La excúpula de Interior intenta anular los audios de Villarejo para tumbar el ‘caso Kitchen’

La ofensiva de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de frenar la investigación judicial sobre el caso Kitchen, que se instruye en la Audiencia Nacional, se adentra en una nueva dimensión. Varios de los procesados por el juez Manuel García-Castellón intentan anular la validez de las grabaciones intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, una de las principales pruebas de la causa y donde se recogen las maniobras del policía para captar como confidente al chófer del extesorero popular Luis Bárcenas, entre otros detalles. Con esta iniciativa, las defensas tratan de tumbar unas pesquisas que han dado ya por acreditada la existencia de una operación sin control judicial para espiar a Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP cuando se investigaba la caja b y el caso Gürtel.

Estos audios tienen una enorme importancia en la causa sobre Kitchen. Son el origen de la misma. Tras detener a Villarejo en 2017 y registrar sus inmuebles y los de sus colaboradores, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía encontró una batería de archivos con las conversaciones que mantuvo el agente con el conductor del extesorero del PP, Sergio Ríos; y con otros presuntos implicados en la trama, como los comisarios Enrique García Castaño, Eugenio Pino y José Luis Olivera. En base a ellos, los investigadores elaboraron los primeros informes que mandaron al juez, quien inició entonces la escalada por la cadena de mando hasta alcanzar la cúpula de la Policía y de Interior. Por ello, las defensas se proponen ahora anular esas grabaciones, lo que afectaría a toda la instrucción.

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antigua mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz, se encuentra entre los imputados que han adoptado esta estrategia. En el recurso que ha enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para pedir que se revoque su procesamiento, que se encuentra pendiente de resolver y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el expolítico defiende que se debe declarar la “nulidad” de los audios, así como las transcripciones de la UAI, “al tratarse de pruebas obtenidas violentando los derechos o libertades fundamentales”. Según su defensa, Villarejo hizo esas grabaciones en “su desempeño como funcionario policial” y constituyen “un tratamiento de datos personales que incumple de manera flagrante y sin matices todos los requisitos de la legislación vigente”.

Martínez va más allá al cuestionar también la “autenticidad” de los archivos y arremete contra los agentes de la UAI, así como contra el trabajo de los investigadores: “Se hace especialmente necesario conocer qué criterios u órdenes se han dado a los funcionarios policiales para la escucha y selección de aquellos fragmentos de conversaciones grabadas que después se han incorporado a la causa; y con qué criterio o bajo qué directrices y supervisión han tomado la decisión de desechar contenidos”.

A la petición de Martínez se ha sumado José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y también procesado, en el recurso que ha enviado a la Sala. Además, en el primer gran juicio del caso Villarejo que actualmente se está desarrollando en la Audiencia Nacional por otras tres líneas de investigación diferentes, el propio autor de las grabaciones y García-Castaño han pedido declararlas inválidas. Villarejo sostiene que todas se captaron durante el desarrollo de sus funciones como agente y, por tanto, “están hechas desde la autoridad de un policía” y no pueden usarse contra él. Una tesis que rechaza la Fiscalía y las acusaciones populares. El PSOE lo argumenta así al oponerse al reciente recurso del ex secretario de Estado: “Las conversaciones, independientemente de que ostenten la condición de funcionarios, no pueden ser consideradas oficiales sino particulares, pues su fin y actividad nada tiene que ver con el Estado. Es más, es un ataque a uno de sus pilares”.

“Hay que darle al tarro”. Los audios demuestran cómo el conductor, al que se pagó a través de los fondos reservados, pasaba información a la trama y cómo maniobraban para conseguir arrebatar documentos sensibles a Bárcenas. Así, en un archivo del 2 de octubre de 2013, Villarejo pregunta a su interlocutor por las supuestas grabaciones que Bárcenas guardaba de Javier Arenas y Mariano Rajoy. “¿Esa la tiene grabada?”, le interroga sobre la de Arenas. “Sí, esa es la que tiene”, responde el conductor, que también da detalles sobre la supuesta charla comprometedora del extesorero con el futuro presidente del Gobierno —sobre esta última, el chófer asegura que Bárcenas “no se la ha enseñado a nadie”—. El comisario comenta entonces que “hay que darle al tarro” para “encontrar” el pendrive donde estarían almacenadas.

“¿Algo que joda al Barbas?”. En otra parte del diálogo, Ríos admite que el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal y también procesado por ayudar en la captación del chófer, le preguntó en una ocasión: “Oye, pero ¿tú crees que hay algo que puede joder al Barbas —alias con el que se referían a Rajoy—?”. Y el conductor le cuenta a Villarejo a continuación que Bárcenas guarda documentación sobre viajes para actos de campaña de Rajoy pagados por las empresas de Francisco Correa, líder de la trama Gürtel. “Todo lo que sea recuperar esas grabaciones... recuperar los discos duros”, le había insistido ya antes el comisario.

“Quitarle los papeles”. Anular estas grabaciones de Villarejo a Ríos desataría una tormenta impredecible en una causa plagada de audios. En otro archivo interceptado, el comisario habla con su compañero García Castaño de cómo tienen guardadas “cosas” de una “operación para quitarle al Bárcenas [sic] los papeles que comprometían al presidente”. Castaño fue quien entró en el estudio de la mujer del extesorero en busca de los documentos sensibles, aunque él asegura que no encontró nada allí. Eso sí, admitió que el conductor le entregó al menos dos dispositivos móviles de Bárcenas, como confirmaron después los agentes que se encargaron de clonar su contenido.

“He boicoteado mil cosas”. Otras grabaciones de Villarejo señalan también a María Dolores de Cospedal y su marido, cuya desimputación recurrió la Fiscalía. El ministerio público explica que varios audios recogen conversaciones del policía con la pareja, y revelan que el comisario les filtró datos confidenciales sobre investigaciones judiciales bajo secreto, como la Operación Brugal y la rama valenciana del caso Gürtel. En uno, por ejemplo, Villarejo le dice a Cospedal: “Olivera me avisa siempre. Gracias a él he boicoteado mil cosas”. En otro, añade: “Hay que hacer lo posible por no contaminar a Francisco Camps, [entonces presidente de la Comunidad Valenciana], con esto de la financiación ilegal del partido, porque si no estamos jodidos”.