El tribunal absuelve a Cifuentes en el ‘caso máster’, pero condena a tres años de cárcel a la asesora de la Comunidad
La Audiencia de Madrid, que también sentencia a prisión a la profesora que fabricó el acta, concluye que no existen pruebas suficientes contra la expresidenta madrileña
![La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes llega a la Audiencia Provincial de Madrid para asistir a una última sesión del juicio por el 'caso máster' el pasado 5 de febrero.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RAH35NWA6FJ4LOBRPM46EUUZA4.jpg?auth=591750389733b8198f100aa4978e10cebd1dfeaf8699e086903884a5f1a0bb83&width=414)
![J. J. Gálvez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe1fe47bb-fbcf-41d9-8602-c7522ae705ee.jpg?auth=539b72e066731e3093d75ad47e0353d9c24168bc6de1a15cfcabbf3a0d5189d6&width=100&height=100&smart=true)
Cristina Cifuentes ha logrado salir indemne de su batalla en los tribunales por el caso máster. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, para quien la Fiscalía pedía tres años y tres meses de cárcel por inducir a la falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El tribunal ha considerado que no existen pruebas suficientes para condenar a la exdirigente del PP, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. Sin embargo, la terna de magistrados ha condenado a tres años de prisión a María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno autonómico, y a un año y seis meses a Cecilia Rosado, que reconoció durante el juicio ser la autora material de la falsificación.
Con esta resolución, de 19 páginas y que puede ser recurrida, los magistrados cierran otro de los capítulos de un proceso judicial que se centró en un primer momento en la existencia de una trama urdida por el catedrático Enrique Álvarez Conde para regalar títulos a políticos: entre otros, al actual líder de la oposición, Pablo Casado. La investigación se envió, incluso, al Tribunal Supremo, pero este rechazó abrir una causa contra el ahora presidente del PP. Esa decisión provocó que la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, se viera obligada entonces a adelgazar las pesquisas, en las que solo quedó viva la parte relacionada con el acta del TFM que Cifuentes exhibió ante los medios para intentar esquivar la polémica. El juicio comenzó el pasado 18 de enero y quedó visto para sentencia este 5 de febrero.
Apenas 10 días después de que terminara, el tribunal ha hado a conocer su fallo, donde concluye que “no ha resultado probada ninguna intervención” de la expresidenta en la fabricación del acta. Según los magistrados, más allá del interés que pudiera tener en conseguir unos papeles que “justificaran la regularidad en la obtención” del título, no se ha acreditado que “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”. “El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector no es más que un indicio, no corroborado por otros”, apostilla la Audiencia de Madrid.
El fallo, eso sí, inflige un pequeño revés a Cifuentes, que siempre ha defendido que obtuvo el diploma de forma regular y bajo las condiciones que le puso el catedrático. El tribunal mantiene, en cambio, que su testimonio presenta un “conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado”, además de considerar “inexplicable” que la expolítica mantenga que llegó a defender su TFM ante un tribunal. Es más, prosiguen los magistrados, el máster de la expresidenta “estuvo plagado de graves irregularidades”. Entre otras, los jueces recuerdan que una funcionaria de la universidad y compañera de la hermana de Cifuentes, Amalia Calonge, accedió al sistema informático de la URJC y, “a pesar de que no tenía competencias para hacerlo”, “modificó la nota del TFM” de la exdirigente del PP.
A este factor se suman otros que ya enumeró la Fiscalía en la vista oral. Cifuentes nunca fue a clase, como ella misma admitió. No tuvo contacto con ningún profesor. Y aprobó las asignaturas con unos supuestos trabajos de los que no quedan ni rastro y que siempre entregaba en mano al fallecido Álvarez Conde, el supuesto “cerebro” de la trama. Por ello, según argumentó el ministerio público, cuando estalló el escándalo, maniobró para enviar a Feito a la universidad y, a través de ella, se presionó a Rosado para fabricar el acta. “Por su cargo, no se manchó las manos”, le acusó la fiscal Pilar Santos.
Una tesis que, según el tribunal, no ha quedado demostrada. De hecho, la estrategia desplegada por el abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, ha dado sus frutos. El letrado centró su defensa en la falta de pruebas directas contra la expresidenta autonómica —ningún testigo la señaló en el juicio y solo Rosado afirmó que fabricó el documento porque Feito se lo dijo—, además de utilizar la propia trama del caso máster a su favor. Choclán, tras la aparición de más actas falsificadas de otros alumnos, se esforzó en sembrar en el tribunal una duda que beneficiase a su cliente. Según dijo, si el catedrático ya había falsificado antes los papeles de otros estudiantes, también pudo ser el cerebro en el caso de Cifuentes. Sin que ella interviniera para nada. “Todo se cocinó en el seno de la universidad”, sentenció el abogado.
La Audiencia Provincial corta la escalada de responsabilidades en Feito. La sentencia considera probado que la antigua asesora de la Comunidad “requirió” a Rosado para “confeccionar el acta” falsa. Y que se dirigió a la profesora de forma “insistente y agobiante” a través de llamadas y mensajes de teléfono para indicarle “que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”. El fallo remacha, incluso, que fue ella quien facilitó la fecha que debía constar en el documento, el 2 de julio de 2012, cuando Cifuentes supuestamente habría defendido el TFM.
Sentencia íntegra del caso máster, si no puede leerla pinche aquí.
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