Detenido el excomisario José Villarejo por cohecho y blanqueo de capitales

El comisario jubilado José Villarejo ha sido detenido este viernes por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Junto al polémico policía fueron arrestados también su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y Carlos Salamanca, comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal. La operación, denominada Tándem, ha sido iniciada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada por la Audiencia Nacional. Las actividades investigadas se refieren a operaciones con Guinea Ecuatorial y China.

En una nota distribuida ayer por la Fiscalía, se señala que la operación “tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”. En total, se ha ordenado la detención de seis personas y más de una decena de registros, entre ellos, en las oficinas de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid y en su domicilio en Boadilla del Monte, además de otros en las provincias de Málaga y Valencia.

Añade la información oficial que las diligencias han sido autorizadas por el juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y que los comisarios detenidos “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

Según ha podido saber EL PAÍS, la Fiscalía recibió el 25 de abril de este año una denuncia anónima sobre las actividades ilegales de Villarejo y Salamanca. Además, en las investigaciones realizadas por este periódico durante los últimos tres años se ponían de manifiesto los movimientos sospechosos de capital entre las empresas del comisario. Estas informaciones llevaron a que la comisión judicial que investigaba los casos Nicolay y Villarejo, reflejaran en sus informes que había indicios claros de blanqueo de capitales.

La denuncia anónima, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, afirmaba que en 2012 un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó al ahora comisario jubilado Villarejo, a través de su colega Carlos Salamanca, un informe sobre uno de los hijos del presidente Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas internas familiares. Varios diarios digitales participaron en la campaña de desprestigio.

El contrato del policía detenido con los guineanos se hizo supuestamente a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, dedicada a la investigación y a la gestión de crisis, con sede en la Torre Picasso. Villarejo y su socio Rafael Redondo Rodríguez formalizaron una propuesta económica, según la denuncia, para la realización de los trabajos, por un importe de 5,3 millones de euros. El pago se realizaría en dos partes: 1,7 millones por elaborar el informe, más un seguimiento anual de 3,6 millones.

La propuesta incluía unos anexos donde se detallaban las fases de actuación en las que se realizarían seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal relativos a Gabriel Mbaga Obiang. La denuncia incluía el informe realizado sobre el hijo del presidente Obiang.

Además, Villarejo y Redondo solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no solo a Cenyt. Parte de estos pagos se realizaron supuestamente en unas cuentas bancarias radicadas en el extranjero, principalmente en Panamá, país calificado como paraíso fiscal. Según la denuncia recibida por la Fiscalía, las transferencias más relevantes las recibieron las sociedades panameñas Participaciones Marvila SA (330.000 y 485.000 euros) y Financiera Uruplan (435.000 euros), presuntamente propiedad del excomisario y empresario detenido ayer.

Financiera Uruplan formaba parte del entramado societario descubierto por EL PAÍS en 2015: más de 12 empresas con un capital social superior a los 16 millones de euros. Esta sociedad la creó Villarejo en Uruguay y la trasladó en 2011 a España y Panamá, cuando el presidente uruguayo, José Mujica, acabó con las ventajas fiscales de ese país, dejando al descubierto a miles de sociedades.

Los representantes del Gobierno guineano mantenían una buena relación con el comisario Salamanca, que por entonces era el jefe policial del Aeropuerto de Barajas, en Madrid. Según los documentos enviados a la Fiscalía, Salamanca les realizaba favores en numerosas ocasiones, como ir a recoger a visitantes a la puerta del avión utilizando coches oficiales o facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras.

Fuentes de la investigación explicaron que las actuaciones presuntamente irregulares del comisario Salamanca, a cambio de pagos en efectivo o en especie, se realizaron también con ciudadanos chinos. Este policía ya fue investigado en la operación Emperador —de blanqueo de capitales del empresario Gao Ping—, aunque finalmente él fue desimputado por la Audiencia Nacional. Un hijo de Villarejo apareció también en las primeras investigaciones, aunque fue igualmente exculpado.