El juez pone fecha de caducidad al ‘caso Púnica’: marzo de 2022

La investigación del caso Púnica, la gran trama de corrupción en la Comunidad de Madrid, que acumula más de un centenar de imputados y 16 piezas separadas, ya tiene fecha de caducidad: el 30 de marzo de 2022. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón fijó el pasado viernes un plazo máximo extraordinario de 40 meses para terminar la instrucción de un sumario que se abrió casi ocho años antes, en junio de 2014 y que se centró inicialmente en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. De agotarse este plazo, Púnica se situará entre las investigaciones más prolongadas de cuantas se llevan en la Audiencia Nacional, solo superada por el caso Gürtel, que arrancó en 2008 y algunas de cuyas piezas siguen todavía en fase de investigación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acogido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado una ampliación excepcional del plazo de instrucción máximo de 36 meses (18 iniciales y 18 de prórroga ordinaria) que prevé para las causas complejas el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El magistrado afirma que se encuentra ante una “causa que bien podría calificarse de extraordinariamente compleja y excepcional” y que supera “con creces” los requisitos que marca la ley procesal para extender el periodo de investigación.

La fiscalía había solicitado una ampliación del plazo de investigación todavía mayor: por cinco años, ya que la investigación, que depende en buena parte de que países generalmente poco colaboradores con la justicia española atiendan las peticiones de documentación realizadas por el juzgado. El ministerio público también tenía en cuenta las dificultades para expurgar la documentación de carácter personal no necesaria para la causa y los problemas de la plataforma informática en la que se guarda el sumario.

El juez coincide con la fiscalía en que “aún restan importantes líneas de investigación” para el esclarecimiento de alguna de las tramas del macro sumario, y que están “requieren tiempo y esfuerzos investigadores". Sin embargo, ve “excesivo” el tiempo solicitado por la fiscalía y lo limita a 40 meses, ya que considera que ya se ha “pasado el ecuador” de la investigación. “Si bien es cierto que nos encontramos ante una causa extraordinariamente compleja, con una entidad sin precedentes, elevados implicados e investigados y con un volumen documental y procesal ingente, debe evitarse, en todo momento, una dilación en la tramitación de la instrucción que puedan redundar en atenuantes o rebajas de las penas a eventuales condenados”, señala García-Castellón.