El juez sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Interior del PP por el ‘caso Kitchen’

El calvario judicial del PP escribe otro capítulo. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha decidido este viernes sentar en el banquillo a la primera cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por la trama de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas para robarle presuntamente documentación comprometedora sobre altos cargos del partido. Unas maniobras irregulares bautizadas como Operación Kitchen. El magistrado ha dado este paso y ha dictado el auto de apertura de juicio después de que las acusaciones le instasen a hacerlo hace solo unos días, ante el temor de que los procesados se beneficiaran de reducciones de penas por dilaciones indebidas. Entre los señalados se encuentran el exministro Jorge Fernández Díaz y Eugenio Pino, jefe de la Policía Nacional en aquella época.

Entre finales de septiembre y principios de octubre, la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE (personado como acusación popular) enviaron sendos escritos al magistrado, a los que tuvo acceso EL PAÍS, donde advertían que habían pasado ya casi ocho meses desde que el ministerio público interesase la apertura de juicio oral. En esta línea, añadían que, si el Juzgado de Instrucción no emitía la resolución que faltaba, los procesados podrían alegar la atenuante de “dilaciones indebidas” en la futura vista, viendo así reducidas sus penas en el caso de resultar condenados. “Dado el tiempo transcurrido, se interesa que se proceda a dictar el correspondiente auto”, insistía la Fiscalía a García-Castellón, que ha dado ese paso definitivo este viernes.

Hace más de dos años que la investigación se dio por acabada. En julio de 2021, el juez desimputó a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y circunscribió toda responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior. En una decisión avalada en mayo de 2022 por la Sala de lo Penal, el instructor procesó entonces a 11 personas por la operación “parapolicial”: a Jorge Fernández Díaz y a su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; al ex director adjunto de la Policía, Eugenio Pino; a cinco comisarios (José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo); a los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano; y a Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, a quien se captó como confidente.

A todos ellos, García-Castellón los sienta en el banquillo. El PSOE y Podemos, personados como acusaciones populares, han pedido penas de cárcel para los 11. También Luis Bárcenas y su familia, como acusación particular. Sin embargo, la Fiscalía descartó hacerlo para tres de ellos (Olivera, Fuentes Gago y Díaz Sevillano) y reclamó al juez que les archivara la causa —solicitud que ha rechazado el magistrado, que insta ahora al ministerio público a que “formule escrito de acusación [contra estos tres] o que renuncie al mismo”—.

La lista de delitos que las acusaciones atribuyen a los implicados es larga: entre otros, revelación de secretos, prevaricación, pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y obstrucción a la justicia.

Decisión sobre el PP

Además, este viernes, el instructor se pronuncia igualmente sobre el planteamiento de los socialistas de sentar al PP como persona jurídica en el banquillo como responsable a título lucrativo de Kitchen. El magistrado descarta esta exigencia al considerar que “se introduce ex novo”. Según argumenta, “hasta este momento” no se ha “dirigido pretensión alguna en este sentido” contra el partido y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, “resulta extemporánea”, teniendo en cuenta que se realiza además “sin concretar la cuantía, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad”.

El juez sí establece la responsabilidad civil, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados. También se acepta la pretensión de la acusación de instar a anular el nombramiento de Sergio Ríos como funcionario de la Policía, ya que se sospecha que fue una de las contrapartidas que recibió por colaborar con la trama de espionaje diseñada en Interior.

Una operación contra Gürtel

La Operación Kitchen, desplegada sin control judicial, se activó en 2013 en el seno del Ministerio del Interior, cuando el PP se encontraba acorralado por las investigaciones sobre el caso Gürtel, la trama de corrupción en torno a las empresas de Francisco Correa que anidó en el partido conservador y que los tribunales han considerado probada en multitud de dictámenes. Según el juez instructor García-Castellón, el objetivo era robar a Bárcenas la documentación comprometedora que pudiera guardar todavía. Por entonces, EL PAÍS ya había publicado los papeles de Bárcenas y el extesorero se disponía a tirar de la manta en la Audiencia Nacional contra su propio partido.

Por ello, según incide el PSOE en un escrito incorporado al sumario, todos los indicios apuntan a la responsabilidad de altos cargos de la entonces cúpula del PP: “No es posible entender, y mucho menos explicar aisladamente, las razones de la frenética actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relación con una operativa mucho más amplia puesta en marcha por la dirección nacional del PP para defenderse de la acción de la justicia que investigaba Gürtel y sus diferentes ramificaciones territoriales”. De hecho, la Fiscalía estaba convencida de lo mismo y, por ello, solicitó volver a imputar a Cospedal en varias ocasiones, pero el magistrado lo descartó al considerar que no existen suficientes pruebas contra ella.

La reacción para boicotear las pesquisas judiciales sobre Gürtel se entiende al echar la vista atrás. Esta trama ha resultado determinante en la historia reciente del PP. El partido ha sido condenado ya tres veces por beneficiarse de ella: la primera resolución en contra provocó, incluso, la moción de censura que desalojó en 2018 a Rajoy de La Moncloa. Y la dimensión del caso es incuestionable: el saldo de condenados a cárcel asciende a 81 personas. Un listado que la Fiscalía confía en ampliar, pues la Audiencia Nacional está juzgando desde enero a 26 personas (entre ellas, al expresidente valenciano Francisco Camps) por su presunta implicación en la red de Correa; y aún quedan otras dos vistas orales pendientes de celebrar.

El PP no ha adoptado de momento ninguna nueva medida disciplinaria contra el exministro Fernández Díaz, que se encuentra suspendido de militancia desde julio de 2021, cuando fue procesado, informa Elsa García de Blas.

Penas solicitadas

En su escrito de acusación del pasado febrero, Anticorrupción pide las siguientes penas de cárcel para los procesados: 19 años de prisión para José Manuel Villarejo, que se encargó de captar al chófer como confidente; 15 años para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo; 12 años y seis meses para Enrique García Castaño —aunque todas las causas contra este comisario se encuentran en suspenso tras sufrir un ictus—; 12 años, cinco meses y 15 días para el conductor Sergio Ríos, que cobró de los fondos reservados; y dos años y medio para Marcelino Martín Blas.

En su resolución de este viernes, García-Castellón ha acordado imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Fernández Díaz, Martínez y Pino; así como de 100.000 euros para Villarejo y Ríos; de 20.000 euros para Gómez Gordo, y de 3.000 euros para el resto, excepto para García castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

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