El ex número dos de Interior con el PP pide que se siente al partido como acusado en Kitchen

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y ex número dos del exministro Jorge Fernández Díaz, ha lanzado una ofensiva de última hora en el caso Kitchen y ha señalado al propio PP como potencial “responsable civil subsidiario” de la operación de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas, a quien presuntamente le robaron documentación sensible sobre altos cargos de la formación para boicotear las causas de corrupción que cercaban al partido. La defensa de Martínez ha presentado un recurso contra la resolución dictada el pasado viernes por el magistrado instructor Manuel García-Castellón, que decidió sentarlo en el banquillo junto a la antigua cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, pero que descartó hacer lo mismo con la fuerza política, tal y como había solicitado el PSOE, personado como acusación popular.

En su escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, los abogados del ex secretario de Estado admiten que saben que esa última resolución del juez “es, a priori, irrecurrible”; pero añaden que creen que “existen motivos excepcionales” que les permiten impulsar esta iniciativa. En ese sentido, la defensa argumenta que se ha producido una “indebida expulsión del PP como responsable civil”. En su opinión, no tiene sentido que, según la tesis de las acusaciones, los procesados “decidieran espiar a Bárcenas y sustraerle información delicada” para favorecer al PP, y el gran beneficiario se quede fuera del procedimiento.

Fuentes del entorno de Martínez inciden en que resulta difícil de comprender que él hiciera “todo por el PP”, pero “sin el PP”. De hecho, los abogados del ex secretario de Estado califican como “sorprendente” que no se abra juicio oral a la fuerza política, y que ninguna acusación (“ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado y, aún más misteriosamente, ni la familia Bárcenas, PSOE y Podemos”) haya pedido la imputación del partido como persona jurídica durante la instrucción. Solo al final, una vez concluidas las pesquisas, los socialistas solicitaron a García-Castellón que sentara a la formación en el banquillo como responsable civil subsidiario. Una opción que el magistrado descartó.

Según expuso el juez la pasada semana, ese planteamiento “se introdujo ex novo” y no podía tener cabida. “Hasta este momento”, según añadía el magistrado en su resolución, no se había “dirigido pretensión alguna en este sentido” contra el partido y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, ya “resulta extemporánea”, teniendo en cuenta que se realiza además “sin concretar la cuantía, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad”.

Los abogados de Martínez reconocen que, como defensa, no pueden pedir que se impute a una persona jurídica, pero sí plantean este recurso para que se siente al PP en el banquillo como responsable civil subsidiario, como partícipe a título lucrativo. Los letrados del ex secretario de Estado piden igualmente que se anule la fianza de 120.000 euros impuesta a su cliente.

La pasada semana, García-Castellón sentó en el banquillo por el caso Kitchen a Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez; a Eugenio Pino, jefe de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy; a siete comisarios e inspectores jefe (como José Manuel Villarejo); y a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado como confidente por la trama.