Un tercer agente confiesa el espionaje político en Madrid

El guardia civil denuncia que Ignacio González dio la orden y dos consejeros lo conocían La juez se niega a citar a los miembros del Gobierno de Aguirre para aclarar los hechos

Francisco Granados (en primer plano) junto a Ignacio González y Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid.
Francisco Granados (en primer plano) junto a Ignacio González y Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid.Samuel Sánchez

Antonio Coronado, uno de los tres guardias civiles imputados desde 2009 en el caso del presunto espionaje pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, confesó ayer por escrito a la juez que la orden de los seguimientos ilegales a políticos partió del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tres de los seis imputados en la causa han reconocido ya la existencia del espionaje ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre contra los adversarios de la presidenta dentro del propio PP.

La juez de esta causa tiene encima de su mesa una nueva confesión del presunto delito que apunta a la responsabilidad directa de varios políticos del PP que gobernaban en la Comunidad de Madrid cuando se produjo el espionaje político. Ninguno de esos políticos está imputado. La instructora se negó ayer durante la vista previa a la celebración del juicio con jurado a investigar las nuevas denuncias y a citar a los señalados por el guardia civil Antonio Coronado.

"Por especial interés del vicepresidente primero..."

El guardia civil Antonio Coronado, imputado como autor de los seguimientos ilegales, entregó la siguiente confesión a la juez: “El señor Gamón (director general de Seguridad en el momento de los hechos) y el señor Castaño (subdirector de Seguridad) nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas (...) Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”.

El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo hace siete años, entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre, quien coqueteaba entonces con la idea de presentar su candidatura a liderar el partido.

En ese contexto de tensión política máxima en el seno del PP se produjo el presunto espionaje: tres guardias civiles y un policía nacional, todos ellos fichados a dedo como asesores por el Gobierno de Madrid presidido por Aguirre, realizaron decenas de seguimientos a Prada y Cobo. De esos seguimientos quedó constancia por escrito en unos partes mecanografiados que hizo públicos EL PAÍS. Como consecuencia de aquellas informaciones, la juez abrió una causa en marzo de 2009 e imputó a los supuestos autores de los seguimientos ilegales. La Asamblea del Madrid creó una comisión de investigación sobre el escándalo y el PP nacional abrió una información interna. El Parlamento regional madrileño apenas trabajó unas semanas: el grupo popular bloqueó la mayoría de comparecencias pedidas por la oposición y la comisión se cerró sin resultados. El PP nacional también abandonó su investigación interna tras interrogar a miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre sin consecuencias políticas.

Tres intentos de archivo

La juez instructora, Carmen Valcarce, intentó archivar la causa en tres ocasiones. La Audiencia Provincial de Madrid halló suficientes indicios de malversación de fondos públicos en lo investigado como para rectificar a la instructora y ordenar que continuara la causa.

La juez encara ahora el final de la instrucción para someter el caso a juicio con jurado. Hay seis imputados: los tres guardias civiles que participaron en los seguimientos; un empleado autonómico al que se atribuye la letra manuscrita que aparece en los partes del espionaje, y los dos jefes en el departamento de Seguridad. Dos de los imputados han denunciado ahora a la juez que fueron presionados y amenazados para guardar silencio.

Durante los cuatro primeros años de instrucción, los tres guardias civiles negaron haber hecho los seguimientos ilegales a Prada y Cobo. En 2013, el guardia civil José Oreja Sánchez y el empleado autonómico José Manuel Pinto declararon ante la juez que Sergio Gamón ordenó el espionaje ilegal a políticos. Otro guardia civil, Antonio Coronado, ha confesado ahora lo mismo.

La juez se niega a citar al Gobierno de Aguirre

El abogado de los tres imputados en el caso del presunto espionaje político en Madrid que han reconocido los hechos ante la juez solicitó ayer que sean llamados como testigos varios miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre que según ellos ordenaron el espionaje o lo conocieron sin hacer nada para evitarlo. La juez se negó a practicar esta prueba.

Las partes ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial para que se cite al expresidente Ignacio González, los exconsejeros Salvador Victoria y Francisco Granados, y el exdirector general Agustín Carretero. Sostienen que esa es la única forma de conocer quién dio la orden y determinar quién debe asumir la responsabilidad.

Según los tres imputados que han confesado, el entonces presidente Ignacio González fue la persona que ordenó los seguimientos ilegales: transmitió la orden, afirman, a Sergio Gamón cuando este era director general de Seguridad Ciudadana de Madrid.

Gamón había sido contratado personalmente por Esperanza Aguirre cuando estaba casado con una de las secretarias de la presidenta. La defensa de los tres imputados pidió ayer, y la juez aceptó, citar como testigo a la exesposa de Gamón, quien declaró a EL PAÍS que su exmarido hablaba por teléfono con Ignacio González sobre el espionaje a adversarios de Aguirre.

Granados era el consejero de Interior de Madrid cuando ocurrieron los hechos. Los guardias civiles aseguran que le avisaron de que Gamón les había ordenado seguir a políticos. En una conversación grabada en el chalé de Granados en 2012 y publicada por el diario El Mundo se escucha al exconsejero asumir que el espionaje se produjo.

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