La Cámara de Cuentas destapa el descontrol en las fundaciones de Aguirre

Las 33 fundaciones que entre 2011 y 2015 formaron parte del sector público de la Comunidad de Madrid carecían de mecanismos de control sobre sus gastos, algunas presentaban debilidades estructurales y de funcionamiento y, en determinados casos, ni siquiera debieron haberse creado. A esta conclusión llega un informe de la Cámara de Cuentas, consultado por EL PAÍS, que fiscaliza este periodo, en el que las fundaciones recibieron 124,5 millones de euros en subvenciones públicas.

El informe de la Cámara de Cuentas critica la absoluta falta de control en el manejo de fondos de carácter público de estas 33 fundaciones durante la presidencia de Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, después. Cristina Cifuentes, que tomó posesión en junio de 2015, también fue responsable de este subsector de la Administración durante medio año. Pese a estar financiadas fundamentalmente con recursos públicos, no contaban con unidades de control interno para supervisar la actividad y evitar disfuncionalidades e irregularidades en el gasto, concluyen los auditores.

El caso más extremo es el de la Fundación Arpegio, creada en 2006 y controlada por Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia y mano derecha de Esperanza Aguirre. Las cuentas de esta fundación están bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica. El magistrado sitúa a Arpegio, junto con el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática, en el centro de las pesquisas acerca de la trama de mordidas, amaño de contratos públicos y financiación irregular y cree que la Fundación Arpegio se creó ex profeso para evitar pasar por la Ley de contratos públicos. Una conclusión parecida a la que llega la Cámara de Cuentas, que asegura que se creó para huir de los controles públicos y que acabó convertida en “una mera caja pagadora de las facturas que se le presentaban”.

La fundación, extinguida en 2016 y dedicada al medio ambiente, no aportó documentación a los auditores: ni planes de actuación, ni la mayoría de los presupuestos, lo que ha impedido la fiscalización. Parte de esa documentación está en sede judicial en la Audiencia Nacional. Los primeros datos suministrados, asegura también el informe, “han mostrado contradicciones, opacidad e insuficiencia en las respuestas”. A los auditores les “llama la atención” la propia creación de una fundación con “una estructura débil y con un personal mínimo”, incapaz de controlar la ejecución de los contratos.

Arpegio está investigada, entre otras cosas, por patrocinar un concierto de Waiter Music, la empresa que presuntamente pagaba comisiones para obtener contratos en la región. También subvencionó con 82.000 euros a la ONG del PP, investigada en el caso Bárcenas, tal como adelantó EL PAÍS. 

Arpegio no es la única fundación de cuya utilidad duda la Cámara de Cuentas, que en sus conclusiones asegura: “Cabe decir que no se advierte la necesidad de haber creado determinadas fundaciones, por su falta de rentabilidad social, económica, o por razones de eficacia”. Y añade que “tampoco aparece justificado el mantenimiento de la vigencia de otras, que según la fiscalización realizada presentan importantes debilidades estructurales y de funcionamiento”.

Hay varios ejemplos. La Fundación Vicenta Guimerá no tiene actividad desde el año 1985, pero nunca ha sido extinguida y no se sabe de qué organismo público depende. La Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, extinguida en 2013, no aportó datos a los auditores, que no han podido examinar la fiabilidad de las cuentas en los años de actividad. Su último director, Santiago Abascal, percibía más de 82.000 euros por liderar una fundación sin actividad reconocida.

Lo mismo ocurre con la Fundación para la investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA), extinguida en 2012. “Dada la importante carencia de datos, ha sido imposible realizar el correspondiente análisis fiscalizador”, se lamenta el informe. La Fundación Orquesta y Coro de Madrid “no ha rendido cuentas”, señala, pese a estar obligada.

La fundación Dos de Mayo Nación y Libertad, creada en 2008 para “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”, no facilitó “ninguna información de la requerida en el cuestionario” que le envió la Cámara de Cuentas, según el informe, ni lograba contactar con ella. Los auditores tuvieron que escribir a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que comunicó que estaba en liquidación “pero sin aportar la documentación exigida”, señala el informe. La Audiencia Nacional sospecha que la fundación también se pudo usar para la financiación irregular del PP.