Isabel Carrasco, muerte en León
UN POLICÍA JUBILADO y su esposa paseaban tranquilamente por un puente peatonal, que se erige sobre el modesto río Bernesga, en el centro de León. Eran poco después de las 17.15 de una tarde soleada de mayo. Se cruzaron con una mujer rubia, menuda, que vestía con un estilo juvenil que contrastaba con sus casi 60 años y caminaba con decisión sobre unos tacones altos.
—Mira, me parece que esa señora es algo de la Junta de Castilla y León. La he visto yo en televisión, comentó la mujer a su marido.
La seguía de cerca una mujer morena camuflada con gorra, gafas de sol y bufanda.
—La de atrás debe de ser su guardaespaldas.
De pronto, oyeron el pla.
—Miramos, y veo que se está cayendo la persona rubia para delante, como a cámara lenta, y digo: “¡Uy! Se ha tropezado la mujer rubia”. Hice para ir a ayudarla. Mi marido me agarró y me dijo: “shh, quieta aquí”. Y me quedé, porque vimos algo raro. La persona que iba detrás, en vez de ayudarla, se puso a su lado y ya fue cuando dobló las rodillas y empezó a disparar.
Presenciaron, atónitos, cómo la mujer morena remató a la víctima con dos tiros. Al terminar, la asesina se levantó, se cubrió el rostro con la bufanda y se encaminó en su dirección. Se quedaron petrificados. Pedro Mielgo temió que también fuera a matarlos a ellos.
Según el fiscal, la motivación del crimen fue “el odio que tenían, tanto la madre como la hija”, a la víctima.
—Yo cogí a mi esposa por el brazo para que no se moviese nada, y entonces, al pasar justamente delante de nosotros, se giró y nos echó una mirada. Y siguió hacia delante. Es como si hubiesen ensayado eso cuarenta veces, como si estuviesen haciendo una película y hubiesen ensayado, ensayado, hasta que le hubiese salido bien. […] En ese momento yo pensé que era un sicario o un atentado terrorista. No pensaba que iba a ser una persona normal y corriente, un ama de casa.
Tan simple, y a la vez tan extraordinario, fue el brutal asesinato de Isabel Carrasco, de 59 años, la presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular provincial, el día 12 de mayo de 2014.
Mielgo, que tenía un par de años de experiencia en seguimientos en una carrera de más de 30, dejó que la asesina se alejara y, antes de salir corriendo para seguirla, pidió a su esposa que llamara al 112. En los casi cuatro minutos siguientes, muy discutidos en el juicio posterior, él la observaría subir por la calle de Lucas de Tuy, la perdería de vista en la plaza de Colón, y la volvería a encontrar, ya sin gorra, gafas y bufanda, en una esquina de la Gran Vía. En ese momento, Mielgo vio un coche de la Policía Local y se abalanzó sobre él para balbucear su historia y señalar a la mujer, que estaba tranquilamente sentada en un Mercedes aparcado en la calle. “¡Esta es, esta, esta, esta! Ten cuidado que tiene una pistola en el bolso”.
A los policías les costaría mucho creer que esa señora de mediana edad y bien vestida podía ser una asesina. Enseguida llegó su hija. Se identificaron como la esposa y la hija del comisario de Astorga, hecho que causó aún más dudas entre los policías. A pesar de lo advertido por Mielgo, no encontraron ningún arma. Pero llegaron otros testigos. En cuestión de minutos, Montserrat González, de 55 años, y Triana Martínez, de 36, fueron detenidas como las presuntas culpables del asesinato de Isabel Carrasco.
¿Cómo puede un ama de casa sin antecedentes, de familia acomodada, convertirse en una asesina?
El mismo día del crimen las noticias ya apuntaban a una venganza personal. Triana había trabajado como asesora de telecomunicaciones de Carrasco en la Diputación durante cuatro años, hasta que perdió su puesto interino cuando no alcanzó la nota necesaria en unas oposiciones. Suena correcto dicho así, pero en el juicio posterior quedó fuera de duda que las oposiciones, como los puestos en la Diputación en general, habían sido utilizadas, desde antes del mandato de Isabel Carrasco, para conceder favores políticos más que para buscar funcionarios competentes. Las oposiciones que suspendió Triana fueron por lo menos extrañas. El otro dato que trascendió inmediatamente —y que silenció especulaciones sobre posibles motivos ideológicos para el magnicidio— fue que las dos mujeres eran conocidos miembros del Partido Popular.
Se suspendió la campaña de las elecciones europeas. Se inició la investigación. En un país donde se cuestiona la independencia de la justicia respecto de la política, el caso se presentaba como una prueba delicada.
La tercera acusada del asesinato aparecería un día después. Raquel Gago, una policía local de 40 años, entregó el arma del crimen, un revólver Taurus, que declaró haber encontrado por sorpresa en su coche, dentro de un bolso que le había prestado a su amiga Triana. Ante la policía, explicó que la había visto el día del crimen dos veces: a las 16.15 en su casa, donde también se encontraba su madre, y más tarde “por casualidad” cuando esperaba en su coche, aparcado en la calle de Lucas de Tuy, a que abriera una tienda de restauración. Esto sucedió, según el veredicto, dos minutos después de los disparos en el puente. Triana le pidió que abriera el coche y se fue “a la frutería”. Pero no volvió. Raquel incluso la llamó antes de irse de allí, ya casi 20 minutos después del crimen, pero Triana no contestó. Ya estaba detenida.
Lo que no fue capaz de explicar Raquel —al menos para convencer al jurado popular en el juicio posterior— fue su silencio durante las 30 horas previas al hallazgo del arma. ¿Por qué no había mencionado ni a su pareja, ni a sus amigas, ni a sus superiores en la policía que había visto a su amiga, una de las acusadas de asesinar a Isabel Carrasco, un poco antes y muy poco después de la hora del crimen? Alegó un bloqueo emocional: como no podía creerlo, lo olvidó.
“No me extrañaría si aparezco en una cuneta”, comentó Isabel Carrasco a un amigo meses antes de su asesinato.
Al principio Raquel quedó en libertad como testigo. Encontrar el arma fue clave para empezar a cerrar la investigación. En la madrugada del 14 de mayo, Montserrat y Triana declararon ante la policía bajo condiciones que luego serían cuestionadas por la defensa en el juicio. Montserrat confesó alegremente haber matado a Isabel Carrasco y describió con frialdad cómo lo había perpetrado. Triana confesó haber recibido el arma y la ropa que llevaba su madre en un pasadizo de la plaza de Colón, e inmediatamente haberlos depositado en el coche de Raquel, sin su conocimiento. Madre e hija pensaron que Triana saldría en libertad porque encubrir el delito de un familiar no es penable. Pero ambas ingresaron en prisión acusadas de asesinato.
Dos días más tarde, tras declarar ante la juez instructora, Raquel fue imputada como cómplice de asesinato. Por entonces, la policía había descubierto un indicio más para incriminarla: en el registro de llamadas del día del crimen había encontrado una realizada dos minutos después del asesinato al teléfono de Raquel desde un móvil de prepago de Triana.
Esa misma jornada, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sentenció: “Básicamente, en términos políticos, el crimen está bastante esclarecido”.
“Es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta”, nos contó Emilio Fernández, fiscal jefe de León, mucho más tarde, cuando llegué con mi equipo a la ciudad para empezar la producción de Muerte en León (disponible en Movistar+). “Estoy convencido de que podía haber salido bien”.
Fernández también aseguró que la motivación para el crimen era “el odio que tenían, tanto la madre como la hija”, a la víctima. Si el primer impulso para hacer una serie documental sobre el caso fue entender cómo un ama de casa puede convertirse, de golpe, en asesina, el primer shock al llegar a León fue constatar los niveles de odio hacia la figura de Isabel Carrasco un año y medio después de su muerte.
“No se puede decir que se despertase una corriente de simpatía hacia Montserrat y Triana. Pero sí que he visto que tampoco hay una corriente crítica ni que nadie las desprecie. Estamos hablando de un asesinato”, señaló Miguel Ángel Zamora, periodista de tribunales de El Diario de León. Después del crimen, en el puente donde Carrasco perdió la vida, aparecieron las siguientes pintadas: “Aquí murió un bicho” y “Aquí murió una cacique”.
De familia humilde, Isabel Carrasco era una niña seria con una enorme fuerza de voluntad y una inteligencia rápida. Se convertiría en una temida inspectora de Hacienda muy joven, y luego, con el apoyo de José María Aznar, empezaría su carrera política en 1987 como delegada de la Junta en León. Tras el crimen, nos resultó difícil obtener un retrato fiable de ella: el odio hacia Isabel, socialmente muy extendido pero escondido, hacía callar a sus escasos partidarios, y el miedo a criticarla y a que diera la impresión de que se justificaba tan salvaje asesinato impedía hablar a sus detractores.
Carrasco manejaba el poder en clave de lealtad. O estabas con ella o contra ella. Perfeccionó la maquinaria electoral, dentro y fuera de su partido, de tal modo que ganaba las elecciones cada vez con mayorías más aplastantes. Como no había partidos de la oposición fuertes para amenazar su posición, sus verdaderos enemigos políticos estuvieron, durante mucho tiempo, dentro de su propio partido. Lo sabía, y se protegía con un férreo control de la información dentro de la Diputación y hasta donde podía (localmente, tenía control casi absoluto) en la prensa. También manejaba dosieres comprometedores sobre sus rivales.
A pesar de su poder, cada vez se sentía más sola y vulnerable. Fue revelador, y chocante, descubrir que dos de sus mejores amigos recordaban que meses antes de su muerte les había dicho, por separado, “no me extrañaría si aparezco en una cuneta” y “cualquier día, me dan dos tiros”. Tras la publicación de la noticia sobre los “12 cargos” que acumulaba en la Administración (no equivalía a 12 sueldos, pero apuntaba a unos ingresos sustanciales), varios desconocidos empezaron a insultarla por la calle. Se puso un guardia de seguridad privado en la entrada de su despacho en la Diputación. Matías Llorente, por entonces opositor socialista en la Diputación, que mantenía una relación tensa, pero de cierto respeto con ella, recuerda haberle preguntado: “¿Tiene algún problema dentro de la institución? ¿O dentro del partido? Y no me contestó”. Al día siguiente, el vicepresidente le pidió que no volviera a sacar el tema y le dijo que el guardia lo pagaba una empresa privada.
Nada de esto formó parte del juicio, que duró un mes, entre enero y febrero de 2016. Se escenificó el enfrentamiento esencialmente entre dos narrativas: una, liderada por el fiscal, de un plan perfecto urdido entre las tres acusadas, y la otra, de las defensas, de una cadena de acontecimientos imprevistos producidos tras el arrebato violento de una mujer desquiciada por la presunta persecución a su hija por parte de la víctima. El abogado de la defensa de Montserrat y Triana, José Ramón García, se esforzó por establecer una sucesión de los hechos en los primeros minutos después del asesinato que demostrara que Triana no sabía nada del plan de su madre y que solo había reaccionado para encubrirla escondiendo el arma en el coche de Raquel. El abogado de la defensa de esta, Fermín Guerrero, argumentó que Raquel no se había dado cuenta de cómo Triana introdujo el bolso con el arma en su coche porque estaba hablando con un controlador de parking y solo descubrió el arma al día siguiente en presencia de su hermana.
Las defensas fueron capaces de convencer al jurado de cuestiones puntuales, pero en general aceptaron de forma contundente la tesis del fiscal y de las acusaciones particulares y condenaron a las tres por asesinato: como autora indiscutible, a Montserrat; como cooperadora necesaria, a Triana, y como cómplice, a Raquel.
¿Se había hecho justicia? En muchos aspectos, la celebración del juicio fue un ejercicio ejemplar de transparencia: interesaba mostrar al público el buen funcionamiento del sistema. Las dudas sobre el veredicto se centraron en Raquel, y no solo en la calle. El juez, Carlos Álvarez, que dictó sentencia 17 días más tarde, provocó cierta polémica en la prensa cuando cambió la condena de Raquel, de cómplice de asesinato a encubridora, rebajando su pena de 12 a 5 años. Pero a finales de 2016, la sentencia firme del Tribunal Supremo reafirmó las condenas por asesinato pedidas por el fiscal a las tres, de 14 años para Raquel, 20 para Triana y 22 para Montserrat.
Las sorpresas para nosotros vinieron hacia el final de la edición de la serie, poco antes del fallo del Supremo, cuando concluimos la investigación de algunos cabos sueltos. Identificamos a una persona con quien Triana había mantenido una comunicación intensa durante los cuatro meses y medio anteriores al crimen. Hablaron o se mensajearon cada día, a excepción de dos, desde el principio del año. En la víspera del asesinato hablaron durante una hora y media. Y el día del crimen, unos tres minutos, al mediodía.
Enric Bach, productor y coguionista de la serie, había encontrado en el sumario el registro de llamadas utilizado por la policía científica en el análisis del posicionamiento de los teléfonos y la agenda telefónica de Triana. Con un cruce de los datos, descubrimos que hablaba con esta persona casi con la misma frecuencia que con Raquel.
Nos sorprendió que su nombre no apareciera en el sumario, que no hubiera sido llamado a declarar, pero pensamos que probablemente la policía lo habría identificado y tendría alguna explicación. Nada más lejos de la verdad. Identificamos a este hombre como un asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Cuando hablamos, confirmó las llamadas con Triana y dijo que ella le llamaba exclusivamente porque buscaba trabajo. “Era un monotema”. ¿Y el día antes o el día mismo del crimen hablaron de trabajo? No se acordaba, pero seguramente sí. Expresé mi sorpresa por la cantidad de llamadas. Pero el verdadero asombro llegó cuando insistió en que la policía no le había contactado. En una segunda llamada, más relajado, me dijo que no le creía porque no había conocido a gente sincera como él. Pedí vernos en persona, para aclarar dudas, pero no quiso. Por otras vías, comprobamos que es un asesor del presidente desde 2001, un acompañante constante, pero nadie supo definir mejor su función.
Antes de terminar la serie compartimos la información con todas las partes, con el fiscal y con la policía, sin encontrar una explicación convincente de por qué no le habían llamado, aunque solo fuera para identificarle y descartar su implicación. “Ha sido una sorpresa bastante grande. O bien ha habido un olvido de todos o ha habido una ocultación de alguien para que no podamos llegar ahí. Hoy caben todas las hipótesis”, aseguró Carlos Rivera, abogado de Carrasco, tras la vista del Supremo.
Tras el estreno confiábamos en que esta laguna en la investigación se corrigiera. Pero no ha sido así. En los últimos meses hemos seguido con indagaciones para lograr una respuesta más clara que, esperamos, formará parte de la película-documental Después de una muerte en León, que llegará a los cines en otoño. Una vez agotadas todas las vías obvias, a finales de julio llevamos un informe actualizado al gabinete de prensa de la Policía Nacional en Madrid. Esperamos sus comentarios. El informe sostiene que la ocultación de pruebas es deliberada. La nueva pregunta es: ¿por qué? Puede ser simplemente para evitar preguntas incómodas de la prensa o para no contradecir las palabras del ministro a los pocos días del asesinato. O puede ser más grave. De todas formas, por la razón que sea, en este caso la política no fue capaz de dejar que la justicia trabajara en paz.
