Cifuentes utiliza la trama del ‘caso máster’ para buscar su absolución

El juicio del caso máster quedó este viernes visto para sentencia tras una quinta sesión que la defensa de Cristina Cifuentes aprovechó para cargar contra la Universidad Rey Juan Carlos. Su abogado responsabilizó a la institución de la fabricación del acta del trabajo fin de máster (TFM) e, incluso, esgrimió como argumento a su favor la existencia de una supuesta trama de irregularidades liderada por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Según dijo, si este catedrático ya había tomado antes la iniciativa de falsificar papeles de otros alumnos, también pudo ser el cerebro en el caso de Cifuentes. Sin que ella interviniera.

El abogado de Cifuentes, el reconocido penalista José Antonio Choclán, sacó este viernes toda la artillería para centrar el tiro en la cuestión clave que afecta a la expresidenta de la Comunidad, que afronta una petición de la Fiscalía de tres años y tres meses de cárcel. ¿Dio ella la orden de falsificar el acta? ¿Hay indicios suficientes que la señalen como inductora? ¿U otras personas pudieron estar detrás de la maniobra? Según el letrado, no solo no existe “una prueba directa” contra la exdirigente del PP —“Cecilia Rosado, [la profesora que confesó haber fabricado el documento], no menciona para nada a Cifuentes y no existe ningún otro testimonio que lo haga”—, sino que “todo se cocinó en el seno de la universidad”.

La defensa, que carga así contra la Rey Juan Carlos (URJC), aprovecha en su beneficio toda la batería de irregularidades que se evidenciaron en la investigación y el juicio: como actas de otros alumnos también presuntamente falsificadas o testigos que no reconocieron sus firmas durante su declaración. Un “modus operandi” que se repite más allá del caso de Cifuentes y que, en opinión de su abogado, demuestra que la iniciativa de falsificar el documento no surgió de la expolítica. “Hombre, cuando existen otras actas falsificadas, hacer creer que la idea criminal nació en Cifuentes y [María Teresa] Feito, [la asesora de la Comunidad de Madrid que acudió a la URJC el día qu estalló el escándalo]... Es incompatible. Estamos ante la repetición de un mismo hecho delictivo”, dijo.

La investigación del caso máster emergió en 2018 ante la posible existencia de una trama liderada por Álvarez Conde, que utilizaba los títulos del Instituto de Derecho Público de la URJC, que dirigía, como “regalo o prebenda” a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional”, según destacó la juez instructora. Entre ellos se encontraban presuntamente Cifuentes y también el actual líder del PP, Pablo Casado. Pero esas pesquisas acabaron archivadas tras la negativa del Tribunal Supremo a abrir una causa contra el actual presidente del partido conservador, por lo que el proceso se redujo a la falsificación del acta del TFM que la entonces presidenta de Madrid exhibió tras estallar el escándalo.

El papel de la universidad

“Rosado es la autora material de la falsificación. El inductor directo fue el fallecido Álvarez Conde, quien hizo nacer en Rosado la idea criminal”, prosiguió este viernes el abogado de Cifuentes, que fue más allá al responsabilizar a la universidad de crear la necesidad de que se hallara un acta. Según expuso, en el gabinete de crisis que se convocó en la URJC el 21 de marzo de 2018, cuando se publica la primera noticia, un vicerrector comentó que “sería bueno que apareciera” ese papel. “La presión para falsificar el acta es más atribuible a las injerencias internas y exigencias del rector, que a la posibilidad de unas influencias externas”, añadió el letrado, que apostilló: “A quien beneficiaba la falsificación era a la universidad para salvar la cara”.

Una tesis que el ministerio público y la URJC rechazan. La fiscal Pilar Santos insistió este viernes en que Cifuentes —a través de Feito, que llamó durante todo el día a Rosado, quien afirmó que la asesora del Gobierno la “presionó” para crear esa acta— se encuentra en la cúspide de la comisión del delito. “Ella sabía que las consecuencias podían ser nefastas”. “La única, primera y la última beneficiaria de esa acta era ella y su carrera política. Y, tan pronto como tuvo esa acta y su expediente, procedió a exhibirla”, expuso la representante de la acusación pública, que recalcó que la popular nunca defendió el TFM ante un tribunal. “Cifuentes utilizó un documento oficial que sabía que no respondía a la realidad y lo introdujo en el tráfico jurídico. Lo dirigió a miles de ciudadanos”. “Ella misma lo dijo en un vídeo en Twitter: ‘Las cosas se acreditan con papeles, no con palabras”.