcel para los seis imputados por malversación de fondos públicos. El espionaje político no está tipificado en el Código Penal.

Una de las víctimas de los seguimientos, Manuel Cobo, denunció en su día que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "hubo carta blanca para esas actuaciones ilegales que ordenó alguien a sabiendas de su ilicitud". "Se montó una gestapillo", declaró, "ojalá sepamos quién lo hizo". Por esta denuncia pública fue suspendido un año de militancia en el PP.

"Nos mandaron cometer barbaridades y me quejé al consejero Granados. Pregunté y me dijeron que era por especial interés de Ignacio González", declaró José Oreja en 2012

Cuando se archivó por primera vez la causa en julio de 2010, Cobo recurrió contra esa decisión de la juez aunque solo unos días después retiró su recurso por indicación de la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. "Ha entendido que era perjudicar al PP seguir abundando en esa vía. Yo se lo agradezco", señaló entonces Cospedal.

Todos los imputados negaron, primero ante la policía y luego ante la juez, haber hecho los seguimientos. Cuando la investigación sobre los teléfonos móviles de los imputados descubrió que habían seguido a Cobo y Prada, los agentes argumentaron que hacían trabajos de contravigilancia o se encontraban en sedes autonómicas próximas al lugar de trabajo de los dos espiados.

Silencio roto

El silencio de los imputados respecto a lo ocurrido empezó a romperse en octubre de 2012. En una reunión celebrada ese mes en un chalé propiedad de Francisco Granados, el guardia civil José Oreja, uno de los imputados, se sinceró: "Yo tendré que decir que me lo mandó él [Sergio Gamón, director general de Seguridad] por especial interés del presidente actual [Ignacio González]". Refiriéndose a las declaraciones hechas ante la juez, Oreja señaló: "A mi me dijo [Alejandro] Halffter [viceconsejero]: 'habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas".

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Aquella confesión espontánea fue grabada por una de las personas que participó en la reunión y aportada a la investigación judicial. Ese mismo mes, otro de los imputados confesó a la juez que el consejero Granados le había contado que el autor de los partes mecanografiados era el subdirector general de Seguridad Ciudadana, con lo que asumía la existencia del espionaje.

En diciembre de 2012, José Oreja, guardia civil que participó en los seguimientos, rectificó todas sus declaraciones anteriores para contar a la juez lo ocurrido: "Nos mandaron cometer barbaridades y me quejé al consejero Granados. Pregunté y me dijeron que era por especial interés de Ignacio González. No lo dije antes por miedo a perder el trabajo".

Oreja aseguró que también les habían ordenado seguir a Alberto Ruiz-Gallardón y a Cristina Cifuentes, aunque la investigación nunca halló pruebas de ese espionaje. Otro guardia civil implicado en los seguimientos, Antonio Coronado, confesó en julio de 2015 que quien ordenó los seguimientos fue Ignacio González y que el consejero Francisco Granados conoció estos trabajos ilegales.

Pese a estos testimonios, la juez no imputó a ningún cargo político en esta causa. Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, los dos últimos implicados en causas de corrupción por las que ya han pasado por la cárcel, declararán como testigos junto a sus compañeros de partido espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada.