La Audiencia avala enviar a juicio a la cúpula de Interior por el espionaje a Bárcenas, pero rechaza volver a imputar a Cospedal

El caso Kitchen encara su recta final hacia el juicio. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras estudiar los recursos presentados contra el fin de la investigación decretada por el juez Manuel García-Castellón, ha confirmado la desimputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), y ha dado luz verde al procesamiento de la antigua cúpula del Ministerio del Interior por la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del partido. El tribunal circunscribe así la responsabilidad al departamento que dirigía entonces Jorge Fernández Díaz y pone fin a las pesquisas, que la Fiscalía Anticorrupción consideraba que se habían cerrado en falso.

La Sala de lo Penal, al igual que García-Castellón, concluye que no existen suficientes indicios sobre la implicación de Cospedal en la trama. En su favor, el tribunal argumenta que el comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de la expolítica e implicado en la captación del chófer de Bárcenas como confidente, no la ha señalado. Según añaden los magistrados, tampoco lo ha hecho el propio conductor, Sergio Ríos. A su vez, los jueces dicen que la ex secretaria general del PP confirmó sus reuniones con otro de los procesados, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero que alegó que fueron por “cuestiones al margen de los hechos investigados”.

A través de varios escritos fechados este martes, la Sala descarta la batería de indicios que enumeraba el ministerio público contra Cospedal. Entre ellos, las comunicaciones de Villarejo con la popular y su círculo más próximo en fechas clave de la operación Kitchen —“Si tienes problemas, habla con Cospedal”, le escribió el marido de la política, Ignacio López del Hierro—; las anotaciones en las agendas del comisario; y un audio donde el policía cuenta que se comunicó con la dirigente del PP y su esposo para que le facilitaran el contacto con Gómez Gordo, lo que le permitiría llegar así a Ríos. “Le digo a Cospe: ‘Dile a [Gómez Gordo] que va a ir a verlo un tío...”, se escucha decir a Villarejo.

Pero, en opinión del tribunal, “esta conversación no es un indicio inequívoco de la participación de López del Hierro ni Cospedal”. “[Ambos] niegan cualquier intervención con Sergio Ríos”, remachan los magistrados, que apostillan: “Que Cospedal llamara por teléfono a Villarejo tampoco es necesariamente indicativo de que fuera para influir en su acercamiento a Sergio Ríos a través de Andrés Manuel Gómez Gordo, pues ni uno ni otro la sitúan en el acercamiento que se produjo entre ambos”.

“Inaceptable línea roja”

El cierre de la investigación por parte del juez no dejó contento a casi nadie y, tras el auto que García-Castellón dictó en julio de 2021, se sucedieron las alegaciones en cascada. Tanto la Fiscalía como los perjudicados, acusaciones populares y varias defensas decidieron recurrir. El escrito de Anticorrupción resultó especialmente duro con el magistrado, que circunscribió toda la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y dejó fuera a la cúpula del PP. “Como si hubiera establecido un cordón o una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”, argumentó la Fiscalía, que ha señalado reiteradamente a Cospedal, ex número dos de la formación, como otra implicada más de la trama.

El sumario ha acreditado ya la operación de espionaje a Bárcenas activada en 2013, de la que nunca se informó a la unidad policial que investigaba entonces al extesorero por el caso Gürtel, ni al magistrado Pablo Ruz, que dirigía las pesquisas en la Audiencia Nacional. García-Castellón está convencido de que el despliegue perseguía arrebatar a Bárcenas todo el material sensible que aún pudiera guardar sobre cargos del PP, que en aquel momento se encontraba cercado, después de que EL PAÍS publicase Los papeles de Bárcenas. Es más, el magistrado de Kitchen cree que consiguieron hacerse con documentos comprometedores, pero atribuye toda la iniciativa a Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz en aquella época.

Sobre el exministro, la Sala de lo Penal se muestra contundente. El tribunal describe la “apariencia delictiva” que se desprende de la actuación de Fernández Díaz, al que puso contra las cuerdas su antiguo número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. Según consta en el sumario, Martínez guardó una serie de conversaciones y mensajes de texto con su jefe donde presuntamente conversaban sobre detalles de Kitchen.

Pero, en opinión de las acusaciones, en el PP también debían conocer la trama. Según el PSOE, personado como acusación popular, el presidente Mariano Rajoy y Cospedal “eran los principales interesados en boicotear Gürtel”: “Y no sólo por motivos personales, [sino también porque] estaba en juego la supervivencia del PP (del que eran los máximos responsables). Ello ponía en vilo sus carreras políticas, sus entonces fuentes de ingresos y estilos de vida y de sus familias, su poder e incluso podría hacer peligrar su libertad, pues cabía la posibilidad de condena a prisión, por no hablar de su imagen pública”.

Sin embargo, la Sala no comparte esa tesis y amplía el círculo de posibles beneficiarios de Kitchen: “Pudiera haber terceros, dentro o fuera del Partido Popular, que hubieran recibido o hecho donaciones para la llamada contabilidad b del mismo, también interesados en que desapareciera la información guardada por Luis Bárcenas, si es que era distinta de la que voluntariamente había entregado en el juzgado, con lo que el círculo de posibles sospechosos se amplía considerablemente”.

La imputación de Cosidó

A través del auto de julio de 2021, García-Castellón dio por finalizadas las pesquisas; desimputó a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por la “debilidad” de los indicios contra ellos; y procesó a toda la antigua cúpula de Interior, a la que propuso enviar a juicio. Entre otros, el magistrado señaló a Fernández Díaz; a su ex número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; a seis comisarios, como Eugenio Pino (jefe de la Policía con Rajoy) y José Manuel Villarejo; y al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

El instructor también rechazó con aquella resolución la imputación de Ignacio Cosidó, director general de la Policía cuando ocurrieron los hechos y exportavoz del PP en el Senado. Anticorrupción lo había solicitado para indagar sobre “la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control” de Kitchen. Una vía de investigación que cierra también ahora la Sala de lo Penal, al considerar que no existen indicios suficientes que “sustenten” el interrogatorio de Cosidó como imputado.

“No se puede hacer responsable criminalmente a Cosidó por el solo hecho de ser superior jerárquico de personas que presuntamente participaron en la comisión de hechos delictivos. Hay que describir qué conducta desplegó o dejó de desplegar para responsabilizarle penalmente, lo que no consta”, insiste el tribunal.