El juez de Púnica rastrea nuevos documentos en busca de más amaños del PP de Madrid

La reactivación del caso Púnica coge velocidad. Manuel García-Castellón, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, ha puesto en marcha una nueva batería de iniciativas para rastrear más presuntos amaños urdidos por el PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad. Según consta en un auto fechado este 3 de septiembre, al que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado ha ordenado recabar la contabilidad de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo S. A., así como los contratos adjudicados por esta compañía y el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dependiente también del Gobierno regional, después de que uno de los implicados en la trama Gürtel señalase que desde ambos organismos se desviaron fondos a la caja b del partido conservador.

Estas nuevas pesquisas tienen su origen en la última declaración de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda del PP y en prisión después de que la Audiencia Nacional lo condenara a 38 años y tres meses por su implicación en la trama Gürtel. Durante esa cita, celebrada el pasado 9 de julio, el exregidor no solo señaló que Aguirre controlaba la financiación irregular del PP autonómico, sino que detalló toda una serie de supuestas maniobras ilícitas que habría conocido gracias a los puestos que ocupó. Según afirmó, después de que la dirigente popular lo invitara a abandonar la alcaldía, lo colocó como gerente de Mercado Puerta de Toledo, desde donde se inflaban facturas para desviar dinero a las arcas en negro que manejaba la formación.

Según explica la Fiscalía Anticorrupción, Ortega declaró que “recibió instrucciones a través de Álvaro Arenzana, [ex vicedirector del Imade], para realizar campañas de publicidad sobrevalorando los costes como medio para lograr obtener un fondo (o caja) que integraba el dinero a disposición del PP de Madrid”. “Igualmente declaró que responsables políticos, como la propia presidenta o Francisco Granados, [exconsejero autonómico], le felicitaron en ocasiones por llevar a cabo tales prácticas, que venían dadas desde arriba”, apostilla el ministerio público en un escrito fechado este 26 de agosto y al que también ha tenido acceso este diario.

“Todo lo expuesto por Ortega satisface los requisitos mínimos que, no solo justifican, sino que hacen imperativo que se investiguen los hechos”, prosigue la Fiscalía en el documento, donde insta al juez a poner en marcha las nuevas pruebas. Una solicitud que García-Castellón acepta y que se traduce, como consta en su auto del 3 de septiembre, en pedir a la Comunidad la documentación sobre Mercado Puerta de Toledo. Es decir, concreta el magistrado, sus cuentas anuales desde 2006 a 2009 presentadas en el registro mercantil, el informe de auditoría y toda la contabilidad en la que se basa. También, exige a la Consejería de Economía que aporte los contratos adjudicados por esa empresa e Imade durante esos años, “así como copia de las facturas abonadas”. Y, paralelamente, cita a declarar como imputado a Arenzana el próximo 13 de octubre, a las 9.45.

El ministerio público también ha pedido que Ortega vuelva a la Audiencia, pero que lo haga esta vez como imputado, pues su testimonio del 9 de julio tenía claro contenido “auto inculpatorio”. El juez lo ha descartado de momento, ya que considera que los hechos que se atribuye podrían haber prescrito. Eso sí, deja la puerta a hacerlo tras recabar la nueva documentación solicitada.

Adjudicaciones de terrenos

El magistrado abre, paralelamente, otra vía de investigación. A petición de la Fiscalía, ha solicitado también a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad los expedientes de licitación de parcelas que los consorcios Los Molinos-Buenavista y Parla-Este adjudicaron a las siguientes empresas: Lares del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña, Altamira Sociedad Cooperativa Madrileña, Akira Inversiones S. L., Obrum Urbanismo y Construcciones S. L., Arcos del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña y Pirámide del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña.

Según detalla Anticorrupción, en esta parte de la macrocausa se investiga el presunto desvío de dinero público a través de la venta de terrenos a estos grupos. El empresario “David Marjaliza, [también imputado y que colabora con la justicia desde 2015], ha manifestado en alguna de sus declaraciones en sede judicial que la venta de las parcelas se amañaba a favor de sus empresas. En contraprestación, se abonaban comisiones a ediles, autoridades, funcionarios públicos o terceros implicados”, remacha el ministerio público.

Toda esta batería de iniciativas del juez se producen después de que decidiese ampliar el plazo de investigación previsto para la causa, que vencía el pasado 27 de agosto. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción coinciden en que aún varios hilos de los que tirar. Es más, el instructor de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva pieza separada centrada en el blanqueo de capitales y en la recuperación de los activos que la trama pudo esconder.