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Francisco Granados se revuelve en Púnica y pasa al ataque

El exconsejero de Aguirre denuncia a las fiscales Anticorrupción y pide la imputación de varios cargos socialistas

Francisco Granados, tras acudir a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
Francisco Granados, tras acudir a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.álvaro garcía

Francisco Granados, quien fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre, ha decidido pasar al ataque en el marco del caso Púnica, donde ya ha sido condenado en una de las líneas de investigación y cuyas pesquisas continúan estrechando el cerco sobre él. En apenas unos días, el antiguo dirigente del PP de Madrid no solo ha pedido que imputen a varios cargos socialistas, sino que ahora ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra las dos fiscales Anticorrupción que llevan la causa.

En dicho escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, Granados acusa a las representantes del ministerio público de haber beneficiado con su actuación al empresario David Marjaliza, también imputado en la trama y que colabora con la justicia desde 2015; a su secretaria, Ana María Ramírez; y a su socio, Eduardo de la Peña. Según la denuncia por supuestos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho pasivo, las fiscales “dejaron de lado” los indicios que había contra ellos tres “a cambio de que, en el acto del juicio oral [celebrado por esa primera línea de investigación concluida], realizaran amplias declaraciones encaminadas a obtener la condena de su primer enemigo, Granados”. “No ejercieron acusación contra ellos”, añade: “Les libraron”.

En opinión del exconsejero madrileño, las representantes del ministerio público otorgaron un “privilegio” y “beneficio” a Marjaliza, Ramírez y Peña “con la finalidad de incriminar a [Granados] a toda costa”. “Dejaron de lado gravísimos hechos delictivos, [que habrían cometido los otros tres], con el único fin de sacar un provecho de ello: obtener una sentencia condenatoria gracias a los pactos realizados con los testigos referenciados”.

Esta nueva denuncia del antiguo dirigente del PP se produce después de que el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, decidiese ampliar el plazo de investigación previsto para la causa, que vencía el pasado 27 de agosto. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción creen que aún hay hilos de los que tirar. Es más, esa medida, que cuenta con la oposición de muchas defensas —como la de Aguirre—, ha servido de prólogo al instructor de la Audiencia Nacional para abrir una nueva pieza separada centrada en el blanqueo de capitales y en la recuperación de los activos que la trama puede tener escondidos.

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