El juez manda al banquillo a dos ex cargos públicos del PP en el segundo juicio del ‘caso Púnica’

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha dictado el auto por el que ordena la apertura de juicio contra seis personas por la trama leonesa del caso Púnica. Será la segunda vista de esta macrocausa de corrupción en la que hasta ahora solo se ha juzgado la pieza del chivatazo a Francisco Granados, en la que este fue condenado a dos años de cárcel. Entre los que se sentarán ahora en el banquillo se encuentran dos excargos públicos del PP: el que fuera presidente de la Diputación de León y actualmente alcalde independiente del municipio de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, y el regidor de la localidad de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, que fue expulsado del partido tras su imputación. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos ocho y siete años de prisión, respectivamente.

Junto a ellos, están procesados el exinterventor de la Diputación, Manuel Jesús López, y tres supuestos integrantes de la red de corrupción, el informático Alejandro de Pedro, su socio y exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, y una empleada del primero, Guadalupe Carrascosa. Todos ellos están acusados de desviar fondos públicos para pagar trabajos privados de reputación online de Martínez Barazón y su antecesora, Isabel Carrasco -asesinada en mayo de 2014-, y del amaño frustrado de una adjudicación en una estación de esquí de la provincia.

En el auto, que se entregó este miércoles a los seis inculpados, se recogen las acusaciones de la Fiscalía para todos ellos. Así, a Martínez Barazón -que durante la instrucción de la causa llegó a estar acusado de siete delitos- se le atribuye malversación, fraude y tráfico de influencias; mientras que los restantes se sientan en el banquillo por los dos primeros delitos, salvo Guadalupe Carrasco, que lo hace solo por el de malversación. Para los dos políticos, Anticorrupción plantea también la pena alternativa de cohecho. Las penas que solicita Anticorrupción van desde los ocho para el expresidente de la diputación a los tres años y cinco meses para la empleada de De Pedro y Alonso Conesa.

También están procesadas como personas jurídicas dos empresas de estos últimos, Madiva Editorial y Publicidad SA y Eico On Line SA. A todos ellos les pide una fianza de responsabilidad civil conjunta de 171.000 euros. La acusación popular también pedía que se sentaran en el banquillo otras dos personas ligadas a estas sociedades, pero el magistrado ha sobreseído la causa contra ellas.

La investigación apunta a que las empresas de De Pedro y Alonso Conesa recibieron entre abril de 2012 y septiembre de 2014 un total de 97.740 euros por realizar trabajos privados de reputación en Internet para los dos últimos presidentes de la Diputación de León y que dicha cantidad se pagó con dinero público. 86.850 correspondieron a trabajos para la fallecida Isabel Carrasco, mientras que con los 10.890 restantes se intentó mejorar la imagen de su sucesor, Martínez Barazón.

Estos servicios no se facturaron como tales, sino que presuntamente se camufló su pago mediante la inserción de banners publicitarios en un medios digitales de Alejandro de Pedro como León Actualidad, Noticias Ponferrada, Astorga Actualidad y Ahora Cistierna, todos ellos sin apenas seguidores y en los que no trabajaban periodistas. Los contenidos de estos diarios digitales zombis se alimentaban con las notas de prensa que facilitaba el gabinete de prensa de la propia Diputación.

Además, las pesquisas de la Guardia Civil señalan que De Pedro también se encargó de “trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular” como Carlos Floriano y la secretaria general, Dolores de Cospedal, informaciones favorables sobre Martínez Barazón para conseguir que el partido lo mantuviera como presidente del PP en la provincia de León.

La investigación añade a las irregularidades de la trama leonesa de Púnica el supuesto amaño frustrado por las detenciones de octubre de 2014 de varios concursos relacionados con la estación de esquí de San Isidro y que iban a ser adjudicados a una empresa presuntamente elegida por De Pedro. En este sentido, las pesquisas han localizado los pliegos con las observaciones "en color rojo para que las cambiasen los funcionarios de la Administración" y, de este modo, los contratos se los llevase una de las dos empresas elegidas por la trama para concurrir. El sumario apunta a que el propio Martínez Barazón "participaría en una de las sociedades que tomaría parte en el proceso de licitación de los contratos de la estación invernal para acabar adjudicándoselo".