El juez del ‘caso Púnica’ exculpa a tres cargos del PP
Manuel García Castellón archiva provisionalmente la causa contra el exalcalde de Gandia
Manuel García Castellón, juez instructor del caso Púnica, una trama de corrupción vinculada a administraciones gobernadas por el PP, acordó este viernes archivar de manera provisional la causa abierta a tres ex altos cargos: el exalcalde de Gandía (Valencia), Arturo Torró; el exvicesecretario de Organización del PP en esa localidad, Dionisio Oller, y el ex secretario general, Víctor Soler.
La investigación puso bajo sospecha a estos tres exdirigentes populares por concertarse supuestamente con el empresario Alejandro de Pedro de manera que este, cobrando dinero público del Ayuntamiento de Gandia, hiciera trabajos de reputación en las redes sociales y en internet a favor del exalcalde.
El juez sostiene que el Ayuntamiento de Gandia “no llegó a abonar cantidad alguna a Madiva, empresa de Alejandro de Pedro”, dado que las facturas que se giraron “fueron devueltas y no pagadas por el Consistorio”.
Siete años de causa
El caso Púnica comenzó a instruirse en 2014, a raíz de un aviso de la Fiscalía suiza sobre la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Francisco Granados, quien fuera muchos años secretario general del PP y consejero autonómico.
El instructor recuerda además que, en esta pieza separada del caso, “las actuaciones practicadas no han permitido acreditar que otras prestaciones contratadas por el Ayuntamiento de Gandia a Eico —otra de las empresas de reputación en la web que tenía Alejandro de Pedro—, no se prestaron”. El hecho de que los contratos se licitaron como “menores”, señala el instructor, “puede resultar una cuestión de índole administrativa, pero no puede ser fundamento para una imputación penal”.
El juez no considera suficientemente acreditado que los fondos públicos que dedicó el Ayuntamiento de Gandia a una serie de servicios que prestó la empresa de De Pedro fueron desviados para otros trabajos que beneficiaron a personas particulares.
“Ninguna diligencia se ha practicado en orden a determinar que los informes se refieren a aspectos privados, de imagen personal del alcalde. Mucho menos se ha podido acreditar que estos informes se realizaron por encargo del señor Torró, y finalmente tampoco se ha acreditado que los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Gandia se realizaron precisamente, para mejorar la reputación personal del alcalde”
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