Un informe de la Guardia Civil reactiva la investigación sobre la caja b del PP de Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del sumario del caso Púnica, ordenó el martes nuevas diligencias de investigación dirigidas a destapar la red empresarial presuntamente utilizada por el PP de Esperanza Aguirre para nutrir de fondos su caja b. En concreto, el magistrado ha pedido información sobre los movimientos registrados entre 2010 y 2014 en nueve “productos financieros” abiertos en cinco bancos, así como datos fiscales de dos empresarios y una decena de mercantiles supuestamente utilizadas por los populares madrileños para ocultar “los gastos efectivos efectuados por aquella fuerza política en las campañas electorales [de] 2007, 2008 y 2011”, según destaca el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que respalda la medida.

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La decisión de García Castellón se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara el 4 de diciembre un informe con los últimos avances en la investigación sobre “la financiación ilegal” del PP en Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Según un testigo, en junio de 2012 Ignacio González, entonces secretario general del PP y vicepresidente del Ejecutivo de Aguirre, pidió al consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás —también imputado en la causa— “en torno a un millón de euros” para “sanear las cuentas” de la formación regional. El máximo responsable del ente público supuestamente se valió de la contratación pública para obtener esta cantidad y así que el PP pudiera saldar las deudas que mantenía con las empresas que le habían prestado diferentes servicios durante diferentes campañas electorales.

La investigación se centra ahora en conocer diversos detalles fiscales de estas mercantiles. En concreto, de Pamaz, Swat, Strat Map, The Cell Core, Formaselect Consulting, Eude y Demométrica Investigación de Mercados. El propietario de esta última, Alfonso del Corral, ya declaró a comienzos de este año en la Audiencia Nacional que dirigentes del partido le indicaron que parte de las encuestas que había realizado al PP para la campaña de las autonómicas y municipales de 2011 debía facturarlas a la fundación del partido, Fundescam, y no a la formación. El empresario señaló al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez.

El juez también reclama datos de Eico Online y Madiva Editorial —las dos empresas del experto informático de la trama, Alejandro de Pedro que hicieron trabajos de reputación en Internet para dirigentes populares— y de la tecnológica Indra Sistemas, que recibió millonarias adjudicaciones públicas de ICM e hizo pagos a las otras mercantiles investigadas.