El PSOE pide por segunda vez que el PP se siente en el banquillo por el espionaje a Bárcenas

El PSOE, personado como acusación popular en el caso Kitchen, ha pedido por segunda vez que el PP se siente en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo de la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas por la que será juzgada la primera cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Los socialistas, en un recurso de apelación al reciente auto de apertura de juicio oral dictado por juez Manuel García-Castellón en el que se rechazaba esta petición, argumentan que “el principal beneficiario” de aquel operativo fue, precisamente, la formación conservadora, que el espionaje se financió “con cargo a dinero público” y que, por tanto, debe esta debe responder económicamente por ello. El PP, actualmente liderado por Alberto Núñez Feijóo, acumula tres condenadas por esta figura legal, todas ellas por beneficiarse de las actividades delictivas de la trama Gürtel.

En su nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el PSOE concluye que la formación conservadora se benefició por partida doble de la Operación Kitchen. Por un lado, “dificultó la acción de la justicia”, en referencia a que el espionaje a Bárcenas tuvo presuntamente como objetivo impedir que llegara a la Audiencia Nacional documentación comprometedora para sus dirigentes sobre las irregularidades de su financiación que se estaban investigando dentro del caso Gürtel. Y por otro, los promotores de la misma, altos cargos de Interior, detrajeron “fondos y recursos públicos” para financiarla, por lo que el partido se ahorró los costes que la puesta en marcha de un operativo de estas características le hubiera supuesto.

El escrito no cuantifica la cifra por la que deberían responder los populares ya que, si bien la parte del dinero público desviado de los fondos reservados si se ha concretado ―entre otros gastos, se pagó más de 50.000 euros al entonces chófer de Bárcenas por su presunta colaboración en el espionaje―, otra corresponde al coste que para las arcas públicas supuso desplegar agentes policiales en las labores de seguimiento del extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, entre julio y octubre de 2013, y enero y febrero de 2014.

El PSOE señala que, al menos, 15 agentes participaron en el espionaje por orden de sus superiores sin saber que era un operativo ilegal, aunque recuerda que la Fiscalía eleva este número a 70. Por ello, los socialistas piden en su escrito que Interior certifique cuál fue el coste de estos medios humanos utilizados “para llevar a cabo esta ilícita operación de inteligencia policial” para reclamárselo también al PP junto a los fondos reservados desviados.

La primera petición del PSOE para que el PP se sentara en el banquillo como partícipe a título lucrativo del caso Kitchen la hizo en el escrito de acusación que presentó en octubre del año pasado. Sin embargo, el juez García-Castellón rechazó en su reciente auto de apertura de juicio oral la pretensión de llevar al banquillo a la formación conservadora, al considerar que la petición del PSOE se había introducido “ex novo”, es decir, por primera vez y con la causa ya concluida.

Según argumentaba el magistrado en aquella resolución judicial, “hasta este momento” no se había “dirigido pretensión alguna en este sentido” contra el partido y, citando doctrina del Tribunal Supremo, concluía que resultaba, por tanto, “extemporánea”, sobre cuando se realizaba “sin concretar la cuantía, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad”. El juez sí establecía una responsabilidad civil, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.

En este auto, García-Castellón acordó también imponer fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Fernández Díaz; para su número dos en el ministerio, el que fuera secretario de Estado Francisco Martínez, y para el exjefe operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino; así como de 100.000 euros para el también comisario José Manuel Villarejo y el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos; de 20.000 euros para el comisario Andrés Gómez Gordo, y de 3.000 euros para el resto, excepto para el también mando policial Enrique García Castaño, a quien se la fijó en 2.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha dirigido su escrito de acusación contra ocho procesados. Así, pide 19 años de prisión para Villarejo; 15 años para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo; 12 años y seis meses para García Castaño —aunque todas las causas contra este comisario se encuentran en suspenso tras sufrir un ictus—; 12 años, cinco meses y 15 días para Ríos, y dos años y medio para el comisario Marcelino Martín Blas. Estas penas quedan muy lejos de las que han planteado en sus escritos el propio Bárcenas ―que reclama 41 años de cárcel para casi todos los implicados, incluido Fernández Díaz, Martínez, y los comisarios Pino y Villarejo― y las acusaciones ejercidas por Podemos ―que también solicita 41 años de cárcel para la cúpula de Interior― y el PSOE ―que plantea 47 años de prisión para el exministro y más de 30 años para el resto de procesados―.