El PSOE insiste en sentar al PP en el banquillo como beneficiario de la Operación Kitchen

El PSOE, personado como acusación popular en el caso Kitchen, vuelve a la carga para intentar sentar en el banquillo al PP como persona jurídica por la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar a su partido. Los socialistas han presentado un escrito en la Audiencia Nacional para que se declare nula la resolución que rechazó esta posibilidad. El PSOE quiere que el PP responda como responsable a título lucrativo por el dinero de los fondos reservados usados para esa operación irregular, así como por el gasto derivado de los medios públicos (humanos y técnicos) que se emplearon.

Con este nuevo escrito, el PSOE intenta por tercera vez sentar al PP en el banquillo. El juez instructor Manuel García-Castellón y la Sala de lo Penal ya lo han rechazado —esta última, el pasado 8 de marzo—. La Fiscalía Anticorrupción también se ha opuesto. Sin embargo, los socialistas consideran que, con esta postura, se “restringen” y “menoscaban” sus derechos como acusación popular, y se vulnera el derecho a tratar de recuperar los fondos públicos utilizados.

Después de que la Sala de lo Penal rechazase el pasado 8 de marzo su intento de procesar al PP como persona jurídica, el PSOE ha cambiado de estrategia y ha solicitado que se declare nulo el auto que descartó su reclamación. Según argumenta el partido, entre otros aspectos, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por “infracción en su vertiente del derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos”; y su derecho a una “igualdad de armas” en la causa.

La batalla del PSOE para tratar de sentar en el banquillo al PP se prolonga desde hace un año y medio. En su escrito de acusación, presentado en otoño de 2022, los socialistas ya pusieron sobre la mesa esta posibilidad por primera vez, al considerar al partido conservador como partícipe a título lucrativo de la trama. Los populares fueron los beneficiarios de la presunta red corrupta urdida en Interior, según el partido: “No es posible entender, y mucho menos explicar aisladamente, las razones de la frenética actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relación con una operativa mucho más amplia puesta en marcha por la dirección nacional del PP para defenderse de la acción de la justicia que investigaba Gürtel y sus diferentes ramificaciones territoriales”.

La operación contra el extesorero se activó después de que se publicaran los papeles de Bárcenas sobre la caja b del PP y la corrupción en torno a las empresas de Francisco Correa. Por ello, el juez García-Castellón ha enviado al banquillo a 11 personas: entre ellos, a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy; a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional.

Sin embargo, en octubre de 2023, al abrir juicio oral contra las antiguas cúpulas de Interior y la Policía, el juez descartó la petición de sentar también al PP en el banquillo. El magistrado consideró que se introducía “ex novo”. Según argumentó en su resolución, “hasta” ese “momento”, no se había “dirigido pretensión alguna en este sentido” contra el partido y, siguiendo la doctrina del Supremo, “resultaba extemporánea”, teniendo en cuenta que se realizaba además “sin concretar la cuantía, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad”.

El PSOE recurrió entonces esa decisión. Pero la Sala de lo Penal también lo rechazó el pasado 8 de marzo, aunque alegó unos motivos diferentes a los del juez. Según este tribunal, los socialistas no están “legitimados” para reclamar al PP esa “responsabilidad civil”: “Solo corresponde al ministerio fiscal o a los perjudicados por el delito cometido, no a la acusación popular, cuya intervención en el proceso se ciñe necesariamente al ámbito penal”.

Los socialistas no comparten esa interpretación, y considera que la decisión de la Sala supone “vedar la facultad” de la acusación popular “para exigir el resarcimiento de los fondos públicos desviados, y que se han detraído de los servicios públicos de todos los ciudadanos”. “Se está practicando una lectura constitucional del proceso penal lesiva para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, añade el escrito presentado por el PSOE, fechado el 29 de marzo y al que tuvo acceso EL PAÍS.

El documento de los socialistas —llamado técnicamente “incidente de nulidad”— remacha: “La doctrina del Supremo no ha sido inmutable en relación con el alcance y los límites de las acusaciones populares. Es bien conocido, que el criterios eguido hasta el precedente renombrado como doctrina Botín fue enmendado, o complementado si se quiere, con la sucesiva interpretación elaborada en la doctrina Atutxa y después con el caso Nóos. A partir de las citadas se reconoce legitimación a la acusación popular para ejercer la acción penal, con independencia de la postura absolutoria del ministerio fiscal y del resto de las acusaciones personadas. Eso sí, siempre y cuando el objeto del enjuiciamiento sean hechos que afecten a delitos con bienes jurídicos de los conocidos como pluriofensivos, difusos o supra individuales”.

El PSOE, que acusa igualmente a la Sala de hacer un simple “copy/paste” [copia/pega] de resoluciones del Supremo sin entrar al fondo del asunto, incide en que la reclamación civil de los fondos usados en Kitchen tiene una vinculación directa con el ejercicio de la acción penal: “La acusación popular personada tiene un interés legítimo en el resarcimiento, pues los fondos desviados en una operación parapolicial bien pudieron ser detraídos de la lucha antiterrorista o frente al narcotráfico, o de los servicios públicos”. Es más, los socialistas apostillan que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han reclamado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado: “De esta forma, el Estado puede llegar a responder del perjuicio generado no por un mal funcionamiento de éste, sino por la actividad delictiva de determinados miembros sin que el principal beneficiario, el Partido Popular, responda por los fondos públicos que se desviaron de forma ilícita al objeto de obstruir una investigación judicial en activo sobre la corrupción política que afectaba a los principales dirigentes de la formación monolítica del ejecutivo”.