La juez aprecia “indicios de responsabilidad penal” en Pablo Casado y eleva la causa al Supremo

La investigación del máster de Pablo Casado, actual presidente del PP, ya va camino del Tribunal Supremo. En un auto firmado este lunes, la magistrada del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decide trasladar al alto tribunal la causa al apreciar "indicios de responsabilidad penal" en la obtención por parte del dirigente conservador del título en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde la expresidenta Cristina Cifuentes también logró el diploma que le costó su salida del Ejecutivo autonómico. Según la juez, ha quedado "indiciariamente acreditado" que este máster se usaba "como regalo o prebenda" a alumnos "con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama.

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La juez no puede continuar la instrucción contra el dirigente conservador al encontrarse aforado. Por ello, tras llevar a cabo la investigación "en todo aquello que no implica actuaciones procesales" contra el líder del PP, la magistrada acuerda enviar la pieza separada abierta por el máster de Casado al Supremo por los indicios de "responsabilidad penal" y "de criminalidad" que existen contra el presidente de los populares. "Indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica", añade Rodríguez-Medel.

En la exposición motivada de la magistrada se señalan, además, los pasos que "considera imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos": citarlo como imputado, pedirle toda la documentación que conserve del máster —los cuatro trabajos que esgrimió ante la prensa, correos electrónicos y acuses de recibo "que evidencien que fueron efectivamente elaborados"—  y solicitarle el ordenador portátil donde supuestamente se encontraban archivados estos cuatro trabajos. Rodríguez-Medel duda de su veracidad.

La juez sospecha que Casado cometió un delito de prevaricación administrativa —como cooperador necesario— y otro de cohecho impropio. En esta línea, la magistrada insiste en que el líder del PP tuvo una participación "activa" en el entramado para obtener su título, al entregar la documentación para lograr el diploma.

Un grupo VIP

Esta decisión se produce después de que el pasado viernes acabase una semana clave en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Tras escuchar a las tres alumnas que se sacaron el título como el dirigente popular, les imputó prevaricación administrativa a las tres y cohecho impropio a una de ellas, Alida Mas Taberner, entonces subsecretaria de la Generalitat valenciana en la etapa de Francisco Camps. La situación de estas tres estudiantes es similar a la del presidente del PP: consiguieron el máster sin ir a clase y con multitud de convalidaciones. Una de ellas admitió, además, que le dieron el diploma sin hacer nada.

De esta forma, la magistrada señala la existencia de un grupo de alumnos privilegiados, a los que se les permite convalidar multitud de asignaturas solo por ser licenciados. En cambio, al resto de estudiantes —"licenciados en su gran mayoría" y que "compatibilizaban con sus trabajos" el curso—  "nadie les informa de esta posibilidad que tan ventajosa les resultaba para obtener el máster". "Debe destacarse esa misma mecánica en otras ediciones", añade, en referencia a la promoción de Cifuentes. Ese grupo de "escogidos" tampoco acudía "nunca a clase", pese a que la juez concluye que el máster era presencial.

Condiciones ventajosas

Cuando saltó el escándalo después de que EL PAÍS publicase que Casado tenía un máster como el de Cifuentes, pero que no recordaba si fue a clase, el propio diputado del PP explicó que pactó personalmente con Álvarez Conde, director del IDP y principal implicado en la trama, unas condiciones ventajosas para obtener el diploma. No tenía que ir a clase. No tenía que presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM). Le convalidarían 18 de las 22 asignaturas del curso —que suponían más de un 80% de las materias y dos tercios del total de créditos exigidos (60)—. Y las cuatro restantes las aprobaría supuestamente entregando unos trabajos que apenas sumaron 92 folios en total (incluyendo portadas, índices, bibliografías...) y que le evaluaron Conde y otra profesora, también imputada. Ambos le pusieron sobresalientes en todas ellas.

" [Álvarez Conde es], en opinión de esta instructora, quien indiciariamente urde este sistema de prebendas consistentes en regalar títulos académicos", señala Rodríguez Medel. Además, según explica la magistrada, el catedrático "tenía el dominio de la propuesta sobre el reconocimiento de créditos" y la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP) de la URJC "se limitaba a formalizar de manera automática dicha propuesta". Después, sentencia la juez: "Los alumnos recogen el título o lo usan a sabiendas de que no obedece a mérito académico alguno".

Hasta ahora, el PP ha minimizado el caso. Y Casado no ha querido dar más explicaciones desde que se presentase a las primarias, pese a que las sospechas de irregularidades han ido en aumento. "Es una cuestión anecdótica y menor", llegó a decir Teodoro García, nuevo secretario general de los populares: "El presidente del PP es una persona rigurosa, trabajadora, honrada y honesta. Al final quedará en nada", apostilló la pasada semana, antes de asegurar que estas acusaciones son una simple campaña para "dañar la imagen" del líder de la oposición.

Los trabajos, en duda

El líder del partido conservador ha basado también parte de su defensa en que enseñó públicamente los cuatro trabajo que hizo para el curso. Pero la juez los pone en duda. "En la rueda de prensa del 10 de abril de 2018 exhibió unos documentos que podrían corresponderse con dichos trabajos. A juicio de esta instructora, lo decisivo no es solo que se aporten los mismos, sino, a falta de una evidencia documental de su entrega en aquel año, resulta esencial corroborar que se elaboraron efectivamente en ese año académico 2008-2009", apunta Rodríguez-Medel, que señala que una "sencilla" intervención de la policía judicial permitiría saber cuándo se crearon esos documentos.