La policía descubre la causa por la que Villarejo intervino en el ‘caso Nicolay’
Los agentes sospechan que el excomisario intentaba anular el procedimiento para evitar que la investigación les llevara hasta una finca de De la Joya
La policía sospecha que el comisario José Manuel Villarejo se implicó en el caso del Pequeño Nicolás a instancias de su amigo, el empresario Adrián de la Joya. Su objetivo era intentar anular el procedimiento para evitar que la investigación alcanzara a la finca La Alamedilla, administrada formalmente por de la Joya pero vinculada a Mario Conde. Con ese propósito, Villarejo grabó y difundió la conversación entre dos policías y dos agentes del CNI.
Poco antes de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, María del Pilar Martínez Gamo, decidiera disolver la comisión judicial de la Policía Nacional que ayudaba en la investigación, recibió dos importantes informes en los que la policía detallaba las razones por las que Villarejo pudo haber intervenido en el caso Nicolay, así como la carga de la prueba indiciaria. A pesar de todo, la juez se puso de parte del fiscal Alfonso San Román e informó a los policías que su trabajo había concluido.
Según han explicado a EL PAÍS fuentes judiciales, los informes suponen un avance importante en la investigación, ya que determinan el móvil del posible delito que cometió el comisario Villarejo al grabar, manipular y difundir una conversación oficial en dependencias oficiales, por la que se encuentra imputado. A lo largo de más de 300 páginas y varias cajas de documentos, los investigadores detallan cómo se sucedieron los acontecimientos desde el día 14 de octubre de 2014, en que fue detenido Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
La clave para entender la intervención del comisario Villarejo está en la Hacienda La Alamedilla, una finca de más de 40 hectáreas situada en la provincia de Toledo y que iba a ser utilizada por el pequeño Nicolás para una supuesta estafa. En los días previos a su detención, el chico había mantenido varias reuniones con Javier Martínez de la Hidalga, administrador formal de la finca junto a de la Joya. Le había presentado varios informes falsos de Hacienda y del CNI, y le había cobrado 15.000 euros por gestionar la concesión de un crédito de varios millones de euros del Banco Nacional de Guinea, con garantía de esa finca. De la Hidalga denunció inicialmente al chico por estafa, aunque luego retiró la demanda.
Nada más iniciarse los interrogatorios, el teléfono del comisario Villarejo se puso en marcha y el mismo día 14 se producían llamadas entre el policía y Adrián de la Joya, Mauricio Casals, presidente del diario La Razón, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y los comisarios José Luis Oliveras y Enrique García Castaño, entre otros. Lo mismo sucedía al día siguiente, según consta en los diversos informes elaborados por la Comisión Judicial durante los últimos dos años. En los 60 días posteriores a la detención del pequeño Nicolás se registraron 174 llamadas entre Villarejo y de la Joya, a través de su empresa Serena Digital.
Los investigadores deducen que Villarejo recibió el encargo de De la Joya de recabar información sobre la investigación en curso y cómo afectaba a La Alamedilla. Las llamadas a Olivera tendrían que ver, según los informes policiales, con el hecho de que el comisario es el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Cualquier investigación debe registrarse en el sistema del CITCO, nada más iniciarse, en lo que se denomina un "parte investiga". Villarejo, sospechan los investigadores, quería saber qué se estaba investigando. Así sucedió en este caso, a las 18,56 del 14 de octubre de 2014.
La tesis con la que han trabajado los investigadores es que Villarejo actuó a instancias de Adrián de la Joya ante el temor de éste porque se profundizara el en el supuesto origen ilícito de la propiedad de La Alamedilla y la posterior operativa de ocultación de la finca y el trasvase de fondos a otras sociedades. Para determinar si lo hizo por amistad o por contrato, el informe solicitaba diversas diligencias sobre las empresas de Villarejo y de la Joya, a las que se ha opuesto el fiscal San Román.
"I+D Services", empresa del entramado del comisario
El último informe presentado por la comisión judicial hace referencia al entramado de sociedades del comisario Villarejo publicado por EL PAÍS el 10 de marzo de 2015. Entre las sociedades millonarias del policía-empresario figura una dedicada a la gestión de crisis; una verdadera especialidad del polémico comisario. Se trata de la sociedad I+D Services, participada por Cenyt.
En la página web de esta empresa se podían leer comentarios como los siguientes: "Es una organización dirigida y coordinada por miembros de seguridad del Estado en situación de Disponibilidad"; o "Utiliza un laboratorio de sonido para la detección y análisis de todo tipo de documentos de soporte audio".
Tanto los investigadores del caso Nicolay, como los abogados de la doctora Elisa Pinto (Villarejo está imputados por coacciones y agresión a la dermatóloga), consideran que el policía compaginaba su función de funcionario público con la de detective privado experto en gestión de crisis y resolución de conflictos. En ambos casos, el móvil de su actuación estaría vinculado a esta supuesta actividad privada.
Cuando este periódico publicó la doble actividad del comisario, el por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el inicio de una investigación sobre la posible incompatibilidad de Villarejo. Encargó las pesquisas al policía José Ángel Fuentes Gago, que actuaba como jefe de gabinete del Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino.
Poco tiempo después, y sin que se solictara a la Administración los datos sobre autorizaciones de de compatibilidad o se investigaran las empresas del comisario, el Ministerio afirmó que no se había detectado incompatilidad alguna. Fuentes policiales consultadas por EL PAÍS señalan que el nuevo equipo de Interior debería revisar ese informe a la vista de la imputación de Villarejo en dos procedmientos judiciales que afectan a su actividad privada.
El policía-empresario ha declarado en varias ocasiones su amistad con De la Joya, con quien se ve con cierta frecuencia acompañado del presidente de La Razón, Mauricio Casals. Su amistad es anterior a que el empresario dejara sus negocios en España en manos de su familia y se trasladara a vivir a Suiza, en donde opera como intermediario financiero. Recientemente, tuvo que ir a declarar como investigado en la operación Lezo, acusado de haber recibido un cheque de 1,4 millones de euros de Javier López Madrid para transferirlo desde su cuenta de Suiza a Ildefonso de Miguel (directivo del Canal de Isabel II). El financiero admitió haber recibido el dinero pero negó haberlo transferido. Se lo quedó por unas deudas que OHL tenía con él.
Finca de Conde
La hacienda tiene su origen en Banesto, y fue adquirida en 1987 por Mario Conde y Arturo Romaní. Posteriormente, pasó a ser propiedad de la sociedad Inversiones Rondonópolis, de la que era administrador Adrián de la Joya. Según los informes elaborados por la policía, se han realizado todo tipo de actuaciones para ocultar la verdadera propiedad de la finca, para evitar que fuera embargada con los bienes del ex banquero. En esa operativa figura también el empresario Rafael Martín Sanz, cuñado de Mario Conde y socio en numerosos negocios de Adrián de la Joya.
Según la investigación, la operativa llevada a cabo a lo largo de casi treinta años consistía en primer lugar en ocultar la supuesta procedencia ilícita, mediante la agrupación de fincas y cambio de titularidad. A continuación, se inició un largo camino de dotar de liquidez a la sociedad propietaria de la finca, para luego desviar ese dinero a otras sociedades, mediante préstamos; entre ellas Marina Son Veri y Son Veri Nou, radicadas en Mallorca. Desde 1994, se utilizó La Alamedilla (una finca que no generaba ingreso alguno) para conseguir créditos hipotecarios por más de 10 millones de euros, que nunca se devolvieron y que fueron renovándose mediante novaciones. La mayoría de ellos del Banco Santander y de la caja balear Sa Nostra.
Los investigadores sospechan que pudiera tratarse de operaciones back to back, una compleja operación financiera que suele derivar en "prácticas habituales en operaciones de blanqueo de capitales", comenta una fuente policial.
En los papeles incautados en el domicilio de Francisco Nicolás figuran varias anotaciones referidas a la finca, a alguno de los personajes afectados y al propio comisario Villarejo, aunque éste siempre ha negado conocerle. Entre las personas citadas, además de la Hidalga, figura Antonio Borras, vicepresidente de la Caja Sa Nostra, que concedió diversos créditos con garantía de La Alamedilla.
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