La Guardia Civil halla cinco facturas que sirvieron al PP de Aguirre para engrosar su caja b

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica aporta nuevos datos sobre “una de las múltiples vías” utilizadas por el PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre para financiar costosas campañas electorales en las que se superaba de manera “dolosa y sistemática” los límites de gastos fijados legalmente, según detalla el documento policial. Cinco facturas intervenidas en registros han permitido ahora a los investigadores desentrañar parte de la maraña de siete “sociedades orbitales” —propiedad de dos empresarios afines a los populares— que presuntamente sirvieron al partido para inyectar 687.500 euros de fondos públicos en las maltrechas arcas del partido justo después de los comicios autonómicos de 2011, que Aguirre ganó por mayoría absoluta. La UCO señala al expresidente madrileño Ignacio González —imputado en la causa— como pieza clave de este entramado por su condición entonces de número dos del Ejecutivo regional y responsable de campaña de los populares madrileños.

El punto de partida de esta investigación es la denuncia que en noviembre de 2015 presentó en la Fiscalía Anticorrupción Silvano Corujo, ex número dos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid. En ella, Corujo aseguraba que el 7 de junio de 2012 se celebró en la Asamblea de Madrid una reunión entre su jefe y máximo responsable de este ente público, José Martínez Nicolás, y varios cargos públicos del PP, entre ellos Ignacio González, en la que este último pidió al primero en torno a un millón de euros para “sanear las cuentas del partido” tras las elecciones autonómicas y municipales del año anterior.

La investigación posterior de la Guardia Civil —que en un primer momento se llevó dentro del caso Lezo para posteriormente ser transferida al caso Púnica— reveló que desde el año 2007 ICM había “inflado” presuntamente el coste de varios contratos públicos de los que había resultado adjudicataria la empresa tecnológica Indra Sistemas a cambio de supuestas mordidas. Ese dinero había servido para engrosar la caja b del PP madrileño así como para permitir presuntamente “el enriquecimiento ilícito” de algunos de los directivos de la empresa pública, en referencia a Martínez Nicolás, a quien se le localizó una cuenta bancaria en Liechtenstein a su nombre con un saldo de más de un millón de euros.

Según detalla en nuevo informe de la Guardia Civil, los investigadores se centraron en analizar de manera pormenorizada las relaciones entre Indra Sistemas y un grupo de empresas que a lo largo de la investigación habían salido relacionadas con el supuesto pago irregular de actos electorales de los populares en Madrid. En concreto, mercantiles en las que figuraban como socios o administradores los empresarios Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echevarría, este último publicista y proveedor habitual del PP en periodos electorales.

Las pesquisas permitieron descubrir que en 2012 y 2013 —coincidiendo con la adjudicación a Indra de sendos contratos públicos de más de 15 millones de euros— la multinacional había pagado a la sociedad Formaselect, vinculada a Sánchez Moyano, un total de 687.497,58 euros. Posteriormente, esta mercantil había distribuido íntegramente esta cantidad, en una operativa que la Guardia Civil considera carente de toda lógica comercial, entre otras seis sociedades “orbitales”: Braveheart Management, Sintra Consultores, Strap Map, Swat, Pamaz y The Cell Core. Algunas de ellas ya habían salido en, al menos, dos informes del caso Púnica sobre la caja b del PP, así como en las primeras pesquisas del caso Lezo.

Con estos nuevos datos, el juez autorizó en 2017 nuevos registros en un domicilio particular y en las sedes de tres empresas, entre ellas Indra. Entre la documentación intervenida entonces, los agentes creen ahora haber encontrado las pruebas que refuerza las sospechas sobre el entramado utilizado para “enmascarar gastos electorales” por parte del PP mediante un sistema de pagos mediante empresas pantalla. En concreto, cinco facturas que apuntan a que el PP instrumentalizó a “diferentes sociedades interpuestas para el pago de actos de campaña o como canalizadoras del dinero para el ulterior pago a las mercantiles ejecutoras de los actos [electorales]”, destaca el documento policial.

En todas esas facturas aparecen escritos a mano los números de diversas cuentas bancarias desconocidas hasta ahora y sobre las que la UCO sospecha que fueron utilizadas para mover el dinero de las supuestas mordidas y dificultar el seguimiento de su rastro. El informe concluye solicitando al juez Manuel García-Castellón nuevas diligencias para localizar los destinatarios finales de dicho dinero, así como otras supuestas relaciones comerciales entre las empresas implicadas. El magistrado las autorizó el pasado 18 de diciembre en un nuevo impuso a la investigación sobre la caja b del PP de Madrid en la etapa de Aguirre, como adelantó EL PAÍS.