El juez ordena investigar los ‘audios de la corrupción’ de Villarejo

García-Castellón rechaza volver a imputar a Cospedal por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas

María Dolores de Cospedal, en la comisión del Congreso sobre la Operación Kitchen, el 9 de diciembre de 2021.
María Dolores de Cospedal, en la comisión del Congreso sobre la Operación Kitchen, el 9 de diciembre de 2021.Andrea Comas

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado a la Policía “analizar” las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo publicados por EL PAÍS y otros medios, bautizados como los audios de la corrupción y que han salpicado a diferentes políticos. Entre ellos, a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa. Sin embargo, el magistrado ha rechazado volver a imputar a la popular por la Operación Kitchen. El juez ha descartado así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que le había solicitado volver a llamar como investigada a la exdirigente conservadora por su presunta participación en las maniobras para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y robarle supuestamente documentación comprometedora sobre altos cargos del partido.

El magistrado del caso Villarejo movió ficha tras recibir la petición de las acusaciones populares de investigar los nuevos audios publicados por EL PAÍS. El juez preguntó entonces su opinión a la Fiscalía, que le respondió con la solicitud de abrir una nueva pieza vinculada al caso Kitchen y centrada en si miembros del PP intervinieron en la operación policial presuntamente ordenada desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz para obstaculizar el caso Gürtel (la investigación sobre la financiación ilegal del partido) y robar pruebas a Bárcenas. En esa línea, el ministerio público planteó la opción de volver a imputar a Cospedal, que quedó fuera de las pesquisas en julio de 2021.

Anticorrupción siempre ha mantenido la tesis de que Kitchen forma parte de un complot mucho más amplio. Según la acusación pública, el boicot a Gürtel desde el PP se prolongó desde 2009 y se impulsó desde el corazón del partido conservador. De hecho, ha señalado con insistencia a la ex secretaria general. Sin embargo, García-Castellón desechó esa teoría y circunscribió toda la responsabilidad a Interior. Por ello, en verano del pasado año, desimputó a la política y procesó a Fernández Díaz; a su ex número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; a seis comisarios, como Eugenio Pino (jefe de la Policía con Rajoy) y José Manuel Villarejo; y al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Esa decisión fue confirmada en mayo de 2022 por la Sala de lo Penal.

Poco después, el caso sufrió una nueva vuelta. EL PAÍS publicó ese mismo mayo algunas conversaciones grabadas por Villarejo en el primer semestre de 2013 con Cospedal. En ellas, ambos hablaban de cómo obstaculizar la investigación sobre los papeles de Bárcenas (la contabilidad b del PP). “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”, se escucha decir a la exdirigente popular. El PSOE, personado como acusación popular, pidió entonces reabrir la investigación judicial sobre Kitchen: “Cospedal da indicaciones de lo que se debería hacer y se le informa [por parte de Villarejo] de las gestiones que se realizan tanto con la prensa como con la unidad policial adscrita al juzgado para que desaparezcan nombres y párrafos de los informes”, recalcaban los socialistas en su escrito.

Pero el juez García-Castellón considera que no hay pruebas “nuevas” contra Cospedal: “El auto [de procesamiento] es fruto de una sosegada (y confirmada) valoración de todo el material instructor existente, que dispuso ordenar seguir adelante con la causa para su enjuiciamiento contra las personas respecto de quienes había indicios de comisión del delito (como la Sala vino a coincidir). Esta convicción vino a descartar la pretensión de quienes querían seguir otras líneas de investigación en busca de acreditar si se habían cometido otros delitos”, afirma este martes en un auto.

“La petición que ahora se formula por el PSOE y el fiscal es legítima, pero ya fue descartada en su día por este instructor. No porque se pretendiera cerrar el procedimiento, sino porque se pudo constatar que no había indicios que sustentaran los delitos que se pretendían investigar”, remacha el juez. El magistrado insiste en que no constan indicios que señalen a la ex secretaria general y que, además, los grabaciones publicadas por EL PAÍS no son suficiente para volver a llamarla a declarar como investigada. “El sustento de la imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto. Sobre la base de una afirmación realizada por Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor procesal”, recalca García-Castellón, que insta a las partes a que presenten ya su escrito de acusación contra la excúpula de Interior.

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Una pieza de audios

Paralelamente, el juez ha abierto esa nueva línea de investigación —denominada Pieza Separada 34— donde meter todos los audios publicados por la prensa en los últimos meses y en canales de difusión como Telegram. El magistrado ordena a la Policía que recabe esas grabaciones: “La publicación de informaciones relacionadas con la presente causa que se ha venido conociendo hasta la fecha exigen, de entrada, una labor de recopilación y análisis, con la finalidad de determinar si las publicaciones que han ido apareciendo corresponden con material aprehendido y analizado, o si se trata de nuevos datos no conocidos. En este segundo caso, señala, sería conveniente determinar la relevancia que pudiera tener en el procedimiento”.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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