Recolocado tras ser destituido
Guillermo Ortega, de 41 años, llegó a la alcaldía de Majadahonda cuando Ricardo Romero de Tejada dejó el municipio en mayo de 2001 para ser secretario general del PP de Madrid. En 2005, el PP le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico, pero le colocaron como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ahora dimite también de este cargo por sus implicaciones con la trama de corrupción. Durante su mandato contrató a la empresa Special Events, vinculada a Francisco Correa. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, detenida y puesta en libertad con cargos.
Ortega está vinculado al PP desde su adolescencia. Con 14 años entró a formar parte de las filas del partido. Su ascensión en la política se la debe a Ricardo Romero de Tejada. Cuando éste abandonó el Ayuntamiento era concejal de Urbanismo, primer teniente de alcalde y número dos de la lista del PP. Ganó las elecciones de 2003 con mayoría absoluta. "Le venía grande el puesto. No estaba preparado para asumir esa responsabilidad", opina Mercedes Pedreira, concejal del Grupo Centrista.
En marzo de 2005 se gestó en el municipio una crisis político-urbanística que acabó con el relevo de Ortega y una denuncia del PSOE por prevaricación y tráfico de influencias que investigó el fiscal anticorrupción. Finalmente, el caso se archivó.
Pero la situación en el Consistorio majariego era insostenible, el alcalde se encontró solo, con el único apoyo de dos concejales, José Luis Peñas y Juan José Moreno, a los que el partido acabó expulsando. A su lado estaba también María del Carmen Rodríguez -esposa de Franciscon Correa, presunto responsable de la trama- detenida el pasado viernes y puesta en libertad. Guillermo Ortega se vio obligado a dimitir en febrero de 2005 "por motivos de salud", dijo. Esto no le impidió ejercer de gerente del Mercado Puerta de Toledo, puesto en el que le colocó Aguirre, durante todos estos años. Puesto al que ahora también se ve obligado a renunciar.
El PSOE denunció que Rodríguez compaginó durante 2001 su puesto de administradora única de Special Events con el de asesora del alcalde. El 20 de septiembre se pagaron 28.571 euros a Special Events por la realización de un vídeo. A otra de las empresas investigadas por Garzón, TCM, se le adjudicó la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano por 612.551 euros. Al final, el importe llegaba a dos millones de euros anuales. Narciso de Foxá, el alcalde que sustituyó a Ortega, anuló el contrato.
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