La Fiscalía pide repetir el juicio a Cifuentes por el ‘caso máster’
El ministerio público señala que todos los indicios apuntan a la expresidenta como la persona que “impulsó, sugirió y se deduce que presionó” para falsificar el documento
![La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes sale de la Audiencia Provincial, el 15 de febrero pasado.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XII42E6PJZA7ZGKSWROKO2KRKA.jpg?auth=0605b08388cbf7987e4e534934d0d885a3b7e9c8b5f056a758dae3273d61bf68&width=414)
![J. J. Gálvez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe1fe47bb-fbcf-41d9-8602-c7522ae705ee.jpg?auth=539b72e066731e3093d75ad47e0353d9c24168bc6de1a15cfcabbf3a0d5189d6&width=100&height=100&smart=true)
La Fiscalía de Madrid no tira la toalla en el caso máster y, según ha anunciado este jueves, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) para anular la sentencia que absolvió a la expresidenta regional Cristina Cifuentes. El ministerio público quiere repetir el juicio al considerar que el fallo de la Audiencia Provincial, que resolvió que no existían pruebas suficientes contra la exdirigente del PP, no valoró muchos indicios que la señalaban. “Todo acto tiene una razón de ser”, resume la acusación después de que los jueces cortaran la cadena de responsabilidades en María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno autonómico, y en Cecilia Rosado, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos que confesó la fabricación del acta del trabajo fin de máster (TFM) de la exjefa del Gobierno madrileño.
Según mantiene la Fiscalía, Cifuentes se sitúa en la cúspide de la trama y toda la argumentación del caso lleva hasta ella. “El examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevar a la conclusión de que Cifuentes fue quien impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento”, recalca en su escrito el ministerio público, que pidió en el juicio que se impusiera una pena de tres años y tres meses de prisión a la expresidenta, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. Sin embargo, la terna de magistrados solo condenó a tres años de prisión a Feito; y a un año y seis meses a Rosado.
Durante la vista oral nadie señaló directamente a la exdirigente del PP. “Por su cargo, no se manchó las manos”, argumentó la Fiscalía. Pero el tribunal concluyó, en cambio, que esa ausencia de pruebas abocaba a su absolución. “No ha resultado probada ninguna intervención” de la expresidenta en la fabricación del acta, afirmaron los jueces, que hicieron hincapié en que no se acreditó que “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”.
Una tesis que el ministerio público rechaza. Según la acusación, el fallo de la Audiencia “adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica”, pues la conclusión de los magistrados omite indicios de manera “incongruente” y “contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio”. En este sentido, subraya que la sentencia “no entra a analizar el porqué de la conducta” de Feito, cuando dicho extremo era “necesario”. “¿Es tan siquiera posible plantear que Feito actuó por su cuenta, implicándose tanto? ¿Cuál es su beneficio en comparación con el obtenido por Cifuentes?”, se pregunta la Fiscalía, que considera “difícil” dar una explicación alternativa “que no sea que el influjo [de la política] para actuar fue tan intenso que llevó [a la asesora] a cometer un delito”.
A partir de ahí, la acusación recuerda en su escrito toda una batería de hechos que considera “ciertos” y que, según su opinión, los jueces obviaron en su conclusión. Por ejemplo, que Cifuentes solicitó directamente al rector de la universidad la documentación que acreditara que cursó el máster; y que existía una relación entre la expresidenta, Feito y una tercera funcionaria de la Rey Juan Carlos, Amalia Calonge, que entró en el sistema para modificar las notas de la dirigente del PP. De todo ello, la “única o principal” beneficiada era la jefa del Gobierno autonómico: “Lo necesitaba imperiosamente para dar una respuesta a los medios y evitar así las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
Otro aspecto clave para la Fiscalía es que Feito tenía un conocimiento “exhaustivo” de los datos docentes de la expresidenta. Según consideró probado el tribunal, la asesora del Ejecutivo fue quien aportó la fecha plasmada en el acta falsificada, 2 de julio de 2012, el día que supuestamente Cifuentes habría defendido el TFM ante un tribunal, que realmente nunca se formó. “A la vista de la importancia de la fecha, el vicerrector Andrés Martínez le preguntó que cómo conocía dicho dato y esta replicó que se lo había comunicado Presidencia. Si dicha fecha fue proporcionada por Feito, sería lógico inferir que le fue suministrada bien por la propia Cifuentes o bien por su secretaria, a petición de aquella. Una vez más, basta con la lógica”, añade el ministerio público.
Una vez conocida la absolución, Cifuentes celebró la sentencia e, incluso, arremetió contra la prensa. “Todos aquellos medios de comunicación que estuvieron informando de forma profusa, todos aquellos tertulianos y periodistas que me aplicaron la pena del telediario... ¿Dónde están ahora?”, dijo la expresidenta en televisión, sin mencionar todas las “graves irregularidades” de su máster que la Audiencia Provincial consideró probadas.
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