Un supuesto millón de euros en facturas falsas agita el ‘caso Púnica’

La incorporación de más documentación al caso Púnica ha agitado esta larga instrucción judicial que afronta su fase final —se prevé que acabe en verano— y donde se investiga, entre otros asuntos, la supuesta financiación ilegal de los populares madrileños durante la etapa de Esperanza Aguirre. Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda en prisión por el caso Gürtel, remitió en abril una serie de facturas a la Audiencia Nacional que, según dijo, evidencian que existió otra vía de entrada de fondos irregulares en la formación por más de un millón de euros. Este movimiento del exregidor ha provocado que el juez Manuel García-Castellón, que ha apremiado a las partes para acelerar la conclusión de las pesquisas, desgajase entre recelos estos nuevos papeles para investigarlos por separado del resto del caso, lo que ha provocado la protesta de una acusación.

La queja se suma a la lista de encontronazos en la última fase del caso Púnica, y que ha incluido críticas de la Fiscalía al juez por “obviar” algunos “indicios o elementos probatorios”. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, teme ahora que la decisión del magistrado de apartar estas nuevas facturas de la investigación sobre la financiación irregular del PP madrileño impida contar después con todos los elementos necesarios para “esclarecer los hechos” y enjuiciar a sus responsables. Todo ello, además, después de que se archivasen las pesquisas contra Cristina Cifuentes, que permaneció imputada hasta hace un mes, y cuando se avecina la decisión sobre si se adopta la misma medida en el caso de los otros dos expresidentes que permanecen bajo sospecha, Aguirre e Ignacio González.

La gran confesión de Guillermo Ortega sobre esta otra vía de entrada de fondos se produjo en el verano de 2020. El 9 de julio del pasado año, el exregidor contó la existencia de más de un millón de euros de “sobrefacturación” en la contratación de publicidad a través de la empresa Mercado Puerta de Toledo, que dependía del Gobierno regional. Según explicó el exalcalde popular, condenado a más de 40 años de cárcel en la trama principal del caso Gürtel, el PP regional desviaba mediante esta compañía “fondos” públicos para la “mejora” de la imagen de miembros del Ejecutivo autonómico, incluida Aguirre, o a la organización de actos para los medios de comunicación.

Ortega, que ha reiterado su “voluntad de colaborar plenamente con la justicia”, repite que tuvo conocimiento directo de las irregularidades. Básicamente porque, después de que el PP de Madrid le obligase en 2005 a dejar la alcaldía por un escándalo urbanístico, el Ejecutivo de Aguirre lo recolocó como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Y desde allí, según afirmó en su declaración, infló facturas para desviar fondos a la caja b del partido para las compañas electorales.

Ante tal testimonio, el magistrado instructor ordenó en septiembre de 2020 recabar nueva documentación del Mercado Puerta de Toledo. La obtenida a través de la Consejería de Economía se remitió a Ortega para que la estudiase y ahondase en los hechos denunciados. Pero a esa iniciativa respondió el exalcalde de Majadahonda el pasado abril, cuando su abogado Gustavo Galán presentó al juez un escrito donde afirmaba que no podía completar su trabajo porque solo se le habían enviado cuatro contratos de la compañía pública y faltaba, por tanto, gran parte de los papeles que el juzgado había solicitado a la Comunidad —incluida toda la contabilidad de la sociedad desde 2006 a 2009 y su auditoría—. A pesar de ese déficit, el exregidor remachó que aportaba ahora varios documentos recuperados de su correo electrónico y que, según mantiene, reforzarían su tesis de que existió un “sistema de facturación impuesto, que perseguía satisfacer las necesidades económicas del PP de Madrid”.

Entre estos papeles se encuentran facturas que se corresponden, según Ortega, con servicios que “nunca se realizaron” o que incluyen conceptos “duplicados”.

El magistrado ha recibido con recelos este escrito de Guillermo Ortega. El juez destacó en un auto que “llama la atención que las facturas que se presentan se traten de documentos que provienen de su correo electrónico, por lo que se trataría de archivos de los que ya disponía” desde hace tiempo. Añade que deben tenerse en cuenta sus “circunstancias personales” al “valorar la credibilidad de su testimonio”: actualmente está en prisión. Y remacha que no ha aportado ningún indicio que “justifique la existencia de ese fondo” que permitía presuntamente el desvío de dinero al PP de Madrid.

De esta forma, tras mostrar su intención de acelerar el cierre de la investigación sobre la financiación irregular del PP —que se aborda en la pieza 9 de Púnica—, el instructor considera que “no se puede hacer depender el impulso del proceso de la voluntad del denunciante” y que los hechos que plantea el exalcalde suponen “un salto cualitativo” en la investigación. Por ello, ha acordado analizarlos por separado y abrió una nueva línea de investigación: la pieza separada 13.

García-Castellón cuenta a su favor con un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado febrero negó al ministerio público la práctica de más diligencias, precisamente, en esa pieza 9 sobre la financiación irregular del PP madrileño. De hecho, en dicha resolución, se urgió al juez instructor a finiquitar una investigación “que se prolonga ya en el tiempo desde principios de 2014”: “Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no debe demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9”.

Ortega comparte abogado con Luis Bárcenas, que en febrero también prestó declaración en Púnica. El extesorero afirmó que recibió en 2007 o 2008 un sobre con 60.000 euros para Aguirre de parte del constructor Luis Gálvez. Ese testimonio provocó que el magistrado interrogase en marzo al empresario, pero lo desimputó solo un día después de su declaración por falta de indicios. “Sorprende que se otorgue mayor credibilidad a los investigados que niegan los hechos de los que se les acusa, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, que a los testigos que pretenden colaborar en la averiguación de los hechos objeto de investigación”, ha criticado Adade en un escrito presentado la pasada semana.